Aunque de eso se hable poco, Mendoza tiene problemas evidentes en el sistema de selección de sus jueces.
Renunció hace meses el funcionario que controlaba el Consejo de la Magistratura, pero el sistema, que es parte del problema, se mantiene igual.
El panel sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Mendoza, en el que intervinieron tres legisladores provinciales y el camarista Gustavo Castiñeira de Dios.
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Aunque de eso se hable poco, Mendoza tiene problemas evidentes en el sistema de selección de sus jueces.
Hace unos meses, la renuncia del exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino puso este tema en primer plano, pero por un rato nomás. Una de las cosas que saltaron a la superficie entonces fue que durante muchos años D'Agostino podría haber tenido una influencia excesiva en el Consejo de la Magistratura provincial, órgano que tiene la relevante misión de armar las ternas de aspirantes a magistrados.
D'Agostino controló ese filtro -así lo aseguran muchas fuentes judiciales- durante dos gestiones y media, lugar que la Suprema Corte de Justicia, que comanda en teoría la Magistratura, había abandonado por sus conflictos internos.
¿Abusó el funcionario de ese poder hasta lo inconfesable? Le tocará a la Justicia esclarecerlo. Lo cierto es que el gobernador Alfredo Cornejo, quien había puesto a D'Agostino en el cargo en 2016, se dio cuenta rápido de la magnitud del escándalo y buscó sofocarlo con la designación como subsecretario de Justicia de una figura prestigiosa en el mundo de la política: Juan Carlos Jaliff.
Sin embargo, parece que el problema de la Magistratura no era solamente la persona a cargo, si no el propio sistema de selección de los jueces. En efecto, lo que se cuestiona ahora es el nivel de discrecionalidad del proceso de evaluación de aspirantes.
Esto ocurre porque el factor más importante para pasar el filtro del Consejo y posicionarse para el cargo de magistrado no es el conocimiento del derecho, sino la entrevista personal con los consejeros. Esa instancia otorga 6 de los 10 puntos totales de la prueba. El examen teórico, en cambio, no tiene ni siquiera una nota: se aprueba o no, a secas. Sirve apenas para poder pasar a "la final", que es un cara a cara secreto con los miembros del consejo.
Se fue D'Agostino, quien era dueño y señor en esas entrevistas, pero este sistema se mantiene en Mendoza y pocos discuten si es necesario cambiarlo.
Hay que decir, de todos modos, que no es una situación exclusiva de Mendoza: la Corte Suprema ha advertido que el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene el mismo problema. Los supremos nacionales señalaron en abril que había que acotar la incidencia de la entrevista personal y propusieron un reglamento nuevo, en el que se privilegiaba la idoneidad de los aspirantes.
La Corte nacional pidió que las provincias hagan lo mismo con sus consejos, pero en Mendoza casi nadie se hizo eco. De hecho, hace pocos días se hizo un foro sobre el tema con especialistas en la Universidad de Congreso que dejó a la vista, más que nada, que no hay interés político en hacer cambios.
"Calidad institucional: reforma del sistema de selección de magistrados", se denominó la jornada de debate. Uno de los paneles hacía foco específicamente en el Consejo de la Magistratura de Mendoza. Según los organizadores, había sido invitado a exponer allí el propio presidente del Consejo, Julio Gómez, pero el ministro de la Corte eligió no participar.
Gómez, dicen, estaba en desacuerdo con esta actividad, ya que el principal impulsor del debate en la UC era José Valerio, otro ministro de la Corte local que agita todo el tiempo la necesidad de modificar el sistema local de selección de los jueces. El presidente del Consejo, en cambio, no tiene el reglamento en su agenda.
Valerio sí fue protagonista en la charla académica a la que no fue Gómez y volvió a hablar de la "discrecionalidad" del proceso. En tanto, en el panel de debate sobre la Magistratura mendocina estuvieron tres legisladores provinciales -dos de ellos opositores- quienes también criticaron el sistema.
“Deberíamos ponderar más los criterios objetivos y dejar el criterio discrecional, que es necesario, pero reducido a un porcentaje menor al 50, menor al 40%", afirmó el diputado Ismael Jadur, quien pertenece al oficialismo provincial, pero responde políticamente al exradical Luis Petri.
También aseguró Jadur, quien ha sido empresario, que la falta de calidad en la Justicia afecta a la economía. "La seguridad jurídica es un valor elemental para los inversores y si los jueces no tienen independencia no hay desarrollo", expresó.
Otro diputado que había sido invitado a este panel era Leo Mastrangelo, quien milita en el cornejismo, pero el legislador decidió sobre el final no participar del evento. El Gobierno tampoco estuvo presente: aseguró que ningún funcionario había recibido invitación formal al encuentro.
La política afectó primero la organización del foro (se iba a hacer en la UNCuyo pero al parecer hubo resistencia de Franja Morada), luego menguó la nómina de expositores y finalmente impactó en la audiencia: la mayoría de las butacas del auditorio de la UC lucieron vacías en las partes más picantes del debate.
Gustavo Perret, diputado del PJ que forma parte del Consejo de la Magistratura, blanqueó su teoría a la hora de exponer: "Hubo una persona que se encargó de llamar a varios colegas para que no vinieran a este encuentro", aseguró, incómodo por tantas ausencias en el sector del público.
El "de eso no se habla" se hizo sentir otra vez.
* El autor es periodista. [email protected]
