La instancia se realizará el 15 de octubre en la sede la empresa ubicada en Godoy Cruz. El proceso apunta a ordenar una deuda de USD 576 millones.
La instancia se realizará el 15 de octubre en la sede la empresa ubicada en Godoy Cruz. El proceso apunta a ordenar una deuda de USD 576 millones.
Foto:
IMPSA anunció este lunes el inicio formal del proceso para alcanzar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con sus acreedores, en el marco de un expediente que tramita en el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, a cargo de la jueza Gloria Cortez.
La medida busca reestructurar la deuda financiera de la compañía a través de una propuesta que deberá ser analizada y votada por los tenedores de obligaciones negociables y bonos internacionales emitidos en distintos períodos.
El procedimiento se enmarca en la Ley de Concursos y Quiebras (24.522), que habilita este mecanismo como una alternativa para ordenar las finanzas de empresas con dificultades, evitando así un concurso preventivo tradicional.
Actualmente, la firma metalmecánica que encabeza Jorge Salcedo, a cargo del fondo de inversión estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), cuenta con una planta de alrededor de 700 operarios.
En cumplimiento de la resolución judicial, IMPSA convocó a Asambleas Generales de Obligacionistas y Bonistas para el próximo 15 de octubre de 2025, que se realizarán en la sede de la compañía ubicada en Carril Rodríguez Peña 2451, en el departamento de Godoy Cruz.
Cada reunión corresponde a una clase específica de títulos en circulación y se celebrará en horarios diferenciados:
En todas las instancias se abordará un orden del día común: la designación de representantes para firmar las actas y la consideración de la oferta de APE efectuada por IMPSA.
Los tenedores que deseen participar deberán acreditar su tenencia mediante certificados de titularidad con una antigüedad no mayor a 30 días. En el caso de quienes actúen a través de representantes, se exigirá poder notarial o carta poder con instrucciones expresas de voto.
Toda la documentación deberá ser presentada con al menos un día hábil de anticipación y enviada al correo institucional dispuesto por la empresa.
IMPSA también habilitó un mecanismo de consultas previas mediante llamadas o videoconferencias, con el objetivo de facilitar explicaciones sobre la propuesta y la logística de participación en las asambleas.
La oferta de APE, que ya fue publicada como hecho relevante en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores el pasado 18 de agosto, constituye un paso central en el intento de la compañía de recomponer su situación financiera.
Este proceso resulta especialmente relevante para IMPSA, ya que la empresa dedicada a soluciones energéticas y con fuerte participación estatal desde 2021 enfrenta compromisos significativos en dólares a largo plazo.
La aprobación del acuerdo dependerá de la voluntad de los acreedores, quienes deberán alcanzar las mayorías previstas en la ley para convalidar la reestructuración.
Los resultados de las votaciones serán protocolizados ante escribano público y elevados al juzgado interviniente, que luego deberá homologar el procedimiento si se cumplen las condiciones legales.
A mediados de junio, la mesa directiva de IMPSA alcanzó un principio de acuerdo con sus principales acreedores para firmar un APE. Esta herramienta legal le permite postergar el pago de una deuda de 576 millones de dólares hasta el año 2036.
La presentación fue realizada ante el Segundo Juzgado Concursal de Mendoza. El nuevo esquema traslada los vencimientos, que comenzaban este año, al 31 de diciembre de 2036. A partir de entonces, los pagos se extenderán durante nueve años, hasta 2044.
Según informó la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa “ha iniciado formalmente el proceso necesario para el reperfilamiento de su deuda, con el objetivo de fortalecer su posición financiera y continuar avanzando en su proceso de recuperación y crecimiento”.
El esquema de reestructuración no contempla quitas de capital, sino una extensión de los plazos de pago, con términos financieros que serán presentados al juzgado tras la realización de las asambleas de acreedores.
Entre los principales acreedores figuran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Nación al que IMPSA le debe más de $14.000 millones, el BICE y el grupo Moneta. También integran la lista el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Hipotecario, Export Development Canadá, la Corporación Andina de Fomento, el banco brasileño Bradesco y tenedores de obligaciones negociables.
Aunque la versión completa del APE será oficializada más adelante, el comunicado de IMPSA adelantó los principales puntos del entendimiento: