Elías Piccirillo y Martín Migueles, además de varios socios y otros financistas, son investigados por presuntas operaciones irregulares con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández.
Elías Piccirillo junto a su ex Jésica Cirio. Migueles y Wanda Nara.
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Archivo La Justicia federal avanzó este martes con un millonario embargo preventivo en una causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas con el dólar blue y operaciones cambiarias irregulares durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
La medida fue ordenada por la jueza María Servini a pedido del fiscal Carlos Stornelli y alcanza bienes por $859.516.312.545, una cifra equivalente a unos 600 millones de dólares al tipo de cambio financiero.
Entre los principales apuntados aparecen Elías Piccirillo, expareja de la modelo Jésica Cirio, además de socios, financistas y más de 160 propietarios vinculados a agencias y casas de cambio investigadas.
También figura dentro de la resolución Martín Migueles, exnovio de Wanda Nara, junto a otros empresarios relacionados con operaciones financieras bajo sospecha, por ejemplo, la madre del dueño de Sur Finanzas, Graciela Beatriz Vallejo.
La causa apunta a un presunto esquema de maniobras con dólares que habría aprovechado debilidades en los mecanismos de control del sistema cambiario argentino durante el período de restricciones y cepo.
Según surge de la resolución judicial publicada por Clarín, parte de la investigación se basó en informes elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que analizaron movimientos de distintas agencias de cambio entre enero y septiembre de 2023.
De acuerdo con esos documentos, las entidades investigadas informaron ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) operaciones de compra de moneda extranjera por más de $475.533 millones y ventas por $418.278 millones.
La jueza sostuvo además que gran parte de esos movimientos se concentraron en un reducido grupo de financieras y casas de cambio. Según el expediente, el 96% de las operaciones fue percibido por firmas como Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL e Intercash SAS.
En paralelo, el 99% de las transferencias posteriores habría sido canalizado a través de esas mismas firmas y otras sociedades financieras investigadas.
Uno de los datos más sensibles del expediente es el retiro físico de dinero en efectivo. La magistrada citó que se extrajeron por ventanilla unos 607 millones de dólares, principalmente desde el Banco de Servicios y Transacciones, perdiéndose luego la trazabilidad sobre el destino final de esos fondos.
Dentro de ese esquema aparecen especialmente comprometidas las firmas Arg Exchange y Gis Cambio, vinculadas a Piccirillo y a su socio Martín Migueles.
La investigación también detectó operaciones de compra de moneda extranjera que nunca fueron reportadas formalmente al Banco Central. Según el expediente, esas maniobras involucraron más de $163.587 millones en compras de dólares y otros $12.839 millones en ventas no informadas.
Como consecuencia de esas irregularidades, al menos 15 casas de cambio terminaron sancionadas por el Banco Central.
En la resolución, Servini sostuvo que los investigados habrían realizado “operaciones cambiarias fraudulentas” aprovechando las debilidades del sistema de fiscalización estatal y utilizando una red de vínculos que les permitía acceder al mercado oficial de cambios mientras evitaban controles institucionales.
La causa aparece además conectada con otra investigación federal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo junto al fiscal Franco Picardi. Allí se analizan presuntas coimas vinculadas al sistema SIRA y supuestas maniobras dentro de la Secretaría de Comercio durante la gestión de Matías Tombolini.