El Senado aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración minera que abarca los departamentos de San Rafael y Malargüe.
El Senado le dio media sanción al proyecto de exploración de litio Don Luis y Otro.
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Prensa Senado La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración minera de litio “Don Luis y Otro”, ubicado entre los departamentos de San Rafael y Malargüe. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
La iniciativa obtuvo 32 votos afirmativos y 4 negativos. Es decir contó con un amplio respaldo de la oposición, salvo por los senadores kirchneristas Félix Gónzález y Omar Parisi, Dugar Chappel (Partido Verde) y Flavia Manoni, que se desmarcó del resto del interbloque "Encuentro Mendocino" que integran el PJ y La Unión Mendocina.
Llamó la atención el voto de la legisladora teniendo en cuenta que es una iniciativa proyectada para dos municipios gobernados por el peronismo.
El expediente contempla tareas de exploración sobre una superficie de 234.256,5 hectáreas y llegó al recinto tras completar un proceso de evaluación técnica, ambiental e institucional que incluyó informes de distintos organismos sectoriales, visitas al área y dos audiencias públicas realizadas en el sur provincial.
Antes de su aprobación, el proyecto fue analizado en las comisiones del Senado con la participación de funcionarios del Ejecutivo, entre ellos la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal.
Durante el debate, la presidenta de la comisión de Ambiente, Yamel Ases, defendió el despacho favorable y remarcó que la iniciativa “cumple estrictamente con toda la normativa ambiental vigente, incluida la ley 7722”, además de subrayar que no contempla el uso de sustancias químicas prohibidas.
La legisladora aseguró que se garantizó la participación ciudadana mediante audiencias públicas y sostuvo que no existe afectación a comunidades indígenas. También destacó que el expediente establece exigencias de monitoreo y control sobre agua, biodiversidad, residuos y patrimonio cultural, además de la obligatoriedad de un seguro ambiental.
En la misma línea, la presidenta de la comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería, Jésica Laferte, calificó al litio como “un recurso estratégico para la transición energética y el desarrollo territorial” y afirmó que la iniciativa podría traducirse en empleo, infraestructura y oportunidades para proveedores locales y jóvenes profesionales del sur mendocino.
“El desarrollo minero está fuertemente regulado y puede convertirse en una herramienta clave para el crecimiento regional”, sostuvo la senadora, quien además reivindicó la tradición minera de Mendoza.
Por su parte, el senador Félix González, de Fuerza Patria, anticipó el rechazo de su bloque, postura que también acompañó Dugar Chappel, del Partido Verde.
La oficialista Natacha Eisenchlas defendió la compatibilidad entre minería y sostenibilidad ambiental. “Puede haber minería responsable sin poner en riesgo el agua. El expediente demuestra que no existe afectación hídrica, aunque persisten resistencias estructurales al desarrollo minero en Mendoza”, señaló.
La Declaración de Impacto Ambiental ingresó a la Legislatura acompañada de dictámenes técnicos de organismos provinciales y nacionales, entre ellos las municipalidades de San Rafael y Malargüe, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Nacional, Áreas Protegidas, Biodiversidad, Patrimonio Cultural y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Además, el procedimiento incluyó una visita técnica al área y dos audiencias públicas: la primera se realizó el 25 de noviembre de 2024 en San Rafael y la segunda el 29 de noviembre de 2025 en Malargüe.
La autorización ambiental aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Dirección de Minería establece una serie de condiciones obligatorias para avanzar con la etapa exploratoria.
Entre ellas figuran la actualización periódica de la línea de base ambiental, monitoreos permanentes de agua, aire, suelo, flora y fauna, planes de contingencia, permisos sectoriales específicos y seguros ambientales.
También se prevé la elaboración de una línea de base social indígena, inspecciones sin previo aviso, presentación periódica de informes y sanciones ante eventuales incumplimientos, además de revisiones ambientales integrales cada dos años.