La Cámara de Diputados sancionó este miércoles por unanimidad el proyecto de alivio fiscal, en el cual confluyeron iniciativas oficialistas y opositoras.
La Cámara de Diputados aprobó por 41 votos contra 0 un proyecto para las pymes que suspende embargos y concede planes de pago, entre otras medidas.
La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de alivio fiscal.
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Prensa Diputados
La Cámara de Diputados sancionó este miércoles por unanimidad el proyecto de alivio fiscal, en el cual confluyeron iniciativas oficialistas y opositoras.
La iniciativa para la regularización de las obligaciones tributarias y financieras de las pequeñas y medianas empresas se impuso 41 a 0. En ella se acumularon proyectos del Ejecutivo, del petrismo y de los legisladores opositores Gabriela Lizana (massismo), Jorge Difonso (LUM) y Gustavo Perret (PJ).
Tras la votación en la Cámara Baja, el proyecto pasó al Senado para su ratificación.
Entre las principales medidas se encuentran la suspensión de embargos, la ampliación de los planes de pago, la posibilidad de compensar saldos a favor y reducciones en multas y tasas de interés.
Se contempla la suspensión de embargos e inhibición general de bienes, en los juicios monitorios de apremio, hasta el 31 de diciembre, para aquellos contribuyentes que cuenten con el "Certificado Mi Pyme" vigente, conforme lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A). La Administración Tributaria Mendoza (ATM) deberá tomar los recaudos necesarios para contemplar la mencionada suspensión, previo a la emisión de Boletas de Deuda.
De igual forma, se faculta a la ATM a conceder planes de pago no mayores a 18 cuotas mensuales, para deuda vencida en el ejercicio corriente hasta el 30 de septiembre de 2026, para recursos tributarios y no tributarios, conforme lo establezca la reglamentación.
Asimismo, contempla que los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que cuenten con el Certificado Mi PyME vigente, podrán solicitar la compensación del saldo a favor resultante de la declaración jurada correspondiente a septiembre de 2026, para cancelar obligaciones correspondientes a impuestos patrimoniales.
En ese sentido, prevé una reducción de hasta 50% de las multas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos para aquellos contribuyentes que regularicen sus obligaciones antes del 31 de diciembre.
A estas medidas se suma una disminución de las tasas de interés aplicadas por ATM. La tasa de interés resarcitorio, correspondiente a contribuyentes en mora, se reducirá del 2,5% al 2%, mientras que la tasa de interés punitorio, aplicable a deudas que se encuentran en instancia judicial, disminuirá del 4% al 3,5%.
Además, se invita a los entes descentralizados, entidades autárquicas, municipios y demás organismos del Estado, a adherir a la presente ley en el ámbito de sus competencias.
El Poder Ejecutivo podrá extender los efectos de esta ley por el término adicional de seis meses.
La diputada Elisabeth Crescitelli (UCR), sostuvo que este proyecto “alivia y da la posibilidad de mayores plazos” y aclaró que el Gobierno provincial "en los últimos 11 años ha ido disminuyendo los impuestos regresivos como Sellos e Ingresos Brutos, respetando la responsabilidad fiscal para hacer frente a la prestación de los servicios esenciales del Estado".
Por su parte, la diputada Lizana (FRLN) solicitó la acumulación de distintos expedientes con temáticas similares de su autoría y afirmó: "Celebro que nos juntemos a dialogar sobre cómo aportamos soluciones, y tener más empatía”.
Por su lado, Federico Palazzo (La Libertad Avanza) aclaró que esto es “una solución provisoria” porque "el alivio definitivo "cuando se eliminen los impuestos distorsivos y tasas que hoy devienen en abstracto".
Jorge Difonso (LUM), indicó que esta medida es de ayuda pero no es suficiente, al señalar que debe ser complementaria de muchas otras que se están discutiendo en las comisiones. Afirmó que es “como un aspirina frente a una grave enfermedad”.
También hablaron en la sesión los petristas Griselda Petri e Ismael Jadur. A diferencia del cornejismo, estos legisladores radicales aseguraron haber presentado los primeros proyectos sobre el tema, a los cuales se sumó luego el Ejecutivo.
Petri celebró que “la resolución nacional haya sido tomada en cuenta en el proyecto del Ejecutivo provincial”, pero señaló que existe un contexto nacional y provincial de una alta carga tributaria.
“Argentina es el segundo país del mundo que paga más impuestos”, sostuvo la diputada y agregó: “las pymes no piden privilegios, piden reglas claras, que no se las asfixie”.
Lucas Ilardo (FP), afirmó por su lado que se trata de un proyecto que no es suficiente. “La economía no se soluciona, ayudando a las pymes cuando están ahorcadas, se soluciona generando mecanismos para que haya consumo e inversión. No hay un solo comerciante al que le vaya bien en la Argentina”, expresó. Asimismo, indicó que se debería reconocer intereses por demoras administrativas de ATM.
Gustavo Perret (PJ), remarcó a su turno que las pymes “merecen una atención más de fondo” y el proyecto actual no resulta “un alivio fiscal, sino que es un respiro de días”, expresó. “La ley tiene falencias importantes, llega a destiempo, pero es necesaria”, completó
Edgardo Civit (PJA), también adelantó el voto positivo, aunque indicó que hay que “elevar la mira para tratar de encontrar soluciones a los problemas que tenemos en la provincia y la Nación”.
“Esta herramienta no la podemos votar en contra, pero es difícil tributar cuando hay que comer, pagar sueldos, o no se vende”, remató por su lado Germán Gómez (PJ).
