El Gobierno provincial oficializó medidas contra agentes de los ministerios Educación, Energía, Salud y Hacienda por faltas graves.
El Gobierno provincial publicó resoluciones que incluyen cesantías, suspensiones y un caso que derivó en pruebas con cámaras de seguridad. Archivo
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Archivo El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este jueves una serie de sanciones disciplinarias contra agentes estatales, entre las que se destacan ocho cesantías, además de suspensiones, desafecciones y otras resoluciones que involucrán a diferentes ministerios u organismos provinciales.
Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y apuntan, en su mayoría, a faltas graves vinculadas al ausentismo injustificado y al incumplimiento de funciones.
Las disposiciones abarcan distintos organismos de la Administración Pública provincial, con casos que evidencian desde abandono de servicio prolongado hasta uso indebido del cargo, en una línea de acción que refuerza los controles internos sobre el desempeño de los empleados estatales.
Uno de los casos más revelante se encuentra en el Ministerio de Salud y Deportes. A través del Decreto Nº 2871, el Gobierno instruyó el inicio de una acción judicial para excluir de la tutela sindical a un delegado gremial.
Según el documento, el objetivo no es aplicar una sanción disciplinaria, sino habilitar el proceso de jubilación obligatoria del agente, quien ya cumple con los requisitos legales para pasar a la pasividad, pero cuya condición de representante sindical exige una autorización judicial previa.
A través del Decreto Nº 264, el Poder Ejecutivo ratificó una suspensión de 30 días a una abogada del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, por una falta ética grave. Se comprobó que la agente utilizó información confidencial y el legajo de un menor alojado en un hogar estatal con fines personales.
Si bien la trabajadora argumentó que se trataba de una investigación profesional, los testimonios recabados durante el sumario confirmaron que el uso de la documentación fue indebido y ajeno a sus funciones.
En el ámbito de la Dirección General de Escuelas (DGE), varios de los casos más significativos están vinculados a inasistencias reiteradas.
A través de la Resolución Nº 603, se dispuso la cesantía de un agente administrativo que dejó de asistir a su puesto desde febrero de 2023. Durante el proceso sumarial, el trabajador nunca se presentó a las audiencias, lo que obligó incluso a solicitar informes al Registro Civil para intentar ubicarlo.
En la Resolución Nº 6201, se sancionó a un celador titular que acumuló 100 inasistencias injustificadas entre 2022 y 2023, afectando el funcionamiento de una escuela de Luján de Cuyo. Pese a contar con defensa legal, el agente no presentó pruebas ni realizó un descargo efectivo.
Por su parte, la Resolución Nº 6713 determinó la cesantía de otro celador que sumó 32 faltas injustificadas, además de incurrir en desobediencia a la autoridad y falta de diligencia en sus tareas. En este caso, las notificaciones debieron realizarse por edictos ante la imposibilidad de localizarlo.
Asimismo, mediante la Resolución Nº 6676, la administración dio por finalizado un sumario por inasistencias iniciado en 2017, al constatarse que la agente ya había sido cesanteada en 2020, lo que dejó abstracto el nuevo proceso.
En el ámbito del Ministerio de Energía y Ambiente, se registraron dos casos relevantes.
A través del Decreto Nº 36, el Ejecutivo dispuso la cesantía de un agente de Hidráulica que, tras finalizar una licencia extraordinaria de un año, no se reincorporó a su puesto ni formalizó su renuncia, acumulando inasistencias de manera ininterrumpida durante varios meses de 2024.
En tanto, el Decreto Nº 362 generó un debate jurídico interno. El caso involucró a un brigadista del Plan Provincial de Manejo del Fuego que registró diez inasistencias en menos de seis meses, además de reiterados ingresos fuera de horario.
Mientras la Oficina General de Sumarios había sugerido una sanción menor, la Junta de Disciplina resolvió avanzar con la cesantía al considerar que la normativa vigente no admite flexibilizaciones ante ese nivel de incumplimiento.
Mediante el Decreto Nº 454, se confirmó una suspensión de 15 días para un agente que cumplía funciones como pagador en el Casino de Mendoza.
La investigación, respaldada por registros de cámaras de seguridad, acreditó que el empleado solicitaba propinas de manera directa a los clientes durante las jugadas, reteniendo o señalando fichas antes de completar el pago de premios, en violación de los protocolos internos del organismo.