Auxilio financiero: Mendoza y 11 provincias más recibirán un adelanto de coparticipación por decreto de Milei
La Nación autorizó hasta $400.000 millones para asistir a distritos con dificultades financieras. Los fondos deberán devolverse dentro de 2026 con intereses.
El esquema contempla adelantos de coparticipación con una tasa del 15% y cancelación automática vía retenciones.
El presidenteJavier Milei dispuso, a través de un decreto del Ministerio de Economía, un auxilio financiero para Mendoza y otras once provincias mediante un anticipo de fondos coparticipables, en el marco de dificultades fiscales transitorias que atraviesan varias jurisdicciones.
La medida, oficializada en el Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial, habilita al Gobierno nacional a otorgar hasta $400.000 millones en concepto de adelantos de coparticipación, que deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal.
Un alivio financiero para las provincias
Según se detalla en la norma, distintas provincias manifestaron dificultades para afrontar compromisos urgentes vinculados a la ejecución de sus presupuestos y al pago de deudas. En ese contexto, el Ejecutivo nacional resolvió habilitar estos anticipos como herramienta de asistencia inmediata.
Entre las provincias alcanzadas se encuentra Mendoza, junto a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
El monto que recibirá cada jurisdicción no está predefinido, sino que será determinado por la Secretaría de Hacienda en función de la participación de cada provincia en la recaudación de impuestos nacionales y su capacidad de repago.
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Condiciones: devolución en el año e intereses
El decreto establece que los fondos deberán ser devueltos dentro del ejercicio fiscal 2026, mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación. Además, se fijó una tasa de interés nominal anual del 15% sobre los montos adelantados.
Para acceder al beneficio, las provincias deberán autorizar al Estado nacional a descontar los fondos correspondientes de su participación en el régimen de coparticipación, como garantía de devolución.
La normativa también otorga amplias facultades a la Secretaría de Hacienda, que podrá definir el esquema de desembolsos, las condiciones de cancelación y firmar acuerdos específicos con cada provincia.
En paralelo, el decreto introduce modificaciones en un esquema previo de asistencia financiera otorgado a Entre Ríos, unificando la tasa de interés aplicada a este tipo de anticipos.
El mecanismo de anticipos de coparticipación está previsto en la legislación vigente y suele utilizarse en escenarios de tensión financiera en las provincias. En este caso, el Gobierno nacional lo activa en un contexto de ajuste fiscal y reordenamiento de las cuentas públicas.
La medida busca garantizar el funcionamiento de las administraciones provinciales en el corto plazo, aunque implica un compromiso de devolución dentro del mismo año, lo que condiciona las finanzas futuras de las jurisdicciones alcanzadas.
El trasfondo político: el debate por la coparticipación
La asistencia financiera se da en un contexto de discusión más amplia sobre el reparto de recursos entre Nación y provincias. En ese marco, el gobernador Alfredo Cornejo viene planteando la necesidad de revisar el esquema vigente.
Durante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el mandatario provincial cuestionó el actual sistema de distribución y lo vinculó con la necesidad de introducir incentivos para el desarrollo económico.
“Necesitamos una ley que distribuya los recursos con incentivos para tener más sector privado. La coparticipación actual no premia lo que hace Mendoza”, exclamó el mandatario.
Cornejo en el desayuno de la Coviar.
Cornejo en el desayuno de la Coviar.
Daniel Caballero / Los Andes
Cornejo sostuvo que el esquema vigente no refleja el desempeño de las provincias en materia de generación de actividad privada y planteó que una eventual reforma debería contemplar criterios que premien la atracción de inversiones.
En ese sentido, también dejó planteada la relación entre coparticipación y estructura tributaria, al advertir que cualquier cambio en el reparto de recursos debería ir acompañado por medidas que no afecten la competitividad del sector productivo.