La firma, cuyos dueños es la familia Calcaterra, que opera la planta de papas en Luján accedió a derechos formales sobre dos pozos clave.
Irrigación regularizó dos pozos que ya estaban en funcionamiento sin título definitivo. Son dos pozos en Cacheuta que ya operaban bajo “tolerancia administrativa”.
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El Departamento General de Irrigación avanzó con la regularización de perforaciones en una de las zonas más sensibles de Mendoza y otorgó títulos de concesión para el uso de agua subterránea a emprendimientos ubicados sobre la margen derecha del río Mendoza, un área bajo fuertes restricciones hídricas.
Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial formalizan el otorgamiento del derecho de uso sobre el recurso a dos perforaciones vinculadas a la empresa Simplot Argentina S.R.L., que ya contaban con permisos previos pero no con la concesión definitiva. Con este paso, Irrigación les reconoce un derecho fijo sobre el agua.
Se trata de un punto clave: mientras el permiso habilita la construcción del pozo, la concesión otorga seguridad jurídica para la explotación del recurso. Los títulos otorgados tienen una vigencia de 50 años, aunque bajo condiciones estrictas: son concesiones temporales, condicionadas y sujetas a control estatal.
Entre las exigencias, se incluye la instalación de instrumentos de medición, la presentación de declaraciones juradas anuales y la posibilidad de inspecciones. El incumplimiento puede derivar en sanciones o incluso en la caducidad del derecho de uso.
Las perforaciones se ubican en Cacheuta, sobre la ruta 7, en la margen derecha del río Mendoza, un sector declarado en restricción por la presión sobre el acuífero.
A pesar de ese contexto, los informes técnicos avalaron la viabilidad del proyecto, aunque con límites. En conjunto, los dos pozos podrán extraer hasta 0,891 hectómetros cúbicos anuales para uso industrial, aunque cada uno fue ajustado a un máximo de 0,45 hm³.
Según surge de los expedientes, la empresa ya utilizaba el recurso sin contar con el título concesional, en el marco de lo que Irrigación calificó como una “tolerancia administrativa”, una práctica extendida durante años.
Detrás del desarrollo industrial se encuentra la empresa San Fili, firma de la familia Calcaterra quienes son cercanos al expresidente de la Nación Mauricio Macri, que representa a la marca Simplot en Mendoza y montó en la provincia toda la cadena de producción de papas congeladas.
La planta industrial está ubicada en Luján de Cuyo, camino a Chile y en cercanías del complejo penitenciario, y utiliza el agua subterránea para su proceso productivo.
No se trata de una autorización aislada. El esquema productivo de la firma integra tanto la fase industrial como la agrícola, con cultivos asociados que dependen del recurso hídrico.
San Fili también desarrolla la producción de materia prima en el Valle de Uco, particularmente en San Carlos, donde cuenta con 14 pozos de agua subterránea para el cultivo de papa.
Allí utiliza sistemas de riego tecnificado por pivote, una modalidad de alta demanda hídrica que permite sostener la escala industrial del emprendimiento.
Además, la empresa ya había accedido a permisos para perforaciones en Cacheuta, destinadas a abastecer la planta industrial. Incluso, según fuentes del sector, el desarrollo requirió gestiones adicionales para asegurar el suministro de energía eléctrica, otro recurso considerado crítico en la zona.
Uno de los aspectos centrales del esquema es el reúso del agua. Parte del recurso extraído es utilizado en la planta y luego destinado a riego agrícola.
De acuerdo con los expedientes, la firma tiene en producción cerca de 92 hectáreas con cultivos rotativos y forestales, y proyecta ampliar el uso de efluentes para regar hasta 100 hectáreas de alfalfa.
Irrigación condicionó la autorización definitiva de este sistema a la instalación de caudalímetros que permitan medir con precisión los volúmenes reutilizados.
El otorgamiento de estas concesiones se enmarca en un proceso de ordenamiento iniciado en 2017, que busca corregir un esquema que durante años permitió el uso de agua subterránea sin completar el trámite legal correspondiente.
“Son perforaciones cuyos permisos se otorgaron en el marco del proceso de reordenamiento, y que corresponde una vez realizados que el HTA les dé la concesión”, explicó el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli a Los Andes.
El funcionario remarcó que se trata de expedientes que habían quedado pendientes en gestiones anteriores. “Son parte de los que habían dejado de lado Frigerio y Álvarez”, sostuvo.
Además, indicó que el proceso cuenta con aval técnico del Instituto Nacional del Agua (INA) y del IHLLA, así como respaldo jurídico del Instituto del Agua de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.
