La Ley de Ciberseguridad que impulsa el Poder Ejecutivo obtuvo sanción inicial del Senado con votos de gran parte de la oposición.
La Ley de Ciberseguridad obtuvo media sanción del Senado
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Prensa Gobierno
El Senado provincial aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Ciberseguridad enviado por el Poder Ejecutivo, que busca establecer un marco específico para prevenir y responder a ataques contra los sistemas informáticos, los datos y la infraestructura tecnológica del Estado provincial. Mientras tanto el sitio web de la Cámara Alta continúa fuera de servicio, tras sufrir un hackeo dos días después de la presentación del proyecto.
La iniciativa obtuvo 34 votos afirmativos y 2 negativos y ahora será girada a la Cámara de Diputados, que deberá analizarla en revisión antes de definir si se convierte en ley.
El oficialismo sumó los votos afirmativos -en general- del interbloque Encuentro Mendocino (PJ + La Unión Mendocina) y el único bloque opositor que rechazó de forma completa fue Fuerza Patria, cuyos senadores Félix González y Omar Parisi cuestionaron la iniciativa y la contrastaron con un proyecto propio que presentaron a la par.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, celebró la sanción inicial en sus redes sociales. "Es parte de una agenda legislativa que impulsamos para darle nuevas herramientas al Estado frente a los desafíos actuales y consolidar políticas que Mendoza ya viene desarrollando", sostuvo.
Y agregó: "Ciberseguridad es uno de esos desafíos. Proteger los sistemas que sostienen servicios esenciales, resguardar los datos de los mendocinos y estar preparados frente a posibles ataques también es hacer seguridad".
El proyecto establece políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes de seguridad informática y pone el foco especialmente en aquellos sistemas considerados críticos para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales.
La propuesta había obtenido despacho durante el tratamiento en comisiones la semana pasada, luego de que los legisladores incorporaran una serie de modificaciones al texto original enviado por el Gobierno.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la reformulación del artículo 14, que establece que la aplicación obligatoria de la norma quedará circunscripta al Poder Ejecutivo.
Además, el nuevo artículo 40 invita al Poder Legislativo y al Poder Judicial a designar representantes para integrar el Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC). El objetivo es que ambos poderes puedan participar del desarrollo y ejecución del plan provincial o, eventualmente, elaborar sus propios planes bajo los principios fijados por la normativa.
También se incorporó el artículo 39, que invita a los municipios a adherir a los principios rectores y al Plan Provincial de Ciberseguridad, aunque respetando sus respectivas autonomías.
Durante el debate en el recinto, el senador oficialista Néstor Majul defendió la iniciativa y sostuvo que forma parte de una política de modernización tecnológica que la provincia viene desarrollando desde hace años.
“Es una continuidad en materia de seguridad, porque venimos desarrollando desde hace 10 años una política sostenida para la provincia, con un plan que se está desarrollando y adecuando a los nuevos desafíos que nos plantea la tecnología”, señaló.
El legislador planteó que la transformación digital también modificó el escenario del delito y generó nuevas amenazas para las que el Estado debe prepararse.
“Esta transformación digital también nos hace ir adecuando todo nuestro sistema de seguridad a un posible ciberataque”, afirmó, y remarcó que se trata de una problemática que “ya existe”.
Majul hizo además una distinción entre ciberdelito y ciberseguridad. Recordó que Mendoza ya cuenta con herramientas para investigar delitos cometidos mediante medios digitales, como fiscalías especializadas, el agente encubierto digital, el allanamiento digital y un laboratorio forense digital que funciona dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia.
“Cuando diferenciamos el ciberdelito de la ciberseguridad, sobre ciberdelito venimos trabajando hace tiempo”, explicó. Según el senador, la nueva legislación apunta principalmente a proteger de manera preventiva los sistemas del Estado.
El proyecto modifica además la Ley Provincial 8706 de Administración Financiera para facilitar la adquisición y actualización de herramientas vinculadas con la ciberseguridad.
La modificación incorpora a un régimen específico la compra, contratación, renovación, actualización, ampliación, soporte y mantenimiento de licencias, plataformas, infraestructura tecnológica, software y servicios profesionales relacionados con la seguridad digital.
También incluye soluciones destinadas a la continuidad operativa, respuesta ante incidentes y recuperación de sistemas críticos, además de tecnologías consideradas estratégicas para la seguridad pública.
El senador Ariel Pringles, en representación del Interbloque Encuentro Mendocino, anticipó su acompañamiento en general a la iniciativa, pero rechazó puntualmente el artículo 41, que habilita contrataciones directas de software, hardware, licencias y consultorías vinculadas a la ciberseguridad.
Pringles reconoció la importancia de actualizar las herramientas tecnológicas del Estado y destacó la solidez técnica del proyecto, pero advirtió que la discusión sobre ciberseguridad no puede quedar desligada del funcionamiento general de la política de seguridad provincial.
“Tengo mis dudas de si es tan exitosa la política criminal de la provincia. Yo puedo estar de acuerdo en algunos números, en otros no, pero de ahí a que yo crea que estoy en Disney, estamos lejos de Disney”, sostuvo durante su intervención.
El legislador puso el foco especialmente en la posibilidad de realizar compras sin licitación pública, al considerar que la contratación directa reduce los mecanismos de control sobre el uso de fondos públicos.
“Ese artículo habilita la compra directa, sin licitación pública, que es el modo en donde los mendocinos y la política controla”, cuestionó.
Pringles planteó que podrían haberse incorporado mecanismos de urgencia o emergencia que permitieran al Estado actuar con rapidez ante una amenaza informática, pero manteniendo controles posteriores sobre las contrataciones.
“No podemos darle un cheque en blanco a un Gobierno que en estos diez años ya empieza a tener algunos cuestionamientos respecto a los cheques en blanco que le hemos ido dando”, afirmó.
