Quiénes son los 21 equiparados que iniciaron un reclamo judicial para seguir cobrando altos sueldos

Los primeros días de marzo, cuando todavía el coronavirus no colmaba la agenda oficial, trascendió que algunos judiciales de alto rango cobraban cerca de $ 400 mil sin ser magistrados. Esa chispa encendió al gobernador Rodolfo Suárez, que mandó a la Legislatura un proyecto para bajar los salarios de todos los equiparados a magistrados.

Al principio se hablaba de 78 funcionarios, después el número cayó a 30 y tras la sanción de la ley el 10 de junio, la norma -promulgada el viernes pasado- alcanzó a 26. De ese grupo, 21 iniciaron ahora un reclamo judicial para seguir cobrando sus altos sueldos. Por lo tanto, los descuentos este mes solamente se efectivizarán sobre los salarios de cinco equiparados a magistrados.

En total, presentaron acciones ante la Suprema Corte 12 funcionarios del Poder Judicial y 9 del Ministerio Público Fiscal. Entre los primeros hay 8 que forman parte del equipo administrativo de la Corte y que serían reemplazados por el futuro Gabinete de la Corte que prevé la ley en su texto. Allí están la secretaria de la presidencia Elizabeth Carbajal (cuyo caso fue el que destapó el escándalo), el secretario de Gestión, Carlos Quiroga Nanclares (sobrino del ex titular de la Corte Jorge Nanclares); la Administradora del Poder Judicial, Mónica González; la directora del Cuerpo Auxiliar Disciplinario, Beatriz Naves; la subdirectora de Contabilidad, Silvina Cataldo; el director de Contabilidad, Gustavo Abaca; el director de Informática, Mariano Cano: y el jefe de Recursos Humanos, Hugo Correas.

El otro grupo de equiparados que inició el reclamo judicial trabaja en la dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, creada por el supremo Omar Palermo. Son la directora del área, Milagros Nolli; la subdirectora de Derechos Humanos Eleonora Lamm; el subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia, Javier López Maida; y la subdirectora de Ejecución Penal, Romina Cucchi.

En tanto, del Ministerio Público Fiscal reclamaron ante la Justicia cuatro inspectores (Beatriz Chaves, Sandra Canese, Alfredo Clavel y Jorge Rubio), Gerardo González (hijo del exprocurador Rodolfo González); el contador Jorge Frigerio; el director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, Javier Salinas Díaz; y los delegados del MPF en San Rafael (Mario Gabriele) y San Martín (Alberto Tonelli).

El planteo judicial

Según explicaron a Los Andes los abogados de los 21 equiparados, se presentaron dos acciones ante la Corte: una declaración de certeza y un pedido de inconstitucionalidad. También una medida cautelar para que sigan cobrando la totalidad de sus sueldos hasta que la Corte resuelva las dos acciones anteriores. “La cautelar es para que no se altere la situación de quienes han accionado por la urgencia que reviste la misma”, explicó la abogada Guadalupe Simone Cajal.

“Presentamos una acción declarativa de certeza porque la ley no es clara y las exposiciones de los legisladores durante la sesión tampoco lo son. El texto genera mucha incertidumbre, no se entiende si las excepciones son independientes o complementarias”, agregó su colega Ernesto Bustelo.

“En una provincia como Mendoza, que se jacta de ser muy sólida en las instituciones, las leyes deben ser efectivas hacia adelante, no hacia atrás. Una ley no puede sacar de un cargo o dar marcha atrás 12 años a una persona en su carrera. La Legislatura no puede privar de su derecho a un puñado de personas”, sentenció.

En tanto, el planteo de inconstitucionalidad se sostiene en el principio de no retroactividad de las leyes. “Nunca una ley se aplica hacia atrás avasallando derechos adquiridos, derechos salariales y alimentarios. Además, la ley tiene un trato discriminatorio porque deja afuera a algunos funcionarios sin ningún motivo”, señaló Simone Cajal.

Ninguna de las dos acciones tienen plazo de resolución, es más los planteos de inconstitucionalidad suelen demorar años y los abogados están dispuestos a llegar a la Corte nacional si no encuentran respuesta favorable a su pedido.

Desde el Ejecutivo, cuando presentaron el proyecto, sostuvieron que no habría lugar para los pedidos de inconstitucionalidad porque los equiparados habían obtenido ese rango por acordadas que no cumplían con el principio de legalidad, por lo tanto los actos eran nulos y no se estaban quitando derechos adquiridos. Bustelo y Simone Cajal refutaron esto asegurando que bajo esa lógica se debería haber presentado una acción de legitimidad y no una ley. Además, para presentar ese mecanismo los plazos ya están vencidos.

Cuánto se ahorra el Estado

Cuando se conoció que la secretaria del ex supremo Nanclares cobraba 400 mil pesos y no pagaba ganancias porque su sueldo está equiparado al de un juez -a pesar de no firmar sentencias-, Suárez decidió quitarle ese privilegio por ley a todos los que estaban en esas condiciones.

Cuando llegó a la Legislatura el proyecto original que alcanzaba a 78 equiparados, empezó a sufrir modificaciones para exceptuar a algunos funcionarios y finalmente, cuando fue sancionada la ley, terminó afectando a 26 equiparados.

Pero en la práctica solo se despojó de sus privilegios a 5 funcionarios. Por lo tanto, el Estado por ahora se ahorrará $ 2.500.000 al año de los $ 135 millones que el Ejecutivo aseguró que iba ahorrar con esta Ley.

En respuesta al Gobierno, Simone Cajal resaltó el alto costo que implicará para las arcas provinciales estos 21 juicios que se generaron después de la sanción de la ley.