El planteo se basa en el principio de jurisdicción universal por delitos de lesa humanidad. Los querellantes buscan evitar que las causas por narcotráfico eclipsen los crímenes contra civiles.
La imagen que compartió Trump tras la captura de Maduro.
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La detención de Nicolás Maduro en el marco de un operativo ejecutado por Estados Unidos reactivó una ofensiva judicial en la Argentina. En ese contexto, representantes de víctimas y organizaciones civiles solicitaron al juez federal Sebastián Ramos que avance con los trámites formales de extradición para que el exmandatario venezolano sea juzgado en tribunales locales por delitos de lesa humanidad.
La presentación fue impulsada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación de FADER y víctimas directas. El pedido se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que habilita a la Justicia argentina a intervenir en crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto, aun cuando hayan sido cometidos fuera del territorio nacional.
Con la captura de Maduro ya concretada, los querellantes reclamaron su traslado inmediato a la Argentina. El pedido invoca el principio de jurisdicción universal, bajo el cual se lo pretende juzgar por un plan sistemático de torturas, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones contra la población civil venezolana.
El avance judicial cuenta con antecedentes concretos. En septiembre de 2024, la Cámara Federal había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición, en el marco de una causa que investiga graves violaciones a los derechos humanos.
El planteo argentino se produce en un escenario de alta complejidad diplomática, ya que el exjefe de Estado permanece actualmente bajo custodia del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo.
“Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano”, señalaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería.
Para que el exmandatario sea juzgado en la Argentina, el proceso contempla dos instancias centrales. En primer lugar, el juez Ramos deberá activar formalmente el pedido de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, el Gobierno nacional deberá negociar con la administración de Donald Trump el orden de prioridad de los procesos judiciales, dado que Estados Unidos mantiene la custodia del detenido.
El objetivo central de los denunciantes es que las acusaciones por delitos de lesa humanidad no queden relegadas frente a las causas por narcotráfico, y que el proceso judicial garantice el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas venezolanas.