Los datos se desprenden del informe anual 2024 del Servicio Penitenciario Provincial. De ese porcentaje, el 68% no superó los tres meses de estadía en prisión.
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El anuncio del gobernador Alfredo Cornejo sobre la construcción de una nueva cárcel para delitos menores en Cacheuta y el envío de un proyecto de ley para "adaptar el régimen a este tipo de penas", tiene estrecha vinculación con los datos fríos que arrojó la Memoria Anual 2024 del Servicio Penitenciario Provincial.
El 75% de los liberados del año pasado permaneció menos de 12 meses detenido, es decir, son personas que cursaron en su mayoría penas cortas por robos y hurtos.
Según informó el Servicio Penitenciario, al 30 de noviembre de 2024, se registraron 4.578 libertades efectivas, que representan un incremento con respecto al 2023, que se ubicó en 3.659.
De todos modos advirtieron que la curva de libertades efectivas se mantuvo por debajo de los ingresos, “como se sostiene de años anteriores”. Específicamente en el año 2024 hubo 5.199 ingresos al Servicio Penitenciario: un 27% más que en 2023 (4.080).
En el informe se indica que el 2024 culminó con 6.420 personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario, de las cuales 4.601 se encuentran condenadas (71.6%) y otras 1.825 (28,4%) estaban procesadas.
El 43% de las libertades correspondieron a libertad por “cumplimiento de la pena” (2.057). Mientras que un 57% recibió distintos beneficios judiciales: un 17,11% prisión en suspenso, un 14,19% figura como “no informado”, un 7,73% fue excarcelado, un 5,44% obtuvo la libertad condicional, otro 5,13% el cese de prisión preventiva, un 3,22% libertad asistida, un 1,64% fue absuelto, otro 1,2% alcanzó una suspensión por juicio a prueba y un 1.11% logró el sobreseimiento.
En el documento se detalla que “casi el 75% de las personas que obtuvieron libertad en el año 2024 estuvo detenido menos de un año”, seguido por un 17% que cursó una estadía de entre 1 y 3 años.
Se trata de internos que atravesaron penas cortas por delitos leves como robos y hurtos, que es dónde enfoca sus críticas el Ejecutivo provincial hacia el sistema judicial. También es una tendencia creciente, dado que en el informe anual de 2023 las libertades exprés fueron del 70%.
En tanto, los liberados que pasaron entre 4 y 5 años detenidos, fueron un 4,63%; entre 6 y 10 años, un 2,67% y cursaron una detención de más de 11 años, apenas un 0.63%, condenados por delitos más graves.
En el análisis puntilloso del Ministerio de Seguridad y Justicia, se desprende que un 68% de las 3.552 personas que fueron liberadas en menos de un año, no llegó a permanecer más de tres meses detenidas.
Se registran 1.211 personas que estuvieron detenidas menos de un mes (34,09%) y la misma cifra se repite en las que estuvieron entre 1 y 3 meses en la cárcel. Sólo el 5.10% (181) permaneció entre 10 y 12 meses arrestado en el sistema penitenciario.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó en contacto con Los Andes que las penas cortas son consideradas “aquellas de hasta 3 años” y remarcó la incidencia de la “reiterancia” en estos casos.
Es que en los detenidos que cursan penas cortas se dificulta el abordaje de resocialización y los datos arrojan que más de la mitad de la población carcelaria, ya atravesó una estadía previa, en su mayoría menor a un año.
“Esto nos motiva a hacer un trabajo sobre eso, porque las penas cortas nunca son buenas para el sistema penitenciario en general”, advierte. La ministra explica que, cuando ingresan por un tiempo corto, las personas no logran incluirse en los planes de abordaje y en cierto punto, “se perjudican más”.
Al respecto, el informe anual señaló que el 55,3% de las personas privadas de la libertad, cursó una estadía previa en la cárcel, es decir fue reiterante. Mientras que otro 44,7% lo hizo por primera vez.
En cuanto al tiempo de detención en el “Ingreso anterior” que tuvieron esos reiterantes, el 64.85% estuvo menos de un año y sólo el 13.30% estuvo más de 3 años. Es decir, son personas que volvieron a cometer delitos, después de un paso fugaz por la cárcel previo.
La ministra aclaró que tienen 2.800 m2 destinados a aula y otros 3.500 m2 para depósitos y talleres, que han permitido “aumentar en nueve veces” la producción laboral con respecto al 2023.
Por esto descartó que la sobrepoblación, que en el informe se detalla es “supercrítica”, deba combatirse ocupando esos espacios. Para esto también está pensada la construcción de una nueva cárcel en Cacheuta para 500 personas y otra en San Rafael para 300 internos.
Por eso buscarán a través de una ley, “evitar que se demore el diagnóstico de una persona que ingrese al servicio, con la intervención del OTC (Organismo Técnico Criminológico), para poder encauzar a esa persona rápidamente en algún plan”.
“Pero a su vez, tener también una cárcel que sea adecuada, es decir, quizás no deba ser de máxima seguridad para ese tipo de condenas, pero los alejamos de la convivencia con el resto de los delincuentes, para evitar que proliferen bandas desde adentro hacia afuera”, agregó Rus.
La ministra insiste en que el Poder Judicial debería aplicar mayor rigurosidad en las penas de los delitos menores y evitar la repetición de beneficios sobre personas que ya delinquieron anteriormente.
“Mientras tanto, nosotros vamos a ofrecer las garantías para que esas condenas sean efectivas, construyendo una cárcel para este tipo de penados y teniendo un abordaje rápido sobre ellos, para que puedan incluirse en un plan de resocialización inmediatamente”, completó Rus.
El proyecto de ley está siendo estudiado con el Ministerio Público Fiscal y será presentado en breve en la Legislatura.