El Senado provincial aprobó con modificaciones el proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial y volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
La vicegobernadora Hebe Casado al frente de la sesión del Senado provincial.
Foto:
Prensa Senado El Senado provincial aprobó con modificaciones el proyecto de "ley macro" del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que prevé la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la reestructuración de Juegos y Casinos, la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y la liquidación de activos de exbancos provinciales.
La iniciativa diseñada por el ministro Víctor Fayad, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, recibió modificaciones durante su tratamiento en el Senado, por lo que volverá a la Cámara Baja para que los diputados analicen los cambios incorporados y le otorguen la sanción definitiva.
La propuesta fue aprobada por 26 votos afirmativos y 11 negativos, correspondientes al PJ, el kirchnerismo y el Partido Verde.
Durante el tratamiento del expediente, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, la senadora Patricia Sánchez, destacó que el proyecto fue analizado en reuniones conjuntas de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales, en las que el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, expuso en detalle el alcance de cada uno de los capítulos y respondió las consultas formuladas por los legisladores.
La norma quedó estructurada en seis capítulos, que abarcan desde incentivos para inversiones privadas hasta la reorganización de organismos provinciales y el saneamiento de activos remanentes de los exbancos oficiales.
El primer capítulo establece la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incorporado al Título XXIII de la Ley Nacional 27.802 y reglamentado recientemente por el Gobierno nacional.
La herramienta está destinada a PyMEs y mini PyMEs mendocinas que proyecten inversiones de entre 150.000 y 9 millones de dólares, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva y fomentar la generación de empleo de calidad.
Además de los beneficios previstos por la normativa nacional, Mendoza incorporará incentivos adicionales de carácter provincial. Entre ellos se encuentran la estabilidad impositiva, el acceso preferencial a programas de subsidio de tasas y promoción del empleo, asistencia técnica, transferencia tecnológica y prioridad para la utilización de espacios en parques industriales bajo jurisdicción provincial.
La estabilidad impositiva implica que las empresas alcanzadas no abonarán nuevos tributos provinciales ni sufrirán modificaciones en las bases imponibles, alícuotas, exenciones o deducciones vigentes al momento de adherir al régimen.
La norma también contempla planes de facilidades de pago para el Impuesto de Sellos y habilita al Poder Ejecutivo a incorporar nuevos beneficios mediante reglamentación. Asimismo, fija causales de caducidad de los beneficios, como el cese de actividades en territorio provincial durante el período de vigencia del régimen o la presentación de documentación falsa.
El régimen exigirá, además, la presentación del certificado de cumplimiento fiscal emitido por la Administración Tributaria Mendoza (ATM) como condición para acceder a los beneficios.
La ley dispone la disolución y liquidación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, creado en 1993, y transfiere sus funciones al Ministerio de Hacienda y Finanzas. En lugar de otorgar créditos directos, la Provincia podrá subsidiar tasas de interés para inversiones productivas y financiar proyectos considerados estratégicos.
La norma habilita una reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos durante un año, luego del incendio que destruyó el anexo de la Zona Este y provocó una fuerte caída de la recaudación. Además, autoriza aportes extraordinarios para afrontar la reestructuración y eventuales programas de retiro.
Se crea un esquema para los trabajadores alcanzados por las reestructuraciones, que incluye retiros voluntarios, posibilidades de reubicación en otros organismos provinciales y, en caso de no concretarse esas alternativas, la aplicación del régimen de disponibilidad previsto por la legislación vigente.
El proyecto también autoriza el saneamiento de activos de la Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales (DABO), mediante la baja de créditos incobrables, la cancelación de antiguas hipotecas y la regularización de inmuebles afectados por deudas históricas surgidas tras la privatización de los bancos provinciales.
Finalmente, la ley define las autoridades de aplicación de cada capítulo, incorpora una exención del Impuesto de Sellos para determinadas refinanciaciones de pasivos empresariales e invita a los municipios mendocinos a adherir al RIMI.