El senador Félix González se presentó ante la Justicia a denunciarlo por mal desempeño de sus funciones.
El senador provincial Félix González presentó el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra Sergio Marinelli
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Prensa Senado de Mendoza El kirchnerismo formalizó su denuncia contra el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, tras conocerse el permiso de trámite a cuatro empresas para perforar pozos de agua en un acuífero restringido de Agrelo. El senador Félix González presentó el petitorio de Jury de Enjuiciamiento por “mal desempeño” de sus funciones.
El jueves pasado, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti anunció que su espacio iba a buscar la "remoción inmediata" del funcionario y finalmente la denuncia fue presentada oficialmente este lunes ante la Justicia provincial.
La causal de la demanda expuesta por González radica en el presunto “mal desempeño de funciones” de Marinelli, a raíz de la autorización para nueve pozos de agua en un acuífero que la misma agencia estatal había restringido por un plazo de dos años, en agosto pasado.
Específicamente, los beneficiarios de la Resolución 125 publicada en febrero de 2025 que revirtió lo dispuesto el año pasado, fueron: la empresa Cresud SAFIC A, propiedad del grupo IRSA, cuyo dueño es Eduardo Elsztain; dos perforaciones para la firma Chimpay La Rioja SA; y habilitaciones para el empresario Pedro García Mateo y la empresa Grappolo SA, de Walter Bressia.
Según consta en el texto presentado por el senador kirchnerista el “5 de agosto de 2024, el Superintendente de Irrigación, Sr. Sergio Marinelli, emitió la Resolución Nº 1108, mediante la cual se estableció una restricción de dos (2) años para nuevas perforaciones de pozos de agua en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del río Mendoza, específicamente en la zona de Agrelo. Esta resolución reconocía la necesidad de preservar el recurso hídrico en dicha área”.
En ese sentido, la denuncia realizada por González afirma que, tras la restricción impuesta, “el mismo funcionario, a través de la Resolución Nº 125, autorizó la perforación y uso de al menos nueve (9) pozos de agua en la mencionada zona de Agrelo, contraviniendo la normativa propia y los principios de gestión sostenible del recurso hídrico”.
Mientras tanto, Marinelli tiene previsto presentarse a la Legislatura este martes. El funcionario le solicitó permiso al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés "Peti" Lombardi, para explicar los pormenores del proceso y responder preguntas de los legisladores al respecto.
La cita será ante la Comisión de Ambiente que preside el diputado sanrafaelino Gabriel Vilche, aliado de Cambia Mendoza. Hace unos días, Marinelli le confió a Los Andes que actuó "bajo derecho" y amparó la habilitación en un fallo de la Corte, a favor de la empresa Cresud Safic A.
Casi a la par del kirchnerismo, el exlegislador provincial Marcelo Romano presentó otra denuncia por “mal desempeño” contra el titular del Departamento General de Irrigación. A diferencia de González, Romano acumuló una lista de causales más que la autorización de los pozos en Agrelo.
Entre ellos sumó el reciente escándalo que tituló en la denuncia como “Cloacas crudas al Pescara”. Se trata de la autorización que Irrigación otorgó a Aysam para descargar efluentes cloacales al canal Pescara, tras el colapso de un colector en Los Corralitos, y que afectó el riego de por lo menos 500 hectáreas de cultivos.
También acumuló como causales, no haber denunciado penalmente la contaminación por pasivos petroleros de YPF en Lunlunta (Maipú) y la “intervención irregular” de inspecciones de cauce, entre otros hechos.
El exsenador provincial pidió que Marinelli sea suspendido de su cargo, mientras dure el Jury y luego sea efectivamente removido de su cargo.
El Jury de Enjuiciamiento está compuesto por 21 integrantes: los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores provinciales y siete diputados provinciales. El presidente del Jury es el titular del máximo tribunal, Dalmiro Garay. A pesar de las formalidades, no tiene un plazo establecido para darle curso a la denuncia.
Puede tomarse su tiempo para analizar la documentación de cada denuncia y solicitarle, si es necesario, al denunciante que complete los requisitos que falten. Una vez cumplido ese paso, recién se activarán plazos temporales específicos y se convocará al cuerpo a votar por la admisibilidad o no de los petitorios.
El Artículo 19 de la Ley de Jury de Enjuiciamiento establece que "presentada la acusación o la denuncia al presidente del Jury, éste verificará si la misma cumple con las exigencias establecidas en el Art. 17. Si no fuera así, emplazará al denunciante por cinco (5) días para que las cumplimente, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido en la presentación".
Es decir, se deben analizar los requisitos formales de la denuncia y el titular del Jury no tiene apuros legales en ese trámite. Entre las "exigencias establecidas en el Art. 17" se encuentran la "relación circunstanciada clara y precisa de los hechos que motivan la denuncia, indicando concretamente la causal de enjuiciamiento que se atribuya".
Además, del "ofrecimiento de toda la prueba de que intente valerse, acompañando la documentación que tuviere en su poder o indicando con precisión dónde se encuentra, y consignando los datos de identidad de los testigos, su domicilio y el pliego de interrogatorio al cual serán sometidos, el que podrá ser libremente ampliado por los miembros del Jury y las partes al producirse la testimonial".
Luego, una vez reunida toda la documentación requerida, entonces el presidente del Jury si abrirá un plazo de 48 horas para que se constituya el cuerpo y se vote el inicio del proceso o el rechazo.
Para que se apruebe la admisibilidad y se realice un juicio político, se requiere mayoría simple: 11 votos de 21. El oficialismo tiene entre sus legisladores, 9 de esos votos, por lo que tiene hegemonía para defender al superintendente, pero no le alcanza por sí solo para rechazarlo de plano.
