El juez Martín Cormick hizo lugar a un amparo del CELS y consideró que el protocolo antipiquetes vulnera derechos constitucionales como la protesta y la libertad de expresión.
La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
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Ilustrativa El juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, declaró la nulidad del denominado “protocolo antipiquetes”, una normativa implementada hace dos años por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich para regular el accionar de las fuerzas de seguridad frente a protestas sociales y cortes de calle.
Tras conocerse la noticia, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno va a “apelar” el fallo judicial.
La decisión judicial se conoció tras hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que sostuvo que el protocolo vulneraba el derecho constitucional a la protesta social, además de otras libertades fundamentales.
En su fallo, Cormick señaló que la administración pública no puede dictar normas que lesionen derechos básicos como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades. En ese sentido, remarcó que la protesta social no puede ser equiparada automáticamente a un delito penal que habilite la intervención represiva sin orden judicial previa.
El magistrado cuestionó especialmente que el protocolo autorizara a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante cortes de calles o rutas, bajo la premisa de una supuesta flagrancia delictiva, sin intervención del Poder Judicial. Según sostuvo, ese esquema desplazaba indebidamente la decisión de reprimir desde los jueces hacia funcionarios del Poder Ejecutivo o jefes policiales.
Además, el fallo puso bajo la lupa las tareas de inteligencia previstas en el protocolo, como la identificación de manifestantes mediante registros fílmicos y fotográficos. Para Cormick, estas prácticas —en muchos casos realizadas por agentes de civil— vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente recolectar información sobre ciudadanos por motivos ideológicos, políticos o de pertenencia organizacional.
Otro de los puntos señalados por el juez fue la falta de diferenciación en el uso de la fuerza, al no contemplar la presencia de grupos vulnerables como niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad. Estos grupos requieren una protección especial durante operativos de seguridad.
Por estos motivos, el magistrado exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse de aplicar el protocolo antipiquetes y a adecuar su accionar a las disposiciones vigentes del Código Procesal Penal. No obstante, aclaró que el Gobierno nacional tiene la posibilidad de apelar la resolución ante instancias judiciales superiores.
Tras conocerse el fallo, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva confirmó que el Ejecutivo recurrirá la decisión. En sus redes sociales, sostuvo: “Sin protocolo no hay orden, hay caos”, y aseguró que la medida judicial responde a “la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”.
Monteoliva insistió en que “no vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar”, al considerar que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. También defendió la iniciativa de su antecesora y cuestionó al juez que dictó la nulidad, al afirmar que el protocolo había sido validado por otros magistrados y contaba con respaldo social.