El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque decidió suspender su aplicación hasta que el Congreso disponga partidas específicas para financiarla.
En el decreto, el Presidente dijo que el Congreso "omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones".
El colectivo de la discapacidad continúa con su reclamo en Mendoza en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque decidió suspender su aplicación hasta que el Congreso disponga partidas específicas para financiarla.
Así lo establece el Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La Casa Rosada se amparó en dos normas: el artículo 5° de la Ley 24.629, que congela toda ley con gasto hasta que se incluyan créditos presupuestarios, y el artículo 38 de la Ley 24.156, que obliga a precisar fuentes de financiamiento. Según el Ejecutivo, el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” cómo cubrir las erogaciones que implica la reforma.
El texto había sido vetado por Javier Milei en agosto mediante el Decreto 534/25, pero el Congreso lo sancionó por insistencia con mayoría especial: el 20 de agosto en Diputados y el 4 de septiembre en el Senado. El 8 de septiembre, la norma fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Desde el Palacio de Hacienda calculan que la nueva pensión significará un gasto de $2,16 billones en 2025 (0,26 % del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI). A eso se suman $574.200 millones para el Programa Incluir Salud en 2025 (0,07 % del PBI) y $1,23 billones en 2026 (0,12 %). También está prevista una compensación de $278.323 millones a prestadores (0,03 % del PBI).
En total, la implementación demandaría un crédito presupuestario de $3,01 billones, el equivalente al 0,35 % del PBI.
En el decreto de este lunes, el Ejecutivo remarcó que el proyecto de Presupuesto 2026, enviado el 15 de septiembre al Congreso, es el ámbito donde deberán discutirse los recursos. Además, señaló que el presupuesto vigente de la Administración Nacional no cuenta con fondos suficientes: incluso si se reasignaran todas las partidas de los tres poderes del Estado, “ello resultaría insuficiente”.
Según la estimación oficial, el crédito presupuestario disponible sin afectar servicios sociales asciende a $2,3 billones, una cifra que no cubre la magnitud de la reforma.
La semana pasada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dicho en Clarín: "El Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que vea cómo reacomodo las partidas. Eso no es solución, es una mentira. ¿A quién le sacamos? ¿A los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.