La conjueza María Jimena Pina González superó la audiencia pública del Senado sin recibir impugnaciones. Cómo sigue la causa contra Marcelo D'Agostino.
La conjueza María Jimena Pina González sorteó la audiencia pública del Senado sin problemas
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Prensa Senado
El Senado provincial llevó adelante este miércoles una audiencia pública para analizar dos pliegos de nuevas juezas propuestas por el gobernador Alfredo Cornejo. Una de ellas es la doctora María Jimena Pina González, la conjueza a cargo de la causa por violencia de género que enfrenta el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.
El otro pliego corresponde a la doctora María Paula Furque. Ambas fueron propuestas para integrar el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial.
El acto de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que encabeza el senador Walther Marcolini (UCR), se desarrolló con suma tranquilidad, muy lejos de las polémicas que rodearon la designación de Pina González al frente de la causa.
La conjueza había sido recusada por la querella, a cargo de la abogada María Elena Quintero, y el recurso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde todavía no obtuvo una resolución. De hecho, fuentes judiciales sostienen que el planteo devendrá en abstracto ante su próximo nombramiento como magistrada.
El pliego de Pina González sumó 357 adhesiones y ninguna impugnación, por lo que recibió exclusivamente opiniones favorables. Entre ellas estuvo la de la jueza Marina Martín, quien destacó su “fortaleza, prudencia y templanza para abordar momentos de dificultad”.
Por otro lado, ningún senador le realizó consultas a la conjueza, por lo que se le dio paso a su intervención para defender su postulación.
En su alocución, Pina González hizo un repaso por su experiencia tanto en el ejercicio liberal de la abogacía como en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y su rol actual como conjueza.
“Este paso por los distintos ámbitos del derecho me ha permitido tener la certeza de que la justicia no se puede mirar desde una sola perspectiva. Mi recorrido abarca la profesión independiente, el paso por diversas oficinas fiscales de la provincia y el posterior ejercicio en la magistratura”, sostuvo.
Luego agregó: “Considero que la formación continua es un deber ético y una responsabilidad insustituible por parte de todos los magistrados que administramos justicia”.
“A eso aspiro diariamente: a continuar formándome, porque creo profundamente en la enorme responsabilidad institucional que implica este cargo”, cerró Pina González.
Al momento de exponer ante los legisladores y el público presente, la doctora María Paula Furque —cuyo pliego contó con un total de 311 adhesiones a favor— agradeció el sostén de sus colegas y de su entorno familiar.
Durante su intervención, valoró la formación recibida en la universidad pública y destacó que su experiencia laboral abarca de manera integral todas las etapas y estamentos del servicio de justicia provincial.
“Tengo muy en claro que no se llega lejos en soledad, sino que todos necesitamos una red de apoyo, y estoy profundamente agradecida de haber contado con una estructura que me acompañó durante todo este camino. Desde que empecé la carrera judicial ingresé desde el primer escalón, en el Ministerio Público Fiscal como auxiliar administrativa mediante concurso público”, señaló la aspirante.
“Luego me desempeñé como funcionaria en los cargos de prosecretaria y secretaria, posteriormente como defensora y actualmente me encuentro en la función fundamental de la magistratura como conjueza. Esta trayectoria me ha permitido abordar y comprender las distintas problemáticas del sistema penal desde sus diferentes perspectivas”, subrayó Furque.
El próximo martes, en sesión secreta, el Senado prestará acuerdo para ambas designaciones. Cambia Mendoza tiene los votos asegurados para aprobar los nombramientos.
Mientras Pina González atraviesa la instancia final para convertirse en jueza, la investigación contra Marcelo D’Agostino continúa su curso en el ámbito judicial.
El exsubsecretario de Justicia se encuentra imputado desde abril de 2026 por amenazas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, por decisión de la fiscal Valeria Bottini. En tanto, todavía no se concretó la acusación formal por el delito de abuso sexual denunciado, por lo que permanece en libertad.
Uno de los próximos pasos importantes será la pericia psicológica sobre la denunciante, una medida que esperaba la defensa del exfuncionario y que fue confirmada para diciembre. Según trascendió, el estudio se realizará en seis sesiones a lo largo de ese mes.
La evaluación generó contrapuntos entre las partes. Desde la defensa, integrada por Daniel Sosa Arditi, Sofía Sosa Arditi y Eduardo de Oro, sostienen que será clave para determinar la veracidad del relato de la denunciante.
Por su parte, la querella, a cargo de María Elena Quintero, rechazó los cuestionamientos y afirmó que la evaluación había sido solicitada por su propia representada.
