La oposición va a la Justicia para saber si Teresa Day cumple con los requisitos

Los cuestionamientos a la postulación de María Teresa Day como ministra de la Suprema Corte de Justicia, para ocupar la vacante que deja Jorge Nanclares, siguen sumando capítulos. A los públicos pronunciamientos del peronismo y Protectora, se agregan medidas judiciales.

Así, los Bloques del Partido Justicialista-Frente de Todos, Partido Intransigente y Protectora (tanto senadores como diputados) han avanzado en conjunto y presentaron una Declaración de Certeza, y una cautelar, para despejar cualquier tipo de dudas.

“Frente a una decisión tan trascendental que deberá definir la cámara alta, como es la designación de una jueza de la Corte, es necesario tener absoluta certeza de que la persona propuesta por el Ejecutivo, cumple con los requisitos que establecen la Constitución provincial”, expresan en un comunicado.

La petición tiene por objetivo conocer si la abogada María Teresa Day reúne las condiciones establecidas por los arts. 143 y 152 de la Constitución Provincial, que aluden a la antigüedad profesional requerida para ser magistrado o funcionario del poder judicial, además de la cantidad de años en el ejercicio de la profesión, como abogada. Por ese motivo, presentaron en conjunto una Declaración de Certeza, que tiene por finalidad establecer la condición jurídica del actor y justifique la necesidad de una inmediata aclaración al respecto. Además de una medida cautelar.

Entre los argumentos que esgrimen, aparecen las observaciones que mencionó el ex ministro de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, y otros juristas, que han manifestado que la candidata no reuniría las cualidades necesarias para ocupar la vacante.

“En concreto, no cumple con el requisito de 10 años de ejercicio (de la abogacía) u 8 de magistratura. Desde que se recibió siempre estuvo en el Poder Judicial. Por ejercicio de la profesión se entiende matriculado y recorrer los tribunales locales. En tanto, los 8 años de magistratura corresponden a la función de “juez o fiscal”, es decir, de firma de sentencias y planteo de acusaciones”, aseguran textualmente.

En ese sentido, y teniendo en cuenta “el respeto a la institucionalidad de Mendoza” consideran “trascendental que quien asuma esta inmensa responsabilidad, sea quien cumpla con todo lo que establecen las normas de la provincia. Es de nuestro mayor interés que quien llegue a la Suprema Corte de Justicia, sea digno/a representante de ese honor”, concluyen.