El Gobierno fijó una agenda con temas centrales como es la reforma laboral, el acuerdo Mercosur con la Unión Europea y cambios en la ley de glaciares.
El Ejecutivo convocó al Congreso del 2 al 27 de febrero y cualquier ampliación del temario requerirá aval presidencial.
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El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La medida quedó formalizada a través del Decreto 24, publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, y constituye la segunda convocatoria fuera del período legislativo ordinario.
Entre los temas incluidos en la agenda se destacan el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral, la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) y la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares.
La convocatoria tiene un fuerte componente político e institucional, ya que habilita al Poder Ejecutivo a definir los asuntos que el Congreso puede tratar durante el receso, a diferencia del período ordinario en el que la agenda queda en manos de los propios legisladores.
El decreto establece que el Parlamento deberá sesionar durante 25 días y aclara que cualquier iniciativa ajena al temario fijado requerirá una nueva citación o el consentimiento expreso del Presidente.
“Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, señala textualmente el artículo primero de la norma.
Se trata de la segunda convocatoria del Gobierno nacional durante el receso legislativo. En diciembre pasado, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la gestión Milei y la Ley de Inocencia Fiscal.
El principal objetivo del Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias será avanzar con la reforma laboral, un proyecto que enfrenta un escenario complejo en el Senado, donde el respaldo de los gobernadores resulta clave para alcanzar los votos necesarios.
Si bien el ministro del Interior, Diego Santilli, ha recogido señales de diálogo en sus recorridas por provincias aliadas y dialoguistas, entre ellas Mendoza, varios mandatarios provinciales reclaman definiciones concretas en materia de transferencias de fondos, obra pública y deudas previsionales antes de comprometer su apoyo legislativo.
El punto más conflictivo del proyecto se concentra en el capítulo tributario, particularmente en la reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades. Los gobernadores advierten que esa modificación impactaría de manera directa en la coparticipación federal.
Desde la Casa Rosada, con el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno se resiste a introducir cambios impositivos y exige garantías previas de acompañamiento parlamentario. En ese marco, el oficialismo apunta a lograr la media sanción el 11 de febrero, aunque reconoce que las negociaciones continúan abiertas.
En paralelo, el Senado avanzó en la definición de un cronograma que permita tratar la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. La estrategia es asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12, antes del inicio de las sesiones ordinarias, previsto para el domingo 1 de marzo con el discurso de apertura del presidente Milei.
La conducción del proceso está a cargo de Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien impulsa el llamado a sesión mientras el oficialismo termina de definir el respaldo parlamentario y los ajustes finales al texto.
La confirmación del “blindaje” del calendario llegó tras acuerdos políticos y operativos dentro y fuera del oficialismo, que permitieron despejar algunas dudas sobre el quórum. Al menos una fuerza política del interior del país garantizó su acompañamiento a la iniciativa.
Para sesionar, el Senado necesita 37 voluntades. El interbloque oficialista de La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores, por lo que el Gobierno deberá sumar apoyos de la UCR (10 bancas), el PRO (tres) y legisladores provinciales independientes, cuyo alineamiento no siempre responde de manera directa a los gobernadores.