La disolución de Vialidad Nacional, anunciada por el Gobierno de Javier Milei, provocó las primeras reacciones en Mendoza. Una de las más enfáticas fue la del diputado nacional Julio Cobos, quien calificó la medida como parte de una “ visión de país ausente y carente de federalismo”.
El exgobernador se manifestó en contra de la decisión luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, informara el cierre de varios organismos nacionales, entre ellos Vialidad Nacional.
En su cuenta de X (exTwitter), Cobos expresó: “Continúa el cierre de instituciones históricas y fundamentales para el desarrollo, ahora Vialidad Nacional. La actual administración no realiza obras nuevas, no hace mantenimiento, no gira los recursos del impuesto a los combustibles: excusa perfecta para cerrarla”.
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En una conferencia de prensa, Adorni justificó el cierre del organismo asegurando que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el Presidente”.
La medida incluye también la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la Seguridad Vial, y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
En ese marco, el vocero presidencial anunció que el Ejecutivo nacional “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.
Qué pasa con el convenio firmado por Cornejo con Vialidad Nacional
A mediados de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio con Vialidad Nacional mediante el cual la Provincia asumía el traspaso de una serie de obras viales. Entre los proyectos incluidos se encuentran las rutas nacionales 7, 40 y 143.
Tres meses después del anuncio, ya con el aval de la Legislatura y ratificado por decreto del mandatario, el Ejecutivo provincial aseguró que, pese al cierre del organismo nacional, “el convenio continúa en pie”. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, dialogó con Los Andes y dio precisiones sobre el futuro de las obras que dependían de Nación.
“Con lo firmado con la Provincia no pasa nada, porque cualquiera que continúe con la entidad jurídica de Vialidad Nacional mantiene los efectos jurídicos del convenio. Las rutas alguien las va a administrar, y será el sucesor de Vialidad Nacional”, sostuvo el funcionario.
En ese sentido, la continuidad jurídica del convenio firmado entre Nación y la Provincia quedará a cargo del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo.
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El gobernador Alfredo Cornejo firmó con el secretario de Transporte, el mendocino Luis Pierrini, y el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Compoy.
Prensa Gobierno de Mendoza
Aunque reconoció que aún “desconocen los detalles” del decreto que ordena la disolución del organismo, Mema remarcó que “las obras siguen siendo en rutas nacionales”. En ese sentido, recordó que la Provincia cuenta con un plazo de 36 meses para finalizar los proyectos, cuya inversión estimada oscila entre 150 y 200 millones de dólares.
Por otra parte, el ministro negó que la medida de Nación tenga impacto sobre Vialidad Provincial. En esa línea, destacó el trabajo realizado por el organismo que conduce Osvaldo Romagnoli.
“En Vialidad Provincial hicimos otro camino. Cuando asumimos había más de 1.500 empleados; hoy hay 860 y el organismo tiene injerencia sobre el 100% de las rutas provinciales. Hemos achicado la estructura para concentrar más recursos en la inversión en obras viales”, concluyó Mema.
Los puntos clave del convenio
El anexo del convenio, que consta de siete fojas, detalla los mecanismos de trabajo y las condiciones técnicas y administrativas para la ejecución de los proyectos:
- Destino de los fondos: los recursos serán aplicados a obras específicas definidas por la Subsecretaría de Infraestructura, que oficiará como Unidad de Coordinación Técnica.
- Funciones del organismo subejecutor: en este caso, la Dirección Provincial de Vialidad será responsable de ejecutar las obras, garantizar su licitación, adjudicación y certificación técnica, así como de elevar informes periódicos sobre el avance.
- Peajes en rutas provinciales: el documento contempla que las obras viales que se ejecuten podrán incluir sistemas de mantenimiento y operación mediante regímenes de concesión o cobro de peajes, bajo criterios que deberán definirse en cada caso.
- Mecanismo de financiamiento: el convenio establece el reembolso por parte del fideicomiso de los gastos efectivamente ejecutados, previa presentación de la documentación correspondiente.
- Plazos y seguimiento: cada proyecto deberá tener un cronograma detallado de ejecución. Se prevén auditorías internas y externas para asegurar la correcta aplicación de los recursos.
- Normas aplicables: las contrataciones se regirán por la normativa vigente en la provincia de Mendoza y por los procedimientos que establezca la Subsecretaría.
- Resolución de controversias: se prevé un mecanismo de resolución en caso de discrepancias entre las partes, que comenzará por la vía administrativa y, de persistir, podrá escalar a instancias judiciales.
- Transparencia y control: el convenio incluye la obligación de garantizar la publicidad de los actos administrativos vinculados a las obras y la rendición de cuentas ante los organismos de control provinciales.