La estrategia de la defensa de Bento con los fiscales de la causa

En los tribunales federales de Mendoza se vivió un lunes con muchas novedades en el caso que tiene al ex juez federal Walter Bento enfrentando un juicio por los delitos de encabezar una asociación ilícita, cohechos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros. Las tres magistradas que componen el Tribunal Oral Federal N°2, Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas, descartaron apartarse del debate tras el pedido de su recusación y simultáneamente rechazaron otorgarle la libertad, por lo que permanecerá detenido en la cárcel federal de Cacheuta, mientras continúa el proceso judicial.

Rechazo contundente: Bento seguirá preso durante su juicio

La defensa de Bento, su esposa Marta Boiza, además de sus hijos Nahuel y Luciano Bento, recusaron a los fiscales de la causa, María Gloria André y Dante Vega, que intervienen en la etapa de juicio. Consideran que “su intervención en la etapa de debate evidencia, con claridad meridiana, que no están en condiciones de representar al Ministerio Público Fiscal” y exponen una serie de antecedentes que justifican la presentación.

En el escrito hay al menos cinco motivos por los que los letrados que encabezan la defensa de la familia Bento consideran que tanto Vega como André deben ser apartados de la causa. La munición gruesa se descarga en la figura de Vega. Enemistades, la denuncia de Vega a Boiza, entrega de copias de diversas constancias reservadas de la causa como el informe sobre el teléfono celular de Walter Bardinella Donoso que dio inicio al proceso.

También hay una dura acusación al considerar que Vega engañó al juez federal Juan Nacul con “las actuaciones en las que se lo estaba investigando abiertamente” tanto a Bento como a su familia. Aseguran que requirió, invocando su condición de Fiscal de Cámara y ejerciendo autoridad, “que se archiven las denuncias que se promovieron en su contra. Una absoluta falta de objetividad”.

Con relación a la Fiscal María Gloria André, “es de público conocimiento que ha compartido durante más de dos décadas lugar de trabajo con el Dr. Bento, siendo en ocasiones fiscal de instrucción y actuando ante el Juzgado de nuestro asistido. Pese a eso, no se ha excusado de intervenir en el proceso, como todos los demás funcionarios que tenían igual o menor grado de conocimiento que ella con nuestro asistido”.

El dictamen que enfureció a la defensa

La “falta de objetividad” es el argumento principal de la acción impulsada por los letrados. Incluso, remarcan que “elaboraron un único dictamen en el que convalidaron que nuestro asistido permanezca detenido a pesar de la anulación de la orden de detención, lo que implica que los funcionarios incumplieron con su deber constitucional de ejercer el control de legalidad y sellaron la cuestión en torno a su falta de objetivad”. Esto fue a raíz de lo resuelto por la Sala III de la Cámara de Casación Penal Federal.

“El Tribunal corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que se pronunciara sobre la vigencia de la inmunidad, pero lo hizo manteniendo a nuestro defendido detenido, pese a que, a partir de la anulación, no existía orden fundada de autoridad competente que avalara esa decisión”. Es decir “soslayando que el Superior había anulado su orden de detención por falta de fundamentación, por lo que correspondía disponer su inmediata libertad, el Tribunal mantuvo irregularmente detenido a nuestro representado”.

Para la defensa de Bento “basta con leer el dictamen presentado para concluir que la actuación de los Fiscales no garantiza en modo alguno la objetividad y control de legalidad que demanda la Constitución Nacional para un funcionario del Ministerio Público Fiscal” dado que “el dictamen invoca deliberadamente precedentes jurisprudenciales que ya han sido superados y disposiciones legales que han perdido toda vigencia”.

Así, entonces “omite referirse a la cuestión central en torno al pedido de libertad efectuado por esta defensa: Walter Bento permanece privado de su libertad sin que exista una orden escrita de autoridad competente; es decir, en franca vulneración al artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“Al articular este planteo, no desconocemos que en el caso de los fiscales no les es exigible actuar de manera imparcial como a los Jueces, justamente porque son parte del proceso y su función es -entre otras cosas- impulsarlo en aras de establecer la verdad. Pero el deber de objetividad, implica que deben proceder de modo objetivo, neutro, honesto, velando por la legalidad del proceso y por el respeto de los derechos de las personas involucradas en la causa, lo que aquí no ha sucedido”, arremeten.

La recusación, para la defensa, debe resolverla una nueva composición del Tribunal Oral Federal N°2 porque “a la fecha resta resolver su recusación respecto a actos que, como se comprueba de ambas presentaciones, coinciden con los que fundan el pedido de apartamiento de los representantes del Ministerio Público Fiscal, encontrándose inhabilitadas -entonces- para intervenir en este trámite, con independencia de lo que en definitiva resuelvan sobre su propia recusación”.