El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este jueves una nueva serie de sanciones, cesantías y medidas disciplinarias contra empleados públicos de distintas áreas de la administración provincial.
Los casos van desde ausencias injustificadas y bajo rendimiento hasta irregularidades con licencias médicas y participación en juegos ilegales.
Los decretos publicados este jueves incluyen cesantías, exoneraciones y pedidos de exclusión de tutela sindical en distintas áreas del Estado provincial.
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Gobierno de Mendoza El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este jueves una nueva serie de sanciones, cesantías y medidas disciplinarias contra empleados públicos de distintas áreas de la administración provincial.
Las decisiones fueron publicadas a través de diversos decretos en el Boletín Oficial y abarcan casos de abandono de servicio, inasistencias injustificadas, utilización de certificados médicos presuntamente falsificados, bajo rendimiento laboral e incluso participación en actividades ilegales.
Entre las medidas difundidas aparecen agentes de los ministerios de Salud, Seguridad, Producción, Educación, Hacienda y también trabajadores vinculados a la Cámara de Senadores.
Uno de los decretos más relevantes es el 789, mediante el cual el Gobierno ordenó avanzar judicialmente para solicitar la exclusión de tutela sindical de cinco agentes de la Cámara de Senadores.
La medida ratifica una resolución previa de la presidencia de la Cámara Alta y constituye un paso necesario para poder aplicar sanciones administrativas o avanzar con desvinculaciones laborales.
Según consta en el decreto, tres de los agentes ya no poseen un cargo vigente dentro de la Legislatura debido al vencimiento de sus designaciones durante 2025. Sin embargo, al contar con representación sindical, no pueden ser removidos automáticamente.
En tanto, los otros dos casos corresponden a trabajadores temporarios cuyos contratos están próximos a vencer y para quienes el Senado pretende no renovar sus vínculos laborales.
El Ministerio de Salud y Deportes concentra la mayor cantidad de medidas disciplinarias publicadas este jueves. A través del Decreto 295, el Gobierno aplicó la cesantía a un médico del Hospital Fleming tras un sumario que concluyó que ejercía violencia laboral contra compañeros, superiores y subordinados mientras se desempeñaba como jefe de guardia pediátrica.
Otra de las sanciones fue oficializada mediante el Decreto 42, que dispuso la cesantía de una profesional del Hospital Paroissien. La investigación determinó que la agente registraba ingresos y egresos en el sistema biométrico, pero en varias oportunidades no permanecía en su lugar de trabajo ni cumplía efectivamente sus funciones. El expediente detalla además reiteradas inasistencias y marcas incompletas durante distintos meses de 2021.
En el Hospital Notti, el Decreto 396 resolvió la cesantía de un agente acusado de presentar certificados médicos apócrifos. Durante el sumario, los profesionales cuyas firmas aparecían en la documentación negaron haber emitido esos certificados.
Una situación similar quedó reflejada en el Decreto 619, correspondiente a una agente del Hospital Lagomaggiore, quien presentó más de diez solicitudes de licencia médica con presuntas irregularidades entre 2021 y 2023.
También en Salud, el Decreto 667 formalizó la cesantía de una profesional médica que no se reincorporó a sus funciones luego de una licencia sin goce de haberes iniciada en 2011. Según el expediente, la agente nunca retomó tareas ni presentó una renuncia formal.
Otro de los casos llamativos aparece en el Decreto 745. Allí se sancionó a un licenciado que intentó justificar inasistencias en 2023 con un certificado firmado por un médico fallecido en 2019. Además, el hospital consignado en el documento informó que el profesional nunca trabajó en ese establecimiento.
El Boletín Oficial también publicó el Decreto 795, que ratificó la cesantía de una agente del Hospital Lagomaggiore por abandono de trabajo luego de no reincorporarse tras una licencia sin goce de haberes vencida en octubre de 2022.
En tanto, el Decreto 825 dispuso la cesantía de un agente estatal por reiteradas inasistencias injustificadas durante enero y febrero de 2025 y por la ausencia total de registros de asistencia desde marzo de este año.
Por último, el Decreto 841 sancionó a un trabajador del programa SUMAR+ que no regresó a sus funciones luego del vencimiento de una licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada durante 2022.
Dentro del Ministerio de Hacienda y Finanzas, uno de los casos más resonantes quedó plasmado en el Decreto 893. La norma confirmó la exoneración de un agente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos que fue encontrado por la Policía trabajando como croupier en un casino clandestino que funcionaba en una vivienda de Luján de Cuyo.
El hecho ocurrió en 2021 y, según el expediente, el trabajador participaba de actividades de juego ilegal fuera del marco regulatorio provincial. La sanción ya había sido dispuesta anteriormente, aunque el procedimiento administrativo debió retrotraerse por cuestiones formales vinculadas a la intervención de la Junta de Disciplina.
En el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Decreto 787 rechazó el pedido de reincorporación de un oficial ayudante que no presta servicio desde 2010. La administración provincial resolvió mantenerlo en situación de revista pasiva mientras continúa el sumario por abandono de servicio.
Por otro lado, el Decreto 754 rechazó un recurso de nulidad presentado por una exauxiliar policial a quien se le había impuesto la baja obligatoria en 2017. El Gobierno sostuvo que la vía administrativa ya se encuentra agotada y que las resoluciones anteriores quedaron firmes.
El Decreto 596, correspondiente al Ministerio de Producción, dispuso una suspensión de dos días para un agente de Fiscalización y Control debido a un desempeño considerado inferior al del resto de sus compañeros y al incumplimiento de objetivos laborales.
No obstante, la sanción quedó supeditada a una resolución judicial debido a que el trabajador posee tutela sindical como representante suplente de UPCN.
En el área de Educación, Cultura, Infancias y DGE, el Decreto 533 rechazó el reclamo de una ex contratada de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
La mujer reclamaba una indemnización tras la rescisión de su contrato, aunque el Gobierno sostuvo que el vínculo correspondía a una locación de servicios y que la baja se produjo por “graves hechos debidamente acreditados”.
Finalmente, el Decreto 630 rechazó un recurso jerárquico presentado por un ex agente del Ministerio de Energía y Ambiente que había sido cesanteado en 2024. Según el texto oficial, la presentación fue realizada fuera de plazo y la sanción ya había sido ratificada en instancias previas.