La Cámara de Diputados le dio sanción inicial a la "Ley Macro" del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que elimina el Fondo para la Transformación y la reestructuración de Juegos y Casinos.
Las diputadas oficialistas Sol Salinas (PRO) y Elizabeth Crescitelli (UCR) defendieron la ley macro de Cornejo
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Prensa Diputados La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el denominado proyecto de "ley macro" impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y diseñado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Se trata de una iniciativa que reúne la adhesión de la Provincia al RIMI, la reestructuración de Juegos y Casinos, la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y la liquidación de activos de exbancos provinciales.
La propuesta obtuvo media sanción con 33 votos afirmativos y 8 negativos de los bloques del PJ y el kirchnerismo. Además hubo 6 ausencias en la sesión de ayer. Ahora pasará al Senado para convertirse en ley.
Desde el Ejecutivo sostienen que el paquete legislativo apunta a profundizar la modernización del Estado, mejorar la eficiencia administrativa y generar mejores condiciones para atraer inversiones privadas.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos para Microinversiones (RIMI), una herramienta nacional destinada a promover inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas mediante beneficios fiscales.
Además de adherir al esquema nacional, la Provincia propone una serie de incentivos propios que tendrán una vigencia de diez años para las empresas que ingresen al régimen.
Entre ellos figuran la estabilidad impositiva provincial, el acceso prioritario a líneas de financiamiento y subsidios de tasas, programas de capacitación y asistencia técnica, beneficios vinculados a la generación de empleo y prioridad para radicarse en parques industriales y otros espacios productivos administrados por el Estado.
Durante el debate, el diputado Julián Sadofschi (UCR) defendió la medida al señalar que busca que Mendoza compita en mejores condiciones para captar inversiones y generar empleo formal.
Desde la oposición, en cambio, el diputado kirchnerista Lucas Ilardo cuestionó que la iniciativa otorgue al Poder Ejecutivo facultades para definir beneficios adicionales sin una intervención más directa de la Legislatura y advirtió sobre los montos mínimos de inversión exigidos para acceder al régimen.
Otro de los capítulos más relevantes habilita una reorganización integral del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), con el objetivo declarado de alcanzar el equilibrio económico y garantizar la sostenibilidad financiera del organismo.
La iniciativa otorga facultades para modificar áreas y funciones durante un plazo de un año e incorpora distintas alternativas para el personal afectado por la reestructuración.
Entre ellas se encuentran los retiros voluntarios, con compensaciones que podrían alcanzar hasta el 120% de la indemnización correspondiente; la reubicación dentro del propio organismo; el traslado voluntario a otras dependencias estatales; y, en última instancia, la desvinculación con el pago de las indemnizaciones previstas por ley.
Uno de los puntos que generó mayor discusión fue el destino de los recursos que actualmente financian programas de salud. Durante el tratamiento legislativo se incorporó una aclaración para garantizar que esos fondos no resulten afectados por la reorganización.
La diputada Sol Salinas (PRO) defendió la reforma y sostuvo que el objetivo es que el organismo deje de tener exclusivamente una función recaudatoria y fortalezca su rol en la prevención de la ludopatía y la promoción de la salud mental.
La propuesta también avanza sobre el futuro del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), creado en 1993 para financiar proyectos productivos.
El Gobierno sostiene que las condiciones económicas que dieron origen al organismo cambiaron sustancialmente y que el esquema de créditos directos perdió eficacia debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que financiaban su funcionamiento.
Por ese motivo, plantea una refuncionalización que deja atrás el modelo tradicional de préstamos estatales y orienta la intervención pública hacia herramientas como subsidios de tasas de interés, fortalecimiento financiero de las pymes y asistencia frente a contingencias económicas.
La liquidación quedará bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que deberá designar un liquidador encargado de administrar el proceso.
La decisión despertó fuertes cuestionamientos de la oposición. Tanto Ilardo como la diputada peronista Gabriela Lizana consideraron que la Provincia pierde una herramienta estratégica de financiamiento para productores y pequeñas empresas.
En la misma línea, el jefe del bloque del PJ, Germán Gómez, remarcó que numerosas empresas mendocinas pudieron desarrollarse gracias a los créditos otorgados por el Fondo durante las últimas tres décadas.
El proyecto también apunta a cerrar definitivamente el proceso iniciado con la privatización de los bancos Mendoza y Previsión Social en los años noventa.
La iniciativa habilita la depuración de créditos considerados incobrables por prescripción, quiebras concluidas, insolvencia de deudores o costos de recupero superiores al monto reclamado.
Además, permite cancelar garantías reales asociadas a esas deudas, como hipotecas, con el objetivo de destrabar situaciones que permanecen sin resolución desde hace décadas y facilitar la normalización de bienes que podrían volver al circuito económico.
Según explicó la diputada oficialista María Eugenia De Marchi, gran parte de esas carteras crediticias tienen más de 30 años de antigüedad y representan costos administrativos para el Estado sin perspectivas reales de recupero.
Durante el tratamiento del proyecto, oficialismo y aliados defendieron la iniciativa como una herramienta para modernizar la administración pública, reducir estructuras consideradas obsoletas y generar condiciones más favorables para la inversión privada.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron que varias de las medidas impliquen el retiro del Estado de funciones históricas vinculadas al financiamiento productivo y advirtieron sobre el impacto que podrían tener en sectores económicos que dependen de herramientas públicas de crédito.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto deberá ahora ser tratado por el Senado provincial para convertirse en ley.