El máximo tribunal provincial hizo lugar a una cautelar presentada por Martín González, del Frente Fuerza Justicialista Mendoza, en Godoy Cruz.
El candidato a concejal de Godoy Cruz, Martín González, del Frente Fuerza Justicialista Mendoza, y podrá competir el 26 de octubre.
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La Suprema Corte de Justicia habilitó al concejal de Godoy Cruz, Martín González, para presentarse en las elecciones del 26 de octubre y buscar un tercer período en el Concejo Deliberante. El actual edil encabeza la lista del Frente Fuerza Justicialista Mendoza.
El máximo tribunal provincial resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por el edil peronista y ordenó suspender los efectos de la resolución de la Junta Electoral, que inicialmente había inhabilitado su postulación. De esta forma, González podrá competir en los próximos comicios.
La votación del plenario de ministros fue dividida. A favor de la candidatura se pronunciaron Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez, junto al apoyo de José Valerio. En disidencia quedaron Dalmiro Garay, Norma Llatser y María Teresa Day.
La postulación de González ya había recibido un dictamen favorable de la Fiscalía de Estado, que consideró “atendible” su situación. En cambio, la Asesoría de Gobierno se opuso, al advertir que conceder la cautelar implicaba una “intromisión prematura” en las facultades de la Junta Electoral y podía afectar la igualdad entre los contendientes.
González, identificado con el kirchnerismo local, ejerció un primer mandato entre 2017 y 2021 y actualmente cumple el segundo (2021-2025). Ahora busca renovar su banca para un tercer período consecutivo.
La Junta Electoral había fundamentado su rechazo en las modificaciones recientes al artículo 44 de la Ley 1079, que regula la reelección de concejales. La norma establece que los ediles pueden ser reelegidos por un solo período consecutivo, y que, tras esa reelección, solo podrán volver a postularse con un intervalo de un mandato.
Sin embargo, la defensa legal de González sostuvo que la reforma no puede aplicarse de manera retroactiva a mandatos anteriores, ya que cuando fue electo y reelecto no existían limitaciones. Según sus abogados, aplicar la restricción en este caso vulneraría el principio de seguridad jurídica.
También señalaron que la ley presenta ambigüedades en la forma de computar los períodos anteriores y posteriores a su sanción, y citaron antecedentes en casos de intendentes.
No obstante, remarcaron que las situaciones no son exactamente comparables, dado que varían los plazos en los que se sancionaron las normas y se cumplieron los mandatos.