La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, participó de la reunión del Consejo de Seguridad Interior en Entre Ríos y le reconoció un cambio importante a la ministra Alejandra Monteoliva.
En Entre Ríos se llevó adelante la Reunión del Consejo de Seguridad Interior. Mercedes Rus estuvo presente.
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Prensa Gobierno Semanas después de haberse publicado el Informe Anual 2025 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, participó de la reunión del Consejo de Seguridad Interior y le reconoció a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, haber aplicado una modificación que reclamaba Mendoza desde el año pasado.
La II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior 2026 se desarrolló en Entre Ríos y reunió a autoridades nacionales y representantes de las 24 provincias para analizar políticas de seguridad y coordinación federal.
Rus participó del encuentro junto al subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo.
La reunión fue encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco, y el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Durante su exposición, la ministra mendocina valoró que el SNIC ahora diferencie a las provincias que reportan la totalidad de las denuncias por delitos de aquellas que elaboran sus estadísticas utilizando otras fuentes de información.
"Quiero reconocer el avance que se produjo en un requerimiento que Mendoza venía planteando. Se hizo el esfuerzo de diferenciar qué provincias informan todas las bases de denuncia de delitos y cuáles no. Me parece que es un avance significativo", sostuvo Rus.
Según explicó, esta modificación permitirá interpretar los indicadores delictivos con mayor precisión y evitar comparaciones que no reflejan las diferencias metodológicas entre las provincias. En tal sentido, Mendoza presenta datos tanto de fuentes policiales como obtenidos por la Justicia provincial, a diferencia de otras jurisdicciones.
No obstante, la funcionaria consideró que todavía quedan aspectos por mejorar, como distinguir entre delitos de competencia federal y provincial, separar los delitos de acción pública de aquellos que dependen de una instancia privada y avanzar en auditorías sobre los datos informados en delitos de alta incidencia, como los robos.
Rus también destacó otro avance que, según señaló, había sido impulsado por Mendoza en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior: el fortalecimiento del intercambio de información entre las provincias.
En ese sentido, explicó que la nueva API vinculada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) permitirá que Mendoza reciba alertas sobre personas con pedidos de captura emitidos en cualquier punto del país.
"Estamos satisfechos con este paso, que Mendoza venía impulsando desde hace tiempo. La provincia cuenta con tecnología para controlar y detectar alertas sobre personas con pedidos de captura y, a partir de la presentación de la nueva API vinculada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), podremos recibir alertas de todo el país", afirmó.
La herramienta también incorporará información del Registro de la Propiedad del Automotor sobre patentes denunciadas como extraviadas o emitidas en duplicado, con el objetivo de fortalecer los controles y los sistemas de alerta utilizados por las fuerzas de seguridad provinciales.
Las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) correspondientes a 2025 reflejaron una mejora en algunos de los principales indicadores de seguridad de Mendoza. La provincia registró 65 víctimas de homicidios dolosos, frente a las 71 de 2024, lo que representó una tasa de 3,1 homicidios cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional de 3,6.
También se verificó una caída de 13,9% en los robos y de 11,5% en los hurtos, dos de los delitos con mayor volumen de denuncias.
Sin embargo, el informe también expuso un dato que preocupa a las autoridades. Los delitos contra la integridad sexual aumentaron cerca de 13% respecto del año anterior, con 3.257 víctimas registradas y una tasa de 159,1 casos cada 100.000 habitantes, la más alta del país según las estadísticas oficiales.
