La Cámara de Diputados completó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas, de forma remota, sobre la reforma a la Ley de Glaciares, y todavía no hay una fecha certera para la firma de los dictámenes y eventual sesión en el recinto.
Habría una reunión con gobernadores de provincias cordilleranas y otros dirigentes propuestos por la oposición antes de la firma de dictámenes.
José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes del plenario por la reforma a la ley de Glaciares.
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DiputadosLa Cámara de Diputados completó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas, de forma remota, sobre la reforma a la Ley de Glaciares, y todavía no hay una fecha certera para la firma de los dictámenes y eventual sesión en el recinto.
Es probable que antes de dar un paso en firme se impulse una nueva reunión informativa con los gobernadores de la Mesa del Cobre, que motorizan los intereses de las corporaciones mineras, y también dirigentes propuestos por la oposición contrarios al avance de la reforma. Una de las alternativas que se barajan es que ese plenario de comisiones se efectué en la primera quincena de abril.
Al igual que en la jornada del miércoles, que fue presencial, fueron abundantes las críticas a la limitación en la cantidad de oradores participantes y hubo advertencias sobre posibles impugnaciones judiciales que podrían anular los efectos de la ley, en el hipotético caso de que se sancione en Diputados.
El proyecto de ley, que busca quitar las prohibiciones que rigen actualmente para la explotación minera e hidrocarburífera en determinadas zonas periglaciales, y darles a las provincias la potestad de designar qué áreas proteger y cuáles no, ya había recibido media sanción del Senado sobre el final del período de sesiones extraordinarias de febrero.
Uno de los principales oradores de este jueves fue el presidente del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, quien rechazó la reforma aprobada por el Senado y destacó el inventario de los glaciares que realiza ese organismo.
“La ley aprobada por el Senado no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger. No elimina las ambigüedades planteadas; por el contrario, genera nuevas ambigüedades y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”, sostuvo.
Asimismo, destacó que el Inventario Nacional de Glaciares se encuentra plenamente operativo tras su publicación oficial en 2018.
Esta herramienta es considerada una pieza clave para el ordenamiento territorial y la protección de los recursos hídricos en las cordilleras.
El presidente del IANIGLA precisó que se “detectaron 16.078 glaciares en el área continental y casi 17.000 en las islas. Incluyendo las islas es solamente el 0,8% de la superficie de la cordillera. No del país, de la cordillera”, enfatizó.
El geólogo Marcelo Placet, por su parte, respaldó la reforma a la ley votada por el Senado y al respecto señaló que “son falsedades” los argumentos que indican que “la modificación propuesta pone en riesgo las fuentes de agua y que nuestros acuíferos son codiciados por potencias extranjeras”.
A su turno, la representante del Colectivo Defensoras del Agua de Famatina, María Pia Silva, afirmó que la reforma es “inconstitucional” porque vulnera el artículo 41 de la Constitución "y el principio de no regresividad".
Agregó que "la adecuación de las normas jurídicas a las exigencias del sector cooperativo transnacional no es un hecho nuevo" y dijo que esta ley "responde a la urgencia y presión de las empresas mineras transnacionales".
La ex diputada nacional Graciela Camaño se mostró hoy en contra de la reforma a la Ley de Glaciares y aseguró que la norma aprobada en 2010 “es el piso mínimo” y “no puede reducirse”.
La ex legisladora remarcó que el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió, “tiene jerarquía superior a las leyes” y ”consagra parámetros de participación pública que, lejos de haber sido observados, han sido soslayados o contravenidos plenamente porque no se verificó participación del público en las etapas iniciales”.
“Retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro”, apuntó la bonaerense, que fue diputada nacional entre 1989 y 1993, entre 1997 y 2002 y entre 2003 y 2023.
Además denunció que “se obvió proporcionar al público la información necesaria en forma efectiva", y agregó que "los plazos no son en absoluto razonables”.
“Claramente la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones", consideró.
“Este proyecto cuyo objeto no es la minería sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”, alertó.
Al respecto, Camaño advirtió que se “pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”.
Con más de 100 mil inscriptos, Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, por el cual el miércoles expusieron alrededor de 180 y otros 200 lo harán este jueves, mientras el resto deberá hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.
El geólogo mendocino Eddy Lavandaio sostuvo, por su parte, la Ley de Glaciares había sido impulsada por “los enemigos del desarrollo minero argentino” y “sancionada por legisladores que no entendieron cuáles eran las necesidades de las familias argentina”.
El profesional científico sostuvo que la reforma no deja de lado la protección ambiental y tiene el noble objeto de promover las inversiones en pos del desarrollo socioeconómico e integral de la región cordillerana del país".
"He leído el proyecto y no veo ningún párrafo que imponga la eliminación de los glaciares ni tampoco dejar a los ríos sin agua y menos aún la destrucción de ecosistemas. Todo eso solamente está en la mentalidad de los enemigos de los mineros y de las familias de los mineros. Son en realidad enemigos del desarrollo del país", insistió.
La abogada cordobesa Ananda Lavayén, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, afirmó que este proyecto supone “un retroceso” y que pone en jaque el "principio de progresividad ambiental".
Además aclaró que la ley de presupuestos mínimos vigente desde el 2010 protege ecosistema vitales vinculados a los glaciares, que “no sólo son formaciones de hielo sino reservas fundamentales de agua dulce que regulan los ciclos hídricos, sostienen la biodiversidad y garantizan condiciones de vida digna para millones de personas”.
"Por eso su protección no es una cuestión ambiental sino una cuestión de Derechos Humanos", continuó.
Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, respaldó la reforma a la Ley de Glaciares y que la ley actual “abunda en imprecisiones técnicas y vacíos conceptuales que conspiran contra el objetivo declamado que es la preservación de las reservas hídricas”.
Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.