La Suprema Corte de Justicia de la provincia desestimó un pedido de prescripción de la condena firme por abuso sexual que pesa contra un exfuncionario del primer gobierno de Alfredo Cornejo.
Se trata del exsubsecretario de Trabajo Alejandro Jofré. El fallo de la Corte es unánime y lleva las firmas de José Valerio, Mario Adaro y Julio Gómez.
La Corte rechazó otro planteo de Alejandro Jofré, exsubsecretario de Trabajo de la provincia.
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La Suprema Corte de Justicia de la provincia desestimó un pedido de prescripción de la condena firme por abuso sexual que pesa contra un exfuncionario del primer gobierno de Alfredo Cornejo.
En las próximas horas se publicará un fallo unánime de los ministros José Valerio, Mario Adaro y Julio Gómez -la sala que salió sorteada para intervenir en el caso- que rechaza la solicitud de Alejandro Jofré, quien fue subsecretario de Trabajo de la provincia hasta junio de 2018. Las partes ya fueron notificadas oficialmente este miércoles sobre la resolución.
La causa tiene varios años. En 2017, empleadas del organismo denunciaron a Jofré por "tocamientos", acusación que derivó en 2023 en una condena del Tribunal Penal Colegiado Número 2 a dos años y medio de prisión en suspenso, con inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, por el delito de abuso sexual simple.
La batalla judicial de Jofré continuó y sigue hasta hoy, a pesar de que todos los resultados han sido adversos para él. Primero, la condena en su contra fue ratificada por la Corte provincial. Luego, la Corte Suprema de la Nación denegó un recurso en queja que había elevado el exfuncionario.
Esta semana, Jofré volvió a la carga en tribunales. En este caso, con el planteo de prescripción de la pena.
El abogado, quien se representa a sí mismo, participó el lunes de una audiencia en la que presentó su pedido de prescripción ante los ministros de la Corte Valerio, Adaro y Gómez. Según pudo reconstruir este diario, Jofré intentó asimilar el cumplimiento de su condena con el sistema que se aplica en casos de reincidencia. Para estos casos, las penas en suspenso se computan a partir del día en que se dicta el fallo de primera instancia.
El reclamo fue resuelto por la sala de la Corte apenas 72 horas después, en contra de los intereses de Jofré. La celeridad de la resolución, según indicaron fuentes judiciales, se debió a que el pedido de prescripción no requería la evaluación de ninguna prueba y sólo consistía en realizar una "interpretación jurídica" de la solicitud, que fue calificada como una "picardía" del condenado.
Jofré fue condenado por la Justicia varios años después de que tres empleadas de la Subsecretaría de Trabajo denunciaran que habían sido tocadas en varias ocasiones por el entonces funcionario, en horario laboral.
La denuncia judicial data de fines de 2017, pero Jofré renunció a su cargo en junio de 2018, en momentos en que Cornejo enviaba al Senado provincial el pliego del entonces ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, como candidato a integrar la Suprema Corte de Justicia.
En ese entonces, Jofré respondía a Garay en la cartera del Poder Ejecutivo que conducía quien ahora ocupa el cargo de presidente de la Corte.
Luego de la sentencia del Tribunal Penal Colegiado Número 2 a dos años y medio de prisión en suspenso, hubo una apelación del exfuncionario que resultó rechazada por la Corte provincial y un recurso extraordinario para acudir a la Corte nacional que tampoco fue aceptado.
Finalmente, Jofré trató de llegar al alto tribunal de la Nación por la vía del recurso en queja, pero en noviembre del año pasado, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resolvieron que este pedido no cumplía con los requisitos exigidos y lo denegaron.
Jofré ya no es funcionario hace mucho tiempo, pero ha trabajado en varios casos como abogado de funcionarios y exfuncionarios radicales acusados ante la Justicia.
En estos días, en tribunales también hay polémica por un viaje a Estados Unidos que realizó hace poco tiempo el exfuncionario. Según fuentes judiciales, Jofré no tuvo obstáculos para viajar al exterior debido a que el tribunal que lo había juzgado no informó al Registro Nacional de Reincidencias sobre la condena firme que pesa en su contra. "Es raro porque tenían la obligación de hacerlo", dijeron.
Varias fuentes confirmaron que esa notificación depende del tribunal que dicta la pena y aclararon que no hubo responsabilidad de la Corte en el tema.