La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se expresó a favor de la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el gobierno de Javier Milei, cuyo proyecto se encuentra en análisis en el Congreso de la Nación.
La ministra de Seguridad y Justicia se refirió a la reforma del Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, expuso ante la Bicameral de Seguridad de la Legislatura
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Ramiro Gómez / Los Andes La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se expresó a favor de la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el gobierno de Javier Milei, cuyo proyecto se encuentra en análisis en el Congreso de la Nación.
"Estoy a favor de la baja de la edad de imputabilidad, pero esta medida sola, no nos va a producir ningún cambio", manifestó la ministra, luego de participar en la Bicameral de Seguridad de la Legislatura, para responder preguntas de diputados y senadores sobre su gestión.
El proyecto que el Poder Ejecutivo presentó en junio del año pasado con el impulso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y de su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años (de los 16 actuales) puntualmente.
En este sentido, Rus señaló que "es cierto que hay un involucramiento más temprano de los jóvenes en el delito. Ese es un dato concreto y tenemos que ser eficientes en el trabajo sobre esos menores que vamos a someter al proceso penal para que no vuelvan a delinquir".
"Recién comuniqué lo que el Servicio Penitenciario de Mendoza tiene a favor de los internos y como hemos logrado que solo el 23% esté ocioso, pero el resto esté trabajando o estudiando. Eso es lo que tenemos que lograr también para un Sistema Penal Juvenil, donde les demos un oficio, un trabajo y educación para que no reincidan", comentó la ministra.
Y dijo que "el fin principal es que no vuelvan a comer delito. Entonces no solo hay que trabajar en la ley para que salga rápido, sino también en esta contención y el sistema penal de abordaje de esos menores, ahora sometidos al proceso penal".
Para la funcionaria es necesario pensar "un abordaje correcto porque sino vamos a mudar a los jóvenes de un sistema a otro, sin tener resultados y será solo un cambio de etiqueta".
La ministra había sido consultada por el diputado Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) sobre este tema, durante su exposición en la Bicameral. En su respuesta aclaró que está a favor "de que sea a partir de 14 años y no de 13, como dice el proyecto".
También, explicó que debería aplicarse "con el escalamiento que tiene hoy, que divide entre 16 y 18 años, dependiendo los delitos".
Y señaló que las modificaciones del Código Civil y Comercial, dónde se creó la figura del "adolescente" le otorgaron a estos jóvenes "más obligaciones y más derechos", por lo cual la baja de la edad de imputabilidad, va en esa sintonía. "Creo que ese fue el cambio que nos habilita a hacer este debate y es necesario", sostuvo.
Si bien el aspecto más resonante de la reforma gira en torno de la edad de imputabilidad, la reforma del régimen penal juvenil también abarca qué tipo de delitos deberían ser punibles para los menores que cometan los ilícitos, qué penas de prisión se aplican, qué otros castigos alternativos se contemplan y qué medidas de resocialización se deberían especificar en la normativa para evitar que una vez que cumplan con la condena se reinserten a la delincuencia.
El proyecto del Gobierno propone sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas.
Para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.
Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
El proyecto establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio. Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.