El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo del Ejecutivo es que el máximo tribunal intervenga de forma directa y deje sin efecto la suspensión de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La Procuración del Tesoro presentó un recurso de per saltum para que la Corte Suprema intervenga directamente y deje sin efecto la cautelar que suspendió parte de la ley laboral.
Jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente) Horacio Rosatti (Presidente) y Ricardo Lorenzetti
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El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo del Ejecutivo es que el máximo tribunal intervenga de forma directa y deje sin efecto la suspensión de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El planteo fue impulsado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que actúa como cuerpo de abogados del Estado, en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.
El recurso solicita que la Corte revise el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el pasado 30 de marzo dispuso la suspensión de 83 artículos de la ley.
Además, el Ejecutivo pidió que se declare la admisibilidad del recurso extraordinario, que se suspendan los efectos de la medida cautelar y que, finalmente, se revoque la decisión judicial que frenó la normativa.
Desde el Gobierno sostienen que el fallo fue dictado por un juez incompetente y que no existe un caso judicial concreto que justifique la intervención, ni una legitimación válida para actuar en representación de todos los trabajadores.
La causa se inició a partir de una presentación de la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de varios artículos de la reforma laboral.
La central sindical argumentó que los cambios introducidos por la ley vulneran derechos constitucionales, como la protección del trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
El juez laboral Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a ese planteo y dispuso la suspensión con alcance general de los artículos cuestionados.
En su presentación, la Procuración calificó la situación como de “gravedad institucional”, al considerar que un tribunal de primera instancia no puede suspender una ley nacional con efectos generales.
Según el escrito, permitir este tipo de decisiones implicaría un avance sobre las atribuciones del Congreso y pondría en riesgo el principio de división de poderes. También se advirtió que la medida genera incertidumbre jurídica y afecta la estabilidad del marco regulatorio tanto para empleadores como para trabajadores.
Otro de los puntos centrales del recurso es la discusión sobre qué fuero debe intervenir en la causa. El Gobierno sostiene que se trata de un caso de competencia federal, ya que el Estado nacional es parte y los efectos de la decisión son de alcance general.
En ese sentido, recordó que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya reclamó el expediente, aunque la cautelar continúa vigente.
El Ejecutivo considera que la intervención directa de la Corte mediante el per saltum es la única vía eficaz para revertir la suspensión y restablecer la vigencia de la ley.
Por eso, pidió que el máximo tribunal disponga de manera urgente la suspensión de la cautelar y habilite la aplicación plena de la reforma laboral mientras continúa el proceso judicial.