La Justicia otorgó el poder legal para regular y multar a la empresa eléctrica que perdió un juicio importante contra el Ente Provincial Regulador Eléctrico.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el reclamo de EDEMSA por incumplimientos en el servicio eléctrico.
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La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la empresa distribuidora Edemsa en la causa iniciada contra el Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE. La causa estaba vinculada a la aplicación de sanciones previstas en el contrato de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica.
Según informó el la prensa del Gobierno de Mendoza, esta resolución definitiva del máximo tribunal provincial dejó firme un fallo anterior que avaló las actuaciones del EPRE. Dichas actuaciones consistieron en rechazar los recursos administrativos presentados por Edemsa debido al incumplimiento del requisito de pago previo de las sanciones, tal como lo establece expresamente el contrato de concesión.
En su fallo, la Suprema Corte sostuvo que no se configuraba una cuestión federal que habilitara la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un conflicto regido por normas de derecho público local y por el marco regulatorio eléctrico provincial. Además, descartó que haya existido arbitrariedad y afirmó que la decisión fue lógica, fundada en la ley y basada en el análisis completo del caso.
El Tribunal también remarcó que el mecanismo de pago previo de las multas fue aceptado voluntariamente por Edemsa al firmar el contrato de concesión del servicio eléctrico, y posteriormente ratificado mediante acuerdos y normas provinciales. Este mecanismo, busca proteger a los usuarios y asegurar la prestación continua del servicio público.
Con esta decisión, la Justicia de Mendoza reafirma la potestad regulatoria de la Provincia en materia de servicios públicos esenciales y consolida el rol del EPRE como autoridad de control del servicio eléctrico, fortaleciendo la protección de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las empresas concesionarias.
