El gobernador Alfredo Cornejo puso en agenda el debate por la autonomía municipal, a la par del conflicto judicial en marcha con la Municipalidad de San Rafael por su elección de convencionales de febrero pasado.
Además del conflicto de poderes por la elección de convencionales en San Rafael, hay cuatro causas más sin resolver en la Suprema Corte de Justicia.
El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Omar Félix protagonizaron más de un cruce el año pasado.
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Prensa Gobierno de MendozaEl gobernador Alfredo Cornejo puso en agenda el debate por la autonomía municipal, a la par del conflicto judicial en marcha con la Municipalidad de San Rafael por su elección de convencionales de febrero pasado.
Pero este no es el único litigio que tiene la Provincia con un municipio, ya que se acumulan en los cajones sin resolver de la Suprema Corte de Justicia, otras cuatro demandas.
Los dos conflictos más antiguos cumplen 8 años este 2026 y repiten protagonistas. Se trata de dos recursos de inconstitucionalidad que promovieron las comunas de Lavalle y San Rafael en el año 2018 contra la reforma de la Ley de Tránsito, sancionada a fines de 2017, que creó los Juzgados Viales Municipales y los cuerpos de preventores viales en toda la provincia.
En ese momento Cornejo transitaba su tercer año del primer mandato y el intendente de San Rafael era Emir Félix, hermano del actual jefe comunal (Omar Félix).
Hoy Félix es diputado nacional y convencional electo por el PJ para redactar la Carta Orgánica Municipal en los últimos comicios que fueron judicializados por el Poder Legislativo.
En tanto, el jefe comunal de Lavalle era Roberto Righi, hoy sin cargo público y alejado del PJ formalmente tras su incursión como candidato del frente Provincias Unidas el año pasado.
Su sucesor, el también peronista Edgardo González, dista de ese perfil más opositor y ha coordinado incluso actividades de seguridad con el Gobierno.
Las otras dos causas que recibió la Corte las impulsaron dos comunas en el año 2024, con distintos reclamos vinculados a la coparticipación. No han tenido avances concretos tampoco.
Por un lado, Luján de Cuyo presentó una demanda por un resarcimiento histórico por las tierras reconocidas de su jurisdicción en los litigios con Maipú y Las Heras.
Y por el otro, Rivadavia presentó formalmente un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de repartos que impulsó el Ejecutivo y aprobó la Legislatura a mediados de ese año.
Tras la sanción de la Ley Provincial de Seguridad Vial N° 9.024 el 28 de noviembre de 2017, los municipios de Lavalle y San Rafael actuaron en tándem, interponiendo acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia el 1 de marzo y el 5 de marzo de 2018, respectivamente.
En ese momento ambos recursos judiciales se valieron de la autonomía municipal como principal argumento para resistirse a la aplicación de la norma que imponía su puesta en marcha en el plazo de un año.
Righi y Félix sostuvieron que la ley establecía un modelo uniforme que ignoraba las particularidades territoriales y administrativas de cada comuna, implicando un avance indebido de la Provincia sobre competencias locales.
Además, advirtieron que la ley generaba una carga financiera no prevista en sus presupuestos vigentes, adhiriendo entre sus críticas que la Provincia se desligaba de los fondos.
Otro argumento que plantearon fue la extensión territorial de cada uno de los departamentos para demostrar la "irrazonabilidad" de los plazos, cuyo vencimiento operaba el 10 de diciembre de 2018.
Por estos motivos, ambas comunas solicitaron no solo la declaración de inconstitucionalidad de los artículos en pugna, sino también el dictado de una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma.
Pero la Corte no respondió ante la cautelar y lo identificó como un conflicto de poderes, que según fuentes judiciales ha tenido escasos movimientos desde entonces.
Lo cierto es que se encuentra suspendida la aplicación de la ley en ambas comunas y la policía sigue haciéndose cargo de los operativos viales hasta la actualidad.
Cornejo sumó el reclamo por una resolución a la Corte y el presidente Dalmiro Garay, luego en entrevista con Los Andes, aclaró que “son las partes las que tienen que mover el expediente”.
A pocos meses de haber asumido como intendente de Luján, Esteban Allasino avanzó con una demanda contra la Provincia ante la Corte, basado en que en 2010 el máximo tribunal resolvió a su favor un conflicto de límites con Maipú y se le reconoció de manera formal un territorio comprendido entre las calles Terrada y Vieytes, y entre Juan José Paso y Azcuénaga.
Posteriormente, también con sentencia de la Corte, en 2017 se incorporó oficialmente a la geografía del departamento una importante zona del pedemonte en disputa con Las Heras (ex Blanco Encalada), territorio actualmente denominado como Vertientes del Pedemonte.
Según reseñó la comuna, todos estos argumentos impulsaron a que los intendentes Omar De Marchi en 2018, Sebastián Bragagnolo en el 2021 y, al actual jefe comunal, presentaran distintos recursos administrativos ante la Provincia para que se reconociera el fallo judicial y se coparticipe lo que corresponde según ley por esas superficies poblacionales anexadas.
Sin embargo, esas instancias se agotaron a fines de 2023 y Allasino decidió acudir en marzo del año siguiente a la Corte para peticionar un resarcimiento histórico por los recursos económicos que no se pagaron hasta ese momento.
“Luján creció. Con un nuevo distrito, y con 55.168 nuevos lujaninos, según el Censo 2022. Ignorar la realidad es una falta de respeto para todos los vecinos del departamento, pero además, para los mendocinos de bien”, dijo en ese momento.
“En concreto, para nosotros, los vecinos de Luján, implica graves consecuencias: una deuda de más de 15 mil millones de pesos por todos los años que no se coparticipó lo correspondiente y un desconocimiento de la existencia de todos estos vecinos del departamento. Por lo tanto, negarle los recursos es negarle el acceso a los servicios que les corresponden”, señaló Allasino.
Hoy el intendente lujanino forma parte de Cambia Mendoza, aunque días después de sellar su alianza, dijo a la prensa que no bajará el reclamo judicial.
Además, cuando entró en debate la autonomía municipal, desde la comuna se jactaron que fueron “pioneros” en la discusión, al incorporar el reclamo por la consagración en su demanda.
El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, presentó en agosto de 2024 una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la reforma de la ley de coparticipación municipal, sancionada como Ley 9.550 en junio de ese año.
El planteo apunta específicamente a los artículos 21 y 22, que modifican los coeficientes de distribución de fondos entre los departamentos para atenuar el impacto entre los que más crecieron poblacionalmente y los que no, tras el Censo 2022. Entonces se pasó de un Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Regional a un Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Municipal.
“La ley elimina las regiones, entonces se terminan los parámetros para determinar los departamentos de similares características. La demografía ya estaba definida por el 65%, referido a la cantidad de habitantes y ahora ponen este 10% más. Se ha transformado en una ley netamente demográfica y elimina cualquier otra variación”, decía Mansur en ese entonces.
Explicó que el esquema anterior agrupaba a los departamentos más poblados, donde tienen mayor posibilidad de ingresos propios, como el “A”. Ellos integraban el “B” (Rivadavia como productor de petróleo) y por último el “C”, con menos de 30 mil habitantes, que tienen más costos de servicios y menos ingresos propios.
En el acto de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente señaló que en este 2026 tienen una pérdida real de $13 mil millones en coparticipación a raíz de la modificación de la ley.