La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Gobierno provincial que crea el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana, conocido como “Ley Antiaguantaderos”.
La Cámara de Diputados le dio sanción inicial al proyecto que crea Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana
Un "aguantadero" que fue demolido en Las Heras. Archivo Los Andes
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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Gobierno provincial que crea el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana, conocido como “Ley Antiaguantaderos”.
La iniciativa busca dotar al Estado provincial de un marco legal específico para actuar con celeridad sobre propiedades abandonadas, usurpadas o utilizadas como refugios para la planificación, acopio y comercialización de estupefacientes u otros delitos.
El proyecto presentado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue aprobado por 34 votos afirmativos contra 10 negativos de los bloques del PJ y Fuerza Patria.
Mientras que los diputados de La Unión Mendocina, Jorge Difonso y Rolando Scanio, acompañaron en general, pero votaron en contra de los artículos 8, 9 y 10. Ahora la norma pasará al Senado para su sanción definitiva.
La propuesta legislativa formaliza como política pública permanente el protocolo administrativo que el Ministerio de Seguridad y Justicia aplica desde octubre de 2025. El esquema procedimental y sus alcances contemplan:
Mecanismos de inicio: el procedimiento se puede activar de oficio por parte del Estado, a requerimiento de la Justicia, o bien por denuncias y solicitudes de municipios, organismos públicos, privados y la comunidad en general.
Medidas administrativas graduales: a través de resoluciones fundadas, el Ministerio de Seguridad puede disponer intervenciones temporales y proporcionales. Entre ellas se destacan el tapiado y cerramiento de accesos, la clausura parcial o total y, en situaciones indispensables por motivos de seguridad, la demolición controlada parcial o completa del inmueble.
Procedimiento y garantías de revisión: exige la elaboración de informes técnicos y policiales previos, la notificación formal al titular registral, la apertura de una instancia para formular oposición y vías de revisión administrativa. En casos de riesgo grave e inminente para la seguridad pública o las personas, prevé un régimen de intervención inmediata.
Resguardo del derecho de propiedad: la norma busca preservar el inmueble impidiendo su uso delictivo. La intervención no elimina el derecho dominial del titular; por el contrario, procura resguardar el bien para su dueño o derechohabiente frente a la pérdida de custodia provocada por la usurpación.
El diputado Leonardo Mastrángelo (UCR), dio detalles del proyecto del Poder Ejecutivo, explicando que “hay propietarios que no pueden ejercer plenamente su derecho sobre inmuebles que terminaron convertidos en aguantaderos, refugios o lugares vinculados al delito".
"Esto genera un doble perjuicio: afecta al titular registral y, al mismo tiempo, compromete la tranquilidad y la seguridad de toda la comunidad”, explicó el legislador informante.
Al mismo tiempo, señaló que “no estamos planteando una medida sancionatoria. Lo que proponemos es una herramienta administrativa para recuperar y remediar entornos intervenidos que hoy generan problemas de seguridad y salubridad. Cuando existe una ocupación permanente, la vía correspondiente es la judicial”.
A su turno, Cintia Gómez (PRO), adelantó el acompañamiento al proyecto destacando que “durante años naturalizamos situaciones que no deberían ser normales. Algunos gobiernos dejaron que la delincuencia y el narcotráfico ganaran terreno mientras los vecinos terminaban encerrados en sus propias casas".
"No es nuevo lo que estamos planteando, combatir los aguantaderos y recuperar los espacios tomados por el delito es una obligación del Estado”, sostuvo la legisladora.
Y planteó: “Necesitamos dejar atrás un Estado burocrático para construir un Estado más eficaz, que pueda actuar frente a los problemas concretos de los vecinos. Eso no significa eliminar controles ni desconocer derechos. Al contrario, cuanto mayor sea la afectación que puede producir una medida, mayores deben ser las garantías".
El jefe del bloque del PJ, Germán Gómez, advirtió que “no podemos desconocer lo que marca nuestra Constitución. El artículo 12 establece la división de poderes y el artículo 16 protege la propiedad privada".
"El Estado tiene que combatir el delito, pero no puede hacerlo arrogándose facultades que no le corresponden. La única barrera frente al ejercicio arbitrario del poder es la Constitución, y tenemos la obligación de respetarla”, sostuvo el diputado sanrafaelino.
Y sentenció: “Esto no es una cuestión meramente dominial, cuando se pretende determinar situaciones que requieren una decisión sobre derechos, estamos entrando en un ámbito que corresponde a la Justicia”.
El diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) coincidió en el fin de combatir las actividades delictivas en estas propiedades, pero advirtió sobre serias falencias técnicas en el texto que comprometen el Estado de Derecho:
Falta de datos de gestión: cuestionó la ausencia de evaluaciones técnicas sobre las 23 intervenciones que el Gobierno afirma haber realizado desde 2025.
Ambigüedad y discrecionalidad: criticó que el artículo 4 incluya conceptos subjetivos como "riesgos potenciales", lo que otorgaría un cheque en blanco al Ejecutivo para actuar sin precisión.
Perjuicio al propietario víctima: cuestionó que la ley permita demoler y que el municipio le cobre los costos al titular del inmueble, quien en muchos casos es una víctima más de la usurpación.
Falta de control judicial previo: reprobó que no se exija autorización judicial para medidas irreversibles como la demolición total, contrastando el caso con la ley de Córdoba que sí exige intervención de un juez.
Incertidumbre en los plazos: alertó que el artículo 10 fija 5 días para que el dueño presente su oposición, pero no establece plazo de respuesta para el Ministerio, pudiendo ejecutarse la medida antes de resolver el descargo.
