Hay muchas construcciones civiles clandestinas en Mendoza, lo cual es un peligro en sí para quienes habitan inmuebles con esas características. Por eso es necesario que más municipios ofrezcan planes para regularizar estas situaciones tan anómalas
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El sueño de la vivienda propia y digna está muy alejado de la realidad de muchos mendocinos y son demasiados, más de lo previsible, los ciudadanos y ciudadanas que habitan en condiciones deplorables en asentamientos o alquilan lugares de muy baja calidad.
Mientras no se solucione este aspecto social de máxima prioridad, tendremos en nuestro haber la penuria que sufren miles de hogares en el territorio.
Otro problema declarado y grave en materia de vivienda es la gran cantidad de obras civiles en construcción o ampliaciones de inmuebles que se encuentran sin las habilitaciones municipales y por consiguiente enfrentando potenciales problemas de seguridad edilicia.
Algunos municipios ofrecen planes con quita o disminución de multas para aquellas obras de construcción o ampliaciones que se hayan hecho sin habilitación.
Una investigación realizada recientemente por el medio “Sitio Andino”, reveló que casi un cuarto de las construcciones civiles realizadas en la última década en la provincia se hizo de manera irregular o clandestina.
La alerta sobre tan delicado problema lo planteó el Centro de Ingenieros de Mendoza (CIM), que descubrió que 24% de toda la superficie construida en la provincia, entre 2000 y 2024, carece de permisos oficiales.
Seguramente el estudio de los ingenieros se apoyó en un dato revelador brindado por la Dirección de Estadísticas y Actividades Económicas de Mendoza (DEIE), que determinó que los más de 21,6 millones de metros cuadrados construidos en 24 años (a partir de 2000), carece de autorizaciones oficiales, es decir que se levantaron sin el aval correspondiente.
Luego de conocerse que casi un cuarto de las construcciones civiles realizadas en la última década en Mendoza se hicieron de manera irregular, nos preguntamos qué hacen los departamentos para desmontar estas gravísimas falencias.
En síntesis: resulta alarmante que la cuarta parte de las construcciones de la provincia en casi un cuarto de siglo se haya realizado clandestinamente, sin aprobación de proyectos por los municipios con las subsiguientes inspecciones en las etapas de construcción.
Esta actitud anómala tiene diversas causas, como trabas burocráticas de las oficinas de obras privadas municipales para aprobar proyectos e inspecciones de obras; alto valor de los aranceles a pagar por dichos servicios; elevado costo profesional de los planos y especificaciones de arquitectura, instalaciones y cálculo estructural; elevado precio de los materiales de construcción; crisis de la falta de unidades habitacionales, que lleva a los hogares de menores recursos a improvisar la construcción del techo propio ignorando la instancia municipal.
Varios municipios (Las Heras, Tupungato, General Alvear, Luján de Cuyo, Guaymallén y Maipú) están ofreciendo facilidades para la regularización de obras clandestinas.
Las circunstancias críticas actuales hacen aconsejable la formulación de todos los municipios de medidas de blanqueo de la construcción no declarada; reducir al máximo los aranceles de las tramitaciones; incluir también construcciones en urbanizaciones informales, carentes de algunas de las infraestructuras de servicios básicos y obras de urbanización.
Se concluiría resaltando que tal nivel de clandestinidad edilicia en Mendoza obedece a múltiples causas sociales y económicas de muchos hogares sin las opciones a las que adhieren los sectores de mayores recursos que pueden construir sus propias viviendas sin tamañas dificultades.
