El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso de elaboración del Presupuesto 2027, una de las instancias clave para definir el rumbo económico y la asignación de recursos del Estado en los próximos años.
La Subsecretaría de Presupuesto coordina el armado técnico que incluye proyecciones macroeconómicas y estimación de recursos de todas las áreas del Estado.
La iniciativa establece etapas, responsables y sistemas para consolidar la información fiscal y económica.
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X / @JMilei El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso de elaboración del Presupuesto 2027, una de las instancias clave para definir el rumbo económico y la asignación de recursos del Estado en los próximos años.
La medida quedó formalizada con la publicación de la Resolución 446/2026 en el Boletín Oficial, donde se estableció el cronograma de trabajo y las áreas responsables de llevar adelante la formulación del proyecto.
El esquema prevé no solo la redacción del Presupuesto 2027, sino también la elaboración del presupuesto plurianual 2027-2029, en línea con las exigencias de planificación fiscal de mediano plazo. El objetivo central es garantizar que el proyecto llegue al Congreso dentro del plazo legal, fijado para el 15 de septiembre.
La coordinación del proceso quedó en manos de la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo la articulación del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP). Este equipo técnico reúne a distintas áreas del Estado y será el encargado de ordenar las etapas, emitir lineamientos y supervisar el cumplimiento de los plazos.
El inicio del cronograma marca también el punto de partida formal para la redacción del proyecto, que comenzará a tomar forma en las próximas semanas a partir de la recopilación de datos clave. Entre ellos, la ejecución del gasto, la planta de personal, las proyecciones macroeconómicas y la estimación de recursos tributarios.
En paralelo, distintas dependencias del Ministerio de Economía ya trabajan en la construcción de las variables centrales que sostendrán el Presupuesto.
La Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica y la Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones avanzan con los escenarios macroeconómicos para el período 2027-2029, mientras que el área de Ingresos Públicos proyecta la recaudación impositiva y los aportes a la seguridad social.
A su vez, la programación financiera incluye el cálculo del servicio de la deuda pública y la definición de los gastos vinculados a financiamiento internacional, elementos que resultan determinantes para el equilibrio de las cuentas públicas.
Otro de los ejes del proceso es la participación de las distintas jurisdicciones y organismos del sector público nacional, que deberán remitir sus anteproyectos de presupuesto durante mayo. Esta información será consolidada por el Ministerio de Economía para avanzar en una primera versión integral del proyecto.
El uso de herramientas digitales también ocupa un rol central en esta etapa. Sistemas como el SIFEP y el eSIDIF permiten integrar la información de empresas públicas, fondos fiduciarios y organismos descentralizados, lo que facilita una visión más completa del sector público.
Con el avance del cronograma, el proceso ingresará en una fase decisiva hacia mediados de año, cuando se definan los techos presupuestarios y se elabore el informe de avance que será remitido al Congreso. Estos hitos funcionarán como base para la etapa final de redacción.
Será en la segunda mitad de agosto cuando el Gobierno nacional comience formalmente a redactar el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, consolidando la información fiscal, económica y financiera recabada en los meses previos. En ese tramo también se elaborarán las proyecciones de resultado fiscal y los límites de endeudamiento.
Finalmente, entre el 7 y el 11 de septiembre, el texto será aprobado por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, antes de su envío al Congreso, previsto para el 14 de septiembre. De esta manera, el Ejecutivo busca cumplir con los plazos legales y avanzar en la discusión parlamentaria de la principal herramienta de planificación económica del país.