La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de alivio fiscal y financiero para las pequeñas y medianas empresas impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo. La iniciativa contempla la suspensión de embargos, planes de pago para regularizar deudas tributarias y reducciones de multas e intereses.
De esta manera, la Legislatura completó el tratamiento de la propuesta que había obtenido media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado miércoles, con 41 votos afirmativos y ninguno en contra.
La nueva ley establece una serie de herramientas destinadas a facilitar la regularización de las obligaciones fiscales de las empresas mendocinas, principalmente aquellas que mantienen deudas con la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
El paquete provincial se presentó luego de que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunciara medidas similares para las pymes con obligaciones pendientes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Durante su tratamiento legislativo, la iniciativa del Poder Ejecutivo incorporó propuestas de distintos sectores políticos, entre ellos los legisladores radicales vinculados a Luis Petri y representantes de bloques opositores.
Cuáles son los beneficios de la nueva ley de alivio fiscal
Uno de los puntos centrales es la suspensión de embargos e inhibiciones generales de bienes hasta el 31 de diciembre de 2026 en los juicios monitorios de apremio. La medida alcanza a los contribuyentes que cuenten con el Certificado MiPyME vigente, conforme a la información proporcionada por ARCA.
En estos casos, ATM deberá adoptar los procedimientos necesarios para contemplar la suspensión antes de emitir las correspondientes boletas de deuda.
Otra disposición autoriza al organismo recaudador provincial a implementar planes de facilidades de pago de hasta 18 cuotas mensuales para obligaciones tributarias y no tributarias vencidas durante el ejercicio corriente hasta el 30 de septiembre de 2026.
Las condiciones específicas para acceder a estos planes deberán ser establecidas mediante la reglamentación correspondiente. La norma también incorpora un mecanismo de compensación para los contribuyentes de Ingresos Brutos que tengan saldos a favor.
Aquellos que cuenten con el certificado MiPyME vigente podrán solicitar que el crédito resultante de la declaración jurada de septiembre de 2026 sea utilizado para cancelar obligaciones correspondientes a impuestos patrimoniales.
Por otra parte, se establece una reducción de hasta el 50% de las multas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos para los contribuyentes que regularicen sus obligaciones antes del 31 de diciembre de este año.
A estas medidas se agrega una disminución de los intereses que aplica ATM a las deudas tributarias. La tasa resarcitoria, correspondiente a las obligaciones en mora, bajará del 2,5% al 2%, mientras que la tasa punitoria, vinculada con las deudas que se encuentran en instancia judicial, se reducirá del 4% al 3,5%.
Para instrumentar las modificaciones, la legislación instruye al Ministerio de Hacienda y Finanzas a establecer los nuevos valores. Además, el Poder Ejecutivo queda facultado para prorrogar los efectos de la ley por otros seis meses.
También se invita a los municipios, entes descentralizados y organismos autárquicos a adherir a las disposiciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
El acuerdo entre el oficialismo y la oposición
El tratamiento del paquete de alivio fiscal estuvo precedido por una serie de iniciativas presentadas tanto por el Gobierno provincial como por legisladores de diferentes espacios políticos.
El Ejecutivo remitió su proyecto a la Cámara de Diputados el 4 de noviembre, luego de los anuncios realizados por el Gobierno nacional sobre la suspensión de medidas cautelares y la ampliación de los mecanismos de regularización de deudas para las pymes.
En paralelo, los diputados radicales Griselda Petri e Ismael Jadur, vinculados políticamente al sector de Luis Petri, habían presentado propuestas relacionadas con la suspensión de embargos y otras medidas de asistencia tributaria.
Durante el debate en la Cámara Baja también se incorporaron iniciativas de Gabriela Lizana, del Frente Renovador; Jorge Difonso, de La Unión Mendocina; y Gustavo Perret, del Partido Justicialista.
La acumulación de los diferentes expedientes permitió avanzar con un texto consensuado que recibió el acompañamiento de todos los bloques en Diputados. Sin embargo, el respaldo legislativo estuvo acompañado por cuestionamientos de sectores opositores sobre el alcance de las disposiciones.
Desde La Libertad Avanza, Federico Palazzo consideró que se trataba de una solución provisoria y planteó la necesidad de avanzar en una reducción de impuestos y tasas.
En tanto, Difonso sostuvo que las medidas resultaban insuficientes frente a la situación de las pequeñas y medianas empresas, mientras que Perret señaló que el paquete debía complementarse con políticas de mayor alcance.
Por el oficialismo, la diputada radical Elisabeth Crescitelli, presidenta de la Comisión de Hacienda, defendió la iniciativa y aclaró que las disposiciones no implicaban una condonación de deudas, sino la posibilidad de contar con mayores plazos y facilidades para cumplir con las obligaciones fiscales.