El debate por la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei volvió a poner en primer plano la relación entre la Nación y las provincias, con foco en el impacto fiscal que tendría la iniciativa y en el reparto de costos del ajuste.
Pese a la defensa del mandatario, Mendoza sería la séptima provincia que más perdería a nivel ganancias con más de $45.000 millones, según un informe del IARAF.
Santilli sostuvo que la formalización del empleo compensará la baja de recursos, mientras que Cornejo pidió equilibrio entre alivio impositivo y sostenimiento de la recaudación provincial.
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Jorge Yori / Los Andes. El debate por la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei volvió a poner en primer plano la relación entre la Nación y las provincias, con foco en el impacto fiscal que tendría la iniciativa y en el reparto de costos del ajuste.
Durante una actividad oficial en Mendoza, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Alfredo Cornejo fijaron posición sobre el proyecto que el Gobierno nacional busca tratar en febrero en el Senado, así como sobre la discusión por la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
Las definiciones de ambos dirigentes se dieron en un contexto de creciente preocupación de los gobernadores por la eventual merma de recursos coparticipables, en especial en aquellas provincias con fuerte dependencia de los fondos nacionales.
La reforma laboral y la reducción de alícuotas de Ganancias aparecen así como dos caras de una misma discusión: la formalización del empleo y el equilibrio fiscal.
A raíz de una pregunta formulada por Los Andes, Santilli y Cornejo se pasaron el micrófono para dejar en claro su postura tanto sobre el proyecto legislativo como sobre el reclamo fiscal de las provincias, un intercambio que dejó expuestas coincidencias políticas, pero también matices sobre el impacto concreto de la medida en los presupuestos provinciales.
El ministro del Interior defendió el proyecto al sostener que la reforma apunta a atacar uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino: la informalidad.
“La modernización laboral va a permitir que saquemos a más del 52% de los argentinos de la informalidad. Hoy hay más del 50% de los trabajadores sin derechos, con cero derechos, y es hora de que empiecen a tenerlos”, afirmó.
Santilli remarcó que se trata de “una reforma hacia adelante”, pensada para quienes hoy están fuera del sistema formal, y sostuvo que el impacto fiscal debe analizarse en conjunto con el crecimiento económico y la formalización del empleo.
En ese sentido, reconoció que existe una pérdida inicial de recursos para las provincias, pero la relativizó: “Cada 400.000 trabajadores formalizados se recupera el 0,15%”.
El funcionario admitió que el debate con los gobernadores está abierto, especialmente ante el escenario de crecimiento proyectado. “Estamos viendo qué pasa si no resulta el crecimiento previsto del 3,4% para 2027. Eso es lo que estamos estudiando y lo que tengo que hablar con el ministro de Economía”, señaló.
También destacó el caso de Mendoza como una provincia con mayor margen fiscal: “Algunos gobernadores tal vez no tienen la espalda de Mendoza, por su administración y su gestión, que ya venía haciendo una transformación desde hace tiempo”.
Y subrayó que el alivio impositivo no debe medirse solo por lo que pierden las provincias: “Ese 0,15% que se resigna se compensa con un 0,5% menos de impuestos nacionales que dejan de pagar ciudadanos y empresas. Es mucho más lo que se alivia por ese lado”.
Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó el respaldo político de Mendoza a la reforma laboral, al considerar que el país necesita cambios estructurales para generar empleo.
“Creemos que en la Argentina se necesita una reforma laboral. La apoyamos desde un principio porque necesitamos otras condiciones laborales y una relación laboral que haga más fácil contratar, sobre todo para las pymes”, afirmó.
Cornejo aclaró que el acompañamiento no implica renunciar a los reclamos provinciales y sostuvo que Mendoza mantiene demandas ante la Nación en distintos frentes. No obstante, remarcó que el apoyo a la reforma no está atado a negociaciones puntuales.
“No es una cosa a cambio de la otra. Tenemos convicción de que hay que modificar el sistema y hasta hicimos propuestas ambiciosas para el empleo joven en el Consejo de Mayo”, indicó.
Al referirse específicamente al Impuesto a las Ganancias, el mandatario provincial planteó las dos caras del debate. “Por un lado, hay una baja de recaudación de las provincias y de la Nación, porque todo impuesto que se elimina es menor recaudación. Mendoza queda séptima en pérdida cuando somos la cuarta provincia en población, está dentro de lo normal”, explicó.
Pero también puso el foco en el alivio para el sector privado: “La otra forma de verlo es que las empresas y los trabajadores mendocinos van a dejar de pagar ese impuesto”. En ese equilibrio, sostuvo, está el rol del Estado provincial.
“Soy gobernador del interés general. No quiero que se caiga la recaudación, pero tampoco quiero que empresas y trabajadores paguen más impuestos”, afirmó.
Para Cornejo, la clave está en que la reforma venga acompañada de crecimiento económico. “Si crece la economía, vamos a recaudar más y no va a haber tal pérdida de recaudación. La recuperación llega cuando se formalizan trabajadores que hoy están en negro y no pagan ni empresas ni empleados”, concluyó.
Las advertencias de los gobernadores se apoyan en números concretos. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó el impacto fiscal de la reforma laboral, especialmente por la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias.
Según ese estudio, Mendoza se ubica séptima entre las provincias más afectadas por la eventual merma de recursos coparticipables.
De acuerdo con las proyecciones, la provincia podría perder al menos $45.300 millones en 2027, año en el que el efecto fiscal de la medida se manifestaría plenamente. A nivel nacional, la caída de recaudación alcanzaría los $789.000 millones. El costo fiscal directo de la reforma representa el 0,22% del PBI.
El núcleo del impacto está en el artículo 191 del proyecto, que reduce las alícuotas de Ganancias: las empresas que hoy tributan el 35% pasarían a pagar el 31,5%, mientras que las alcanzadas por el 30% bajarían al 27%. Al tratarse de un impuesto nacional coparticipable, el mayor peso del recorte recae sobre las provincias.
El IARAF aclara que el impacto no sería inmediato. Aun si la ley entrara en vigencia el 1 de enero de 2026, el llamado “bache financiero” recién se reflejaría en mayo de 2027, cuando se presenten las declaraciones juradas y se liquiden los anticipos del impuesto.