El senador opositor Ariel Pringles presentó una ley para modificar el criterio de evaluación de aspirantes a jueces en el Consejo de la Magistratura.
El frente de Tribunales Provinciales. Imagen ilustrativa
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Jose Gutierrez/ Los Andes
El senador provincial de Encuentro Mendocino, Ariel Pringles, presentó una iniciativa para reformar integralmente la ley que regula el Consejo de la Magistratura. La propuesta busca reducir la discrecionalidad en la selección de jueces, recuperar la calificación numérica de los exámenes y darle mayor peso a los criterios objetivos de idoneidad.
El proyecto también contempla entrevistas públicas, fundamentación de los puntajes y un orden de mérito definitivo. En concreto se busca modificar la Ley 6561 y tomar como referencia los lineamientos planteados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en marzo de este año aprobó, mediante la Acordada 4/2026, un proyecto de reglamento para los concursos de magistrados federales.
Entre sus objetivos figura limitar la incidencia de las evaluaciones personales y reforzar la transparencia y la objetividad de los procesos de selección.
La iniciativa de Pringles se conoció en medio de un debate que volvió a instalarse en Mendoza sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y los criterios utilizados para conformar las ternas de aspirantes a ocupar cargos judiciales.
En contacto con Los Andes, el senador señaló que tiene estado parlamentario y contó: “Lo presentamos hace un par de semanas, veníamos hablando de que hay que perfeccionar la selección de jueces, ponerle un mayor grado de institucionalidad y menos de injerencia política, es que presentamos este proyecto".
En ese sentido, señaló que la propuesta fue elaborada junto con su equipo y personas vinculadas al ámbito judicial. Pringles es un reconocido referente sindical de empleados de la Justicia Federal en Mendoza, identificado con el peronismo.
El legislador sostuvo que la reforma busca aportar herramientas para limitar los márgenes de discrecionalidad dentro del organismo. “Creemos que es un aporte de calidad para ir puliendo todos los puntos en que pueda haber discrecionalidad”, manifestó.
Uno de los principales cuestionamientos que plantea el proyecto está relacionado con el sistema de calificación vigente para los exámenes de oposición. Actualmente, las evaluaciones escrita y oral se califican como aprobado o desaprobado, sin una nota numérica que permita establecer diferencias de rendimiento entre quienes superan esa instancia.
Según los fundamentos de la iniciativa, este mecanismo permite comprobar que un postulante alcanza un nivel mínimo de conocimientos, pero no establecer un orden de mérito en función de su desempeño técnico.
Por eso, Pringles propone recuperar el puntaje numérico de los exámenes, de manera que la preparación jurídica de cada aspirante tenga una incidencia concreta en el resultado final del concurso.
El proyecto establece un total de 1.000 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
Antecedentes laborales y profesionales: hasta 100 puntos.
Antecedentes académicos, científicos y docentes: hasta 100 puntos.
Examen escrito de oposición: hasta 400 puntos.
Examen oral de oposición: hasta 200 puntos.
Entrevista pública ante el Consejo de la Magistratura: hasta 200 puntos.
De esta manera, las evaluaciones técnicas concentrarían 600 puntos, el 60% del total, mientras que la entrevista personal representaría el 20%. El 20% restante correspondería a los antecedentes de los postulantes.
La iniciativa también busca modificar el peso que actualmente tiene la valoración personal de los consejeros.
En los fundamentos, Pringles señala que el 60% del puntaje que asigna el Consejo surge de la merituación discrecional de sus integrantes, sin que la legislación vigente exija fundamentar esas calificaciones, registrar los votos individuales ni dar publicidad a las entrevistas.
El objetivo es que esa instancia siga formando parte de la selección, pero bajo parámetros más acotados y con criterios expresamente establecidos.
Otro de los cambios centrales apunta a transparentar las entrevistas personales, una de las etapas más cuestionadas del sistema de selección de magistrados.
El proyecto establece que las entrevistas deberán ser públicas, transmitidas en tiempo real y grabadas íntegramente. Además, cada integrante del Consejo deberá asignar su puntaje de manera individual y mediante una fundamentación escrita que haga referencia a los criterios previstos por la ley.
Esos criterios serán la independencia judicial, la integridad ética, la aptitud institucional, la gestión judicial y el conocimiento de la realidad social en la que se ejercerá la magistratura.
El puntaje definitivo de esa instancia surgirá del promedio de las calificaciones individuales de los consejeros.
La propuesta también contempla que las sesiones del Consejo sean públicas y que sus deliberaciones y votaciones queden registradas mediante medios audiovisuales, disponibles para la ciudadanía.
La reforma incorpora modificaciones en la integración y el funcionamiento de los jurados encargados de evaluar a los postulantes.
En concreto, plantea la creación de un Registro Provincial de Jurados, integrado por docentes universitarios de distintas especialidades, pertenecientes a universidades públicas o privadas oficialmente reconocidas.
Los evaluadores serán seleccionados mediante un sorteo público, que deberá ser filmado y documentado mediante un acta. Cada jurado estará integrado por tres miembros titulares y tres suplentes, con la condición de que al menos uno de los titulares y uno de los suplentes tengan domicilio fuera de Mendoza.
También se establece que los integrantes deberán presentar declaraciones juradas de confidencialidad, independencia y ausencia de conflictos de intereses respecto de los concursantes.
En cuanto a los exámenes, el proyecto introduce una modificación importante para la instancia escrita: los postulantes deberán rendir bajo un sistema de anonimato, mediante claves alfanuméricas y herramientas informáticas auditables.
La identidad de cada concursante recién podrá conocerse una vez que las calificaciones de todos los exámenes hayan sido firmadas por el jurado, notificadas y hayan adquirido carácter definitivo. La apertura de las claves deberá realizarse en una sesión pública.
Por su parte, el examen oral también será público y quedará videograbado. El jurado tendrá que evaluar los conocimientos jurídicos, la capacidad argumentativa, el razonamiento crítico y la aptitud para resolver conflictos vinculados con el cargo concursado.
Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de un Portal Público de Concursos Judiciales, donde deberán publicarse las distintas instancias de los procesos de selección.
La plataforma deberá incluir las convocatorias, los reglamentos, el registro de jurados, las postulaciones, los antecedentes de los aspirantes, las observaciones e impugnaciones, los puntajes, los dictámenes, las entrevistas, las resoluciones y las ternas.
Además, una vez concluidas todas las etapas, se confeccionará un orden de mérito definitivo a partir de la suma de los puntajes obtenidos.
La terna que se eleve al Poder Ejecutivo deberá estar integrada por los tres primeros postulantes de ese orden. En caso de renuncia, fallecimiento o exclusión de alguno de ellos, el lugar será ocupado automáticamente por quien siga en la clasificación.
Los concursantes también podrán impugnar los puntajes, las irregularidades del procedimiento y el orden de mérito. Todas las impugnaciones deberán resolverse mediante decisiones fundadas.
La reforma impulsada por Pringles se inscribe en una discusión que también llegó al ámbito nacional. El 25 de marzo de 2026, la Corte Suprema aprobó, mediante la Acordada 4/2026, un proyecto de reglamento para los concursos de selección de magistrados federales y lo remitió al Consejo de la Magistratura de la Nación para su tratamiento.
Entre los lineamientos planteados por el máximo tribunal aparece la necesidad de reducir los márgenes de discrecionalidad, garantizar el anonimato de los exámenes escritos y establecer criterios más objetivos para evaluar los antecedentes y las entrevistas personales. La Corte también invitó a las jurisdicciones provinciales a considerar los ejes centrales de la propuesta.
Hay, sin embargo, una diferencia en la ponderación de las entrevistas: mientras el proyecto nacional limita esa instancia al 10% del puntaje total, la iniciativa mendocina le asigna el 20%. En ambos casos se busca reducir su incidencia respecto de los criterios técnicos y objetivos.
En Mendoza, el debate tuvo una nueva instancia pública en octubre, durante el seminario Calidad institucional: reforma del sistema de selección de magistrados, realizado en la Universidad de Congreso.
La jornada incluyó un panel específico sobre el Consejo de la Magistratura provincial, con la participación del ministro de la Suprema Corte José Valerio, legisladores provinciales y el camarista Gustavo Castiñeira de Dios, entre otros referentes.
En ese encuentro se plantearon cuestionamientos al peso de las entrevistas personales y a la discrecionalidad en la evaluación de los aspirantes. El debate se desarrolló en un contexto de cuestionamientos al funcionamiento del organismo y a la influencia que pueden tener sus integrantes en la conformación de las ternas.
La iniciativa de Pringles se enmarca en este debate judicial y propone una reforma integral de la Ley 6561, con nuevas reglas para las evaluaciones, las entrevistas y la publicidad de las decisiones.
El proyecto establece, finalmente, que el Consejo de la Magistratura tendrá 90 días para dictar el nuevo reglamento y habilitar el portal público, mientras que el Registro Provincial de Jurados deberá conformarse dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Los concursos que ya hayan tenido su examen escrito continuarán bajo el régimen anterior. En cambio, aquellos procesos convocados en los que todavía no se haya rendido esa prueba deberán adecuarse a las nuevas disposiciones.
