La Cámara de Diputados convirtió en ley la norma que reestructura y disuelve organismos vinculados al Ministerio de Hacienda y Finanzas.
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la ley macro del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
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Prensa Diputados La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo que reúne en una sola norma cuatro reformas de alto impacto: la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) y el cierre definitivo del proceso de liquidación de los ex bancos provinciales.
La iniciativa diseñada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, apunta a modernizar el Estado, promover inversiones y ordenar organismos públicos. Tras recibir sanción del Senado con modificaciones volvió a la Cámara Baja en revisión y logró aprobación definitiva por amplia mayoría: 33 votos afirmativos y 7 negativos de los bloques del PJ y Fuerza Patria.
Entre las modificaciones se incorporaron beneficios impositivos provinciales para las empresas que adhieran al RIMI, se redefinieron aspectos de la liquidación del Fondo para la Transformación y se aclaró que la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos no afectará los recursos destinados a programas de salud.
Además de la adhesión, la propuesta suma beneficios propios como estabilidad impositiva, financiamiento, capacitación y prioridad en parques industriales para impulsar la radicación y el crecimiento de empresas, con el objetivo es atraer nuevas inversiones, generar empleo y fortalecer la producción local.
El RIMI es un régimen nacional orientado a promover inversiones productivas en el país mediante incentivos fiscales para las inversiones que se realicen en los próximos dos años. Está dirigido a empresas que califiquen como MiPyMEs (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y contempla herramientas como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.
En este contexto, el proyecto elevado por el Ejecutivo provincial propone la adhesión de Mendoza al régimen nacional e incorpora beneficios complementarios a nivel local para maximizar el impacto de las inversiones en el territorio.
En este marco, dichos beneficios adicionales tendrán una vigencia de 10 años e incluyen:
La ley también habilita una reorganización integral del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, proceso que deberá concretarse en el plazo de un año. La normativa faculta al organismo a modificar áreas y funciones, con el objetivo de alcanzar un equilibrio económico y garantizar su sostenibilidad financiera.
Para el personal se prevén alternativas como retiros voluntarios con compensaciones de hasta el 120% de la indemnización legal, reubicaciones dentro del organismo o traslados voluntarios a otras dependencias estatales, preservando la antigüedad y el nivel salarial.
Si ninguna de esas opciones prospera, podrá producirse la desvinculación con el pago de la indemnización correspondiente.
Además, el Ejecutivo podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para sostener el funcionamiento del organismo durante la transición.
Otro de los capítulos centrales redefine el rol del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, creado en 1993 para financiar proyectos productivos mediante créditos.
El Gobierno sostiene que el contexto financiero cambió y que el organismo perdió gran parte de su patrimonio, por lo que dejará de otorgar créditos directos para concentrarse en subsidiar tasas de interés, facilitar el acceso de las pymes al financiamiento privado e intervenir en situaciones de emergencia económica.
La ley también dispone la liquidación de la administradora del Fondo. El Ministerio de Hacienda designará un liquidador, que deberá presentar informes trimestrales a la Legislatura sobre el avance del proceso.
El cuarto eje de la norma apunta a concluir el proceso de liquidación de los activos remanentes de los ex bancos oficiales, privatizados durante la década de 1990.
La ley autoriza a declarar incobrables aquellos créditos sobre los que ya se agotaron todas las instancias de recupero y busca eliminar activos de difícil cobro que permanecían en los registros provinciales desde hace casi tres décadas.
De acuerdo con el Ejecutivo, la medida permitirá reducir la litigiosidad, simplificar procedimientos administrativos y completar el saneamiento patrimonial vinculado a la privatización de las entidades financieras provinciales.