La UTE conformada por Laugero Construcciones, junto a Green y Corporación del Sur, propuso el menor valor de peaje. Entre propuestas hay una diferencia de $831.
Las empresas compiten por una concesión de 20 años que incluye peajes, mantenimiento y obras en alta montaña.
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El gobierno de Javier Milei avanzó con la licitación nacional para concesionar el corredor internacional de la Ruta Nacional 7, precisamente con la apertura de los sobres económicos presentados por las empresas que continúan en carrera para administrar durante las próximas dos décadas uno de los principales corredores viales de Mendoza.
El proceso contempla la concesión de 329 kilómetros de ruta, desde el límite con San Luis hasta el Paso Internacional Cristo Redentor, e incluye la operación, mantenimiento y ejecución de obras obligatorias en el tramo que conecta Argentina con Chile.
En esta nueva instancia, las ofertas fueron evaluadas en función del valor del peaje que cada empresa propuso cobrar en caso de resultar adjudicataria. Entre las cuatro propuestas presentadas hubo una diferencia de $831 entre la tarifa más baja y la más alta.
La oferta económica más conveniente fue la presentada por la unión conformada por Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., que propuso un peaje de $3.090.
En segundo lugar quedó la propuesta de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. junto a Constructora San José S.R.L., con una tarifa de $3.544.
Luego se ubicaron CPC S.A., con una oferta de $3.740, y la unión integrada por IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., que planteó un valor de $3.921.
La empresa que resulte seleccionada tendrá a su cargo la administración integral del corredor durante 20 años, bajo supervisión de Vialidad Nacional. Entre sus responsabilidades estarán el mantenimiento de la ruta, la ejecución de las obras previstas en el contrato y la operación de las estaciones de peaje.
Con la apertura de las propuestas económicas comienza ahora una nueva instancia del proceso. Según el cronograma previsto, se abrirá un período para que las empresas puedan revisar las ofertas presentadas por sus competidores y realizar eventuales observaciones o impugnaciones.
Luego de esa etapa, el expediente pasará a la comisión encargada de evaluar las propuestas y emitir la recomendación de adjudicación.
El criterio establecido en la licitación apunta a seleccionar la oferta más conveniente para el Estado nacional. En ese marco, la propuesta económica más baja parte con ventaja, aunque la definición final dependerá del análisis integral de la documentación presentada y del cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales.
La licitación había sufrido una demora luego de que una de las empresas interesadas quedara fuera del proceso. Se trata de CEOSA, que había participado inicialmente y presentó una impugnación tras ser excluida, situación que extendió los plazos previstos para avanzar con la adjudicación.
El esquema previsto contempla mantener las estaciones actuales de La Paz y Las Cuevas, además de incorporar dos nuevos puntos de cobro en Variante Palmira y Potrerillos.
También está prevista la implementación del sistema Free Flow, una modalidad de cobro electrónico sin barreras que busca agilizar el tránsito, especialmente para el transporte de cargas que circula por el corredor bioceánico.
El valor inicial del peaje para las estaciones existentes será de aproximadamente $1.500, tanto para La Paz como para Las Cuevas. Ese monto corresponde al inicio de la concesión y se actualizaría posteriormente una vez que se cumpla con la denominada etapa de puesta en valor, que incluye las inversiones obligatorias previstas en el contrato.
Las tarifas ofertadas por las empresas corresponden a valores sin IVA y serán consideradas dentro del esquema económico definitivo de la concesión.
Además de la operación del corredor y el mantenimiento permanente de la traza, el futuro concesionario deberá ejecutar una serie de obras consideradas prioritarias por el Gobierno nacional.
Entre las intervenciones principales figura la reconstrucción del puente sobre el arroyo Uspallata, una obra vinculada a la necesidad de reducir riesgos de interrupciones en una zona afectada por las condiciones climáticas y los movimientos de montaña.
También está incluida la construcción de una rotonda en el cruce de la Ruta Nacional 7 con la Ruta Nacional 149, en Uspallata, uno de los sectores donde confluyen tránsito pesado, vehículos particulares y circulación urbana.
El contrato contempla además trabajos de repavimentación estructural en distintos sectores de alta montaña, donde el tránsito internacional y las condiciones climáticas generan un desgaste permanente de la calzada.
Entre las firmas que compiten por la concesión aparece la mendocina José Cartellone Construcciones Civiles, una empresa con trayectoria en obras de infraestructura vial y energética.
También participa la unión integrada por Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur, firmas que en los últimos años participaron de distintas obras en Mendoza, entre ellas trabajos vinculados al Acceso Este y proyectos de infraestructura urbana.
La lista se completa con CPC S.A., integrante del Grupo Indalo, y la alianza conformada por IEB Construcciones S.A., continuadora de Dycasa, junto a Trading MRG S.A.U.
La próxima instancia será la evaluación definitiva de las propuestas antes de avanzar con la adjudicación de la concesión del corredor internacional que conecta Mendoza con el paso hacia Chile.
