La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que redefine sus objetivos estratégicos para los próximos años y abre la puerta al espionaje interno sobre ciudadanos que expresen críticas al Gobierno.
Según reveló el diario La Nación, el documento, secreto y de 170 páginas, habilita a recabar información sobre quienes, según su criterio, puedan “erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.
El plan, desarrollado por la cúpula de SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, podría ampliar el alcance de los objetivos de inteligencia hacia periodistas, economistas, académicos y cualquier actor que cuestione las decisiones del Ejecutivo. En sintonía con recientes declaraciones de funcionarios libertarios, que apuntaron contra la prensa crítica e insistieron en “odiar más” a los trabajadores de medios, el PIN marca una posible escalada en el control y vigilancia de voces disidentes.
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Sergio Neiffert, secretario de Inteligencia de Estado.
El documento también establece como foco de interés a quienes pudieran “manipular” a la opinión pública durante procesos electorales o propagar la "desinformación". Además, ponen de punto promover la “distorsión” de la “percepción” social, especialmente mediante el uso de inteligencia artificial. Cabe recordar que el fin de semana pasado se viralizaron en las redes videos falsos de Mauricio Macri y Silvia Lospennato previo a las elecciones legislativas de CABA, y que el propio oficialismo desestimó como "chistes de las redes".
Según La Nación, el plan conserva áreas tradicionales de acción, como la prevención del terrorismo, la lucha contra el crimen organizado y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida.
A esto se suma un aumento presupuestario. A comienzos de mayo, el Gobierno decretó una ampliación de $25.000 millones para la SIDE. De ese monto, $8.000 millones estarán destinados a gastos reservados, es decir, fondos que el Estado puede ejecutar sin rendición ante el Congreso. Este tipo de partidas ya habían sido objeto de polémica en 2023, cuando se destinaron más de $100.000 millones al mismo programa.