El Ejecutivo impulsa un sistema de pronto pago de multas para acelerar los procesos sancionatorios en materia de consumo.
Javier Milei prepara un decreto para modificar la Ley de Defensa del Consumidor: estos son los puntos claves
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Web El Gobierno de Javier Milei trabaja en la elaboración de un decreto que modificará algunos puntos de la Ley de Defensa del Consumidor. Los cambios se centran en el marco jurídico, con el objetivo de incorporar un mecanismo de “pronto pago de multa” dentro del régimen sancionatorio, con la intención de agilizar los expedientes.
La medida será similar al esquema vigente para el pago de multas de tránsito. Bajo este sistema, el infractor puede acceder a una reducción del monto total de la sanción si reconoce la infracción y renuncia a presentar descargos, así como a iniciar recursos administrativos o judiciales.
Según trascendió desde Casa Rosada, los cambios se implementarán a través de un decreto reglamentario que ampliará los alcances de la Ley 24.240. El borrador ya fue revisado y avalado por la Secretaría de Comercio.
Desde la gestión libertaria aseguran, además, que se impulsarán otras modificaciones al régimen vigente.
En la actualidad, todos los expedientes deben atravesar una imputación formal, una etapa de descargo, una resolución y, en muchos casos, apelaciones administrativas o judiciales. Estos procedimientos están regulados por los artículos 45 y 47 del capítulo XII de la ley.
Actualmente, las sanciones contempladas en la Ley de Defensa del Consumidor van desde apercibimientos hasta multas administrativas, que se calculan entre 0,5 y 2.100 canastas básicas totales. También se prevén el decomiso de mercaderías o servicios objeto de la infracción, la clausura del establecimiento o la suspensión del servicio por hasta 30 días.
Asimismo, se contempla la exclusión de los registros oficiales de proveedores del Estado por un plazo de hasta cinco años. Además, la ley establece que el 50% de los montos recaudados por multas y otras penalidades deben destinarse a un fondo especial para promover programas de educación al consumidor y otras políticas públicas vinculadas al consumo.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial será la autoridad encargada de aplicar las sanciones. En paralelo, el Gobierno disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) mediante el Decreto 55/2025.
La decisión fue justificada por el Poder Ejecutivo, al señalar que el organismo “duplicaba tareas con otras entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tenía bajos niveles de eficiencia”, lo que representó un ahorro anual de 650 millones de pesos, según estimaciones oficiales.
Por otro lado, desde mediados de 2024, en Casa Rosada circula un borrador de un nuevo Código de Defensa del Consumidor. El texto fue revisado por la “Comisión Reformadora de la Ley de Defensa del Consumidor” y apunta a establecer un marco integral que regule la relación entre consumidores y proveedores.
El proyecto busca definir claramente los derechos y obligaciones de ambas partes al momento de adquirir productos o contratar servicios.