El acuerdo permitirá que el municipio adquiera terrenos de la Nación sin asumir los costos previos. Se prevé la construcción de 800 viviendas.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente junto con el ministro de Economía, Luis Caputo.
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Cuenta de X de Marcos Calvente. El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, acordó con el Ministerio de Economía de la Nación el traspaso de los terrenos donde se desarrollaba el programa Procrear en el departamento. El convenio con la cartera que conduce Luis Caputo se firmaría en los próximos días y, de concretarse, Guaymallén se convertirá en el primer municipio del interior del país en lograrlo.
El anuncio se da tras la resolución 1199 del Ministerio de Economía, que habilita a provincias y municipios a recibir la transferencia de programas habitacionales que dependían de Nación y se encontraban paralizados. En este marco, Guaymallén decidió avanzar con las obras inconclusas del Procrear.
Los terrenos están ubicados en calle Tirasso 2131, en Buena Nueva, y cuentan con casi 100 mil metros cuadrados. Semanas atrás, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, fue el primero en concretar la municipalización del Procrear en el conurbano bonaerense.
“Estamos muy felices de lograr este acuerdo, pero queremos ir por más. Nuestra intención es no continuar exactamente con el proyecto como estaba pensado, sino que hemos hecho una reingeniería: de las 500 soluciones previstas originalmente, queremos llegar a 800”, afirmó Calvente a Los Andes.
En el caso de Guaymallén, la comuna adaptó el modelo original de Procrear, que proyectaba costos de construcción de más de 2.500 dólares por metro cuadrado, a uno más accesible para los vecinos del departamento.
Otro punto destacado es que el municipio no deberá asumir los gastos de inversión realizados anteriormente por el programa, cuyo valor fue impactado por la inflación y el aumento de costos.
El proceso de activación comenzó hace cuatro meses, cuando se autorizó a la Secretaría de Obras a iniciar la tasación, la rescisión del contrato y la elaboración del convenio para adquirir el predio. El Tribunal de Tasación de la Nación, junto con la Municipalidad, valuó el terreno y las construcciones en cerca de 1.300 millones de pesos.
“El cálculo incluyó las obras existentes y también lo que habrá que demoler. Es un paso fundamental para poder avanzar con la compra del predio”, agregó el intendente.
El primer paso formal es la rescisión del contrato del fideicomiso Procrear, proceso ya iniciado con la notificación a las empresas. Una vez resuelto, el municipio podrá avanzar en la conformación de un nuevo fideicomiso.
El esquema acordado establece que primero se firmará un alquiler con opción a compra por 180 días. Durante ese tiempo, se abonará un canon y luego se realizará la oferta definitiva, basada en la tasación oficial. En paralelo, el municipio evaluará la custodia del predio, posiblemente con apoyo de la Policía de Mendoza.
El proyecto contempla 800 unidades habitacionales y un zócalo comercial, con el objetivo de darle un perfil urbano y comercial a la zona. Actualmente, se ejecutan obras eléctricas especiales para abastecer al futuro barrio, junto con colectoras y trabajos urbanos en calles aledañas, que demandarán aproximadamente dos años.
“Estamos diseñando y ejecutando toda la obra eléctrica y urbana necesaria, incluida la calle Tirasso y las colectoras, para que la zona crezca y tome un perfil urbano y comercial”, explicó Calvente.
El Procrear de Guaymallén había comenzado a fines de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, luego de que el entonces titular del INV, Martín Hinojosa, donara el terreno de Tirasso. Sin embargo, la transferencia nunca se concretó y la superficie quedó bajo dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Las constructoras adjudicatarias fueron Reic, Laugero Construcciones y OHA Corporación del Sur, las cuales alcanzaron a ejecutar un 16% del proyecto, hasta que la obra se paralizó por la falta de fondos nacionales y la eliminación del programa.
Ante este escenario, las empresas analizan plantear canje de deuda con la Nación por el avance ya certificado. En ese esquema, el municipio no vería con malos ojos aportar la infraestructura urbana (agua, cloacas, alumbrado, calles, cunetas y veredas), mientras que las constructoras pondrían el terreno.
“La intención es recuperar la inversión a través de las cuotas que paguen los beneficiarios, independientemente de cómo se estructure el fideicomiso. Si el municipio aporta la infraestructura urbana y las empresas el terreno, podemos hacer que el fideicomiso funcione igual”, concluyó Calvente.