El intendente Ricardo Mansur busca una distribución más equitativa de los recursos provinciales y cuestiona que el departamento siga recibiendo un tratamiento asociado a su antigua condición petrolera. La audiencia con el Gobierno de Mendoza será este jueves. Según los cálculos municipales, Rivadavia podría recibir $15.347 millones adicionales en 2027 si se equiparara con otros departamentos de población similar.
Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia
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La disputa entre la Municipalidad de Rivadavia y el Gobierno de Mendoza por la distribución de la coparticipación tendrá este jueves un nuevo capítulo en la Suprema Corte de Justicia. Después de aproximadamente 30 meses desde el inicio del reclamo judicial, el intendente Ricardo Mansur buscará sostener el planteo del departamento contra el régimen establecido por la Ley 9.550 y conseguir una revisión de los criterios que determinan cuánto dinero recibe cada comuna.
La audiencia, prevista para las 10, será una instancia de conciliación entre las partes. En la previa, Mansur convocó a dirigentes políticos, instituciones, cooperativas eléctricas y representantes de distintos sectores de Rivadavia para acompañar el reclamo. También invitó a exintendentes y legisladores, con la intención de darle al planteo un respaldo que trascienda a su gestión y se convierta en una posición compartida por el departamento.
El argumento central de la comuna es que Rivadavia continúa siendo perjudicada por un esquema de distribución que conserva parámetros vinculados con su pasado como productor petrolero, aunque la realidad económica del departamento cambió de manera considerable.
Mansur sostiene que no pretende recibir más recursos que otros municipios, sino alcanzar condiciones similares a las de departamentos con características poblacionales comparables. "Yo no quiero más coparticipación que nadie, quiero lo mismo que los otros departamentos", expresó al explicar los fundamentos de la presentación.
Los montos y las comparaciones consignados en el reclamo corresponden a estimaciones y cálculos difundidos por la Municipalidad de Rivadavia. La audiencia será el primer paso de esta nueva instancia ante la Suprema Corte.
Los números que presentó la Municipalidad constituyen el principal respaldo de su reclamo. Rivadavia tiene 63.724 habitantes y, de acuerdo con las proyecciones presupuestarias utilizadas por la comuna, recibiría $30.092 millones en concepto de coparticipación durante 2027. Esto equivale a $472.235 por habitante.
Según la comparación municipal, se trata del valor más bajo entre los departamentos seleccionados para el análisis, que incluye a General Alvear, Junín, Lavalle, Malargüe, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, distritos con poblaciones que van de los 30.000 a los 65.000 habitantes.
El promedio de ese grupo alcanza los $713.083 por habitante. La diferencia con Rivadavia es de $240.848 por persona, lo que representa una brecha cercana al 50%.
Uno de los ejemplos que utiliza Mansur es el de Junín. Ese departamento tiene 46.604 habitantes, casi 17.000 menos que Rivadavia, pero recibiría $31.577 millones en 2027, por encima de los $30.092 millones proyectados para el municipio que conduce.
También aparecen diferencias importantes en los montos por habitante: Tupungato recibiría $637.750; San Carlos, $671.613; Tunuyán, $685.617; General Alvear, $746.003; Lavalle, $763.855, y Malargüe, $1.302.761.
A partir de estos datos, el Municipio calcula que, si Rivadavia recibiera el mismo monto por habitante que el promedio de los departamentos comparados, tendría $15.347 millones adicionales durante 2027. Si la referencia fuera General Alvear, la diferencia ascendería a $17.445 millones.
La comuna también sostiene que la pérdida acumulada desde 2024 supera los $45.000 millones en términos reales. En declaraciones radiales, Mansur elevó esa estimación a cerca de $46.000 millones durante los últimos tres años.
El conflicto tiene su origen en la modificación del régimen de coparticipación impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo durante 2024. La reforma, establecida mediante la Ley 9.550, introdujo cambios en los criterios de distribución de los fondos provinciales y creó el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal.
Uno de los puntos cuestionados por Rivadavia es el tratamiento que recibe por su histórica condición de departamento petrolero. Durante la década de 1990 llegó a ocupar un lugar central en la producción de hidrocarburos de Mendoza, pero esa actividad perdió participación con el paso de los años.
Para Mansur, el coeficiente negativo asociado a esa condición dejó de representar la realidad económica actual y continúa perjudicando al departamento en el reparto de los recursos.
Los datos presentados por la comuna muestran que la participación porcentual de Rivadavia en el rubro de minas y canteras, vinculado con las regalías, pasó del 10,7% en 2003 al 6,4% en 2022, último registro tomado para la comparación.
El intendente también recordó que, poco después de la asunción de Cornejo, mantuvo reuniones con el gobernador y funcionarios del Ministerio de Hacienda para plantear las diferencias. Según su relato, el ministro Víctor Fayad llegó a reconocer que los números presentados por Rivadavia respaldaban parte de sus observaciones, aunque finalmente la reforma avanzó con el proyecto del Ejecutivo provincial.
Otro argumento que incorpora el Municipio tiene que ver con las características territoriales. Mansur sostiene que los departamentos con menor densidad poblacional deben afrontar mayores costos para mantener los servicios, porque tienen que cubrir extensiones amplias con una cantidad menor de contribuyentes.
Como ejemplo, comparó a Rivadavia, con unos 30 habitantes por kilómetro cuadrado, con Godoy Cruz, que registra aproximadamente 2.600. Esa diferencia, según explicó, repercute en los gastos de mantenimiento urbano, recolección y prestación de servicios.
El planteo municipal no se limita a los recursos generales de coparticipación. También incorpora diferencias en el financiamiento educativo.
De acuerdo con los datos difundidos por la comuna, Rivadavia tiene 21.992 chicos y jóvenes en edad escolar, la cifra más alta entre los departamentos incluidos en la comparación. Sin embargo, registra el menor financiamiento educativo por habitante: $167.584, frente a un promedio de $244.753.
La diferencia es de aproximadamente $77.170 por cada persona en edad escolar.
Mansur sostiene que los recursos que reclama podrían traducirse en inversiones concretas. Según sus estimaciones, los más de $15.000 millones que considera que Rivadavia dejaría de percibir en 2027 equivalen a unos 15 kilómetros de asfalto, tres escuelas nuevas o tres renovaciones completas de la flota municipal de vehículos de servicios.
En tanto, los más de $45.000 millones acumulados desde 2024 representarían 45 kilómetros de pavimento, nueve escuelas o nueve renovaciones de la flota.
En una entrevista radial, el intendente también mencionó otras posibilidades de inversión, como la construcción de viviendas, la ampliación de redes de fibra óptica, nuevos pozos de agua potable y programas de asistencia para pequeños productores.
"Yo no quiero sacarle plata a nadie, quiero que me den lo que me corresponde", resumió el jefe comunal, quien aseguró que el reclamo no responde a una disputa personal con el gobernador, sino a las posibilidades de desarrollo del departamento.
La audiencia de este jueves representa una oportunidad para intentar acercar posiciones entre el Municipio y la Provincia. Mansur considera que podría encontrarse una salida sin necesidad de modificar nuevamente la Ley de Coparticipación, a través de transferencias compensatorias provenientes de otras partidas presupuestarias.
Como antecedente, mencionó el mecanismo utilizado para compensar a la Ciudad de Mendoza durante la gestión provincial de Rodolfo Suarez.
De todos modos, el intendente anticipó que, si no se alcanza un entendimiento, continuará con la vía judicial. La Municipalidad considera que el régimen vigente podría resultar inconstitucional por el perjuicio que, según sostiene, genera sobre Rivadavia. Tampoco descarta que, una vez agotadas las instancias correspondientes, el planteo llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La convocatoria a instituciones, dirigentes y representantes de distintos sectores apunta a darle mayor respaldo político y social a una discusión que, en definitiva, excede los números de una gestión municipal.
Lo que Rivadavia pretende que se revise es la manera en que se distribuyen los recursos provinciales y el peso que todavía tienen determinados antecedentes productivos en esa fórmula. Para Mansur, la discusión no consiste solamente en cuánto dinero recibe actualmente el departamento, sino también en qué capacidad tendrá para sostener obras, servicios e inversiones en los próximos años.
