domingo 28 de febrero de 2021

La vicepresidenta Cristina Fernández ejerce su poder de veto a las decisiones del Presidente.
Política

La actualización de las tarifas de servicios la decidirá Cristina Kirchner

Se oficializó la prórroga del congelamiento hasta marzo. La negociación con las empresas estará a cargo de los interventores de los entes reguladores, cercanos a la vicepresidenta.

La vicepresidenta Cristina Fernández ejerce su poder de veto a las decisiones del Presidente.

El futuro de las tarifas de los servicios públicos constituye una de las grandes incógnitas en torno a la política económica, cuya definición será determinante tanto para la marcha de la inflación como para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese contexto, el Gobierno nacional no sólo volvió a postergar las actualizaciones, por lo menos hasta marzo, sino que además activó las gestiones para establecer los nuevos cuadros para el costo de la luz, del gas y del transporte.

La extensión del congelamiento se formalizó a través del decreto 1020/2020, publicado el jueves en el Boletín Oficial. El mismo texto también llama a fijar una revisión tarifaria integral (RTI) sobre los costos de los servicios que estén bajo jurisdicción federal.

Los actuales interventores del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, serán los encargados de sentarse en la mesa de negociación por “sus competencias técnicas y los estudios ya realizados sobre las revisiones”.

Bernal y Manin pertenecen a las filas de Cristina Kirchner, cuya vocación es modificar de manera integral el esquema de aumentos que se estableció durante el gobierno de Cambiemos para “devolverle a la gente su capacidad de consumo”. Por lo menos así lo adelantó la Vicepresidenta en febrero pasado, cuando presentó en Cuba su libro “Sinceramente”.

Una de las primeras medidas que impulsó Alberto Fernández apenas asumió la Presidencia fue la de suspender las subas en las tarifas, en el marco de un plan para desindexar la economía y contener la carrera inflacionaria que acumuló en 2109 un salto récord del 53,8 por ciento.

La decisión luego se mantuvo frente a las complicaciones que impuso la pandemia del coronavirus, pero se trata de una cuestión cuya resolución apremia no sólo por la inflación sino también por las discusiones que el ministro Martín Guzmán llega adelante con el FMI y que exigen compromisos respecto al manejo de las cuentas fiscales.

“Había una revisión tarifaria integral ya hecha, que debía tener una duración de cinco años, y la voltearon”, lamentó Daniel Montamat ante la consulta de este medio.

El ex secretario de Energía de la Nación y ex presidente de YPF agregó que “vamos a tener que asumir con realismo que la energía tiene un costo y que ese costo se paga, en la tarifa o con subsidios, que no son un regalo de Fernández ni eran un regalo de Macri sino que se pagan con impuestos”.

Por lo pronto, el presidente Fernández indicó que Bernal y Manin tendrán hasta dos años para definir el nuevo cuadro tarifario. Sin embargo, parece ser incierta cuál será la posición que se ponderará, sobre todo, porque también este es un tema que genera diferencias en la coalición de Gobierno.

Es que el pedido de Cristina no parece coincidir con la postura de Guzmán, quien considera que los aumentos se tienen que definir según la inflación, que avanzaría un 28% tal como se proyectó en el Presupuesto. Tampoco se sabe qué sucederá con el desfasaje acumulado en 2020, que se encamina a terminar con una suba de precios aún superior al 30 por ciento.

“Esa discusión tiene que tener consistencia con lo que se puso en el Presupuesto. Y en el Presupuesto los subsidios medidos en porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno) no crecen respecto de este año, lo que requiere, salvo que los costos bajen un montón, que las tarifas crezcan en línea con el PBI nominal, que es la multiplicación del PBI más la inflación. Eso te da, por lo menos, el 35 por ciento”, calculó el economista Daniel Artana ante la consulta de este medio.

Artana agregó que es fundamental que “el gobierno tenga coherencia entre lo que hace la Secretaría de Energía, lo que el Ministerio de Economía puso en el Presupuesto y lo que hagan los entes reguladores, porque mucho espacio para poner plata desde el fisco no hay”.

Esa última mención es la que toma peso en las discusiones con el Fondo, porque es una certeza que el Gobierno nacional no tiene margen para ampliar el nivel del déficit, tal como lo exigiría un aumento de los subsidios para las tarifas del transporte y de la energía.

“El tema tarifario es un tema que, si se sigue postergando, se vuelve una bola inmanejable después. Yo no veo que el Tesoro tenga la posibilidad de aumentar los subsidios el año que viene sin poner en riesgo un Presupuesto que ya es demasiado deficitario además”, remarcó Artana.

Montamat agregó que, además de los efectos negativos en la inflación y en las discusiones con el FMI, la postergación de los aumentos genera una situación crítica en el sector energético porque se “rompe la cadena de pagos” y todo repercute en la calidad del servicio.

“Las tarifas más que congeladas están envilecidas por la inflación. Todos los meses se deterioran más y después no alcanzan ni para pagar los costos operativos”, argumentó.


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