9 de abril de 2025 - 16:02

Fecovita: Diputados aprobó por unanimidad el pedido de información dirigido a la Justicia

El pedido por el caso Fecovita había sido dictaminado en la comisión de Derechos y Garantías y puso en foco la actuación del Ministerio Público Fiscal. Reacción de Iberte.

Puntualmente la Cámara Baja solicita al MPF que se "informe sobre el estado de la causa, acciones judiciales y actos útiles del Expediente P-17.924/2023 radicado en la Fiscalía de Delitos Económicos Nº7, a cargo del Fiscal Juan Ticheli y cuyo Fiscal en Jefe es el Dr. Alejandro Iturbide".

El pedido tuvo 38 votos afirmativos y ninguno en contra, es decir se repitió la misma lógica que en la comisión. Contó con el respaldo de los bloques de Cambia Mendoza, el PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde.

Aunque vale aclarar que faltaron una decena de legisladores en sus bancas: Natalia Vicencio, Roxana Escudero y Julio Villafañe fueron los tres legisladores que no asistieron a la sesión y otros siete no participaron de la votación.

El debate

El miembro informante de la Comisión de Derechos y Garantías, José Luis Ramón, hizo un repaso de antecedentes sobre el conflicto que afronta FeCoVita desde el año 2022, cuando se pidió la quiebra.

El diputado señaló que se trata de un "conflicto comercial entre la mayor federación de cooperativas vitivinícolas argentina y el grupo empresario AISA, que utilizando una pata con ex gerentes de la empresa Fecovita, se llevaron información privilegiada y pretenden hacer un conflicto de tipo penal". Ramón recordó que el fiscal Flavio D'Amore ya había archivado una denuncia el año pasado de este tipo, al sostener que se trataba de un conflicto comercial.

"Pícaramente este estudio jurídico inicia una denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos Número 7 a cargo del nuevo fiscal Ticheli. Acá aparece el problema institucional. No se puede utilizar al Ministerio Público Fiscal para investigar supuestos imputaciones de delitos, cuando lo que existe acá es un claro conflicto de tipo comercial. Y sobre todo, porque en la formación de los más de 5.000 productores, la denuncia penal no es hecha por algún productor que se siente estafado por lo que hacen sus directivos", sostuvo Ramón.

"Yo le voy a decir a los fiscales Iturbide y Ticheli, me parece que van a tener que imputar a los 5.000 productores que avalan el funcionamiento de la Federación de Cooperativas, si realmente dicen que puede existir un delito de estafa", apuntó Ramón y dijo que los cooperativistas aprobaron los balances de los años 2022, 2023 y 2024, a los cuales tuvo acceso la comisión de Diputados.

Entonces, advirtió que este conflicto penal tendrá un "perjuicio enorme, porque trae desprestigio y dudas en entidades financieras que aportan dinero año tras año para la cosecha, el acarreo y la compra de herramientas oficiales a muy baja tasa de interés".

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El diputado José Luis Ramón es el titular de la Comisión de Derechos y Garantías

El diputado José Luis Ramón es el titular de la Comisión de Derechos y Garantías

El diputado Miguel Ronco (UCR) tomó la palabra después de Ramón y se manifestó como "productor, vecino y legislador en defensa de los pequeños y medianos productores que integran esta tan hermosa cooperativa como Fecovita".

Entonces comparó esta situación con la quiebra de Greco, que generó un "caos económico terrible en nuestra provincia".

"Fecovita es la primera empresa vitivinícola en volumen en la Argentina. Vende 270 millones de litros de vino al año y está ubicada entre los 10 primeros grupos vitivinícolas del mundo", sostuvo Ronco.

"No estamos hablando solo de nuestro país. Son 1.200 clientes estratégicos que también van a sufrir un latigazo. Acuerdos comerciales con más de 40 países, donde esto nos permite sacar a veces el sobrante de nuestros vinos gracias a estas exportaciones, Fecovita es el primero en exportación de vino a granel", agregó el exjefe comunal.

"Son más de 25.000 hectáreas en producción asociadas, con más de 1.000 colaboradores indirectos. Son oficinas internacionales con 29 cooperativas asociadas, de las cuales casi conozco a la mayoría", sostuvo.

"Yo sé que esta Cámara no puede influir mucho en una decisión judicial, pero sí le tenemos que decir a nuestros fiscales y a nuestros jueces, que trabajen sobre esta situación y vayan realmente con la gente que ha cometido el delito, no contra la empresa que es la que tenemos que sostener. Porque sí se da la quiebra de esta cooperativa, no podríamos sostener los avatares económicos que se van a producir", completó Ronco.

Las imputaciones en Fecovita que despertaron la polémica

El pedido de información legislativo surgió poco después de que Rubén Panella, Jorge Irañeta y Juan Angel Rodríguez, actuales directivos de Fecovita y Eduardo Sancho, expresidente de la federación, además de Marcelo Federici, fueran formalmente imputados por estafa.

La causa se enmarca en el conflicto que Fecovita enfrenta con su exsocia Iberte, del español Juan José Retamero, que ha presentado múltiples denuncias tanto en el fuero comercial como en el penal.

Ante el pedido de información elevado a la Justicia, la empresa Iberte reaccionó con un escrito que presentó ante la misma comisión de Derechos y Garantías de Diputados, en el que planteó que dicho informe “ya fue evacuado de manera completa y documentada hace menos de dos meses”.

“La comisión de Derechos y Garantías actuó amparándose en una denuncia sin sustento legal presentada por Osvaldo Coll, quien refirió actuar bajo presuntas instrucciones de los imputados de Fecovita. Dicha denuncia apunta contra la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal por supuesta violación del debido proceso, pero no ofrece prueba alguna ni fundamentos válidos”, dice el comunicado que presentó Iberte.

El abogado de Iberte, Carlos Aguinaga, puntualizó en este sentido que "las acusaciones contra los fiscales tienen como único objeto evidente intimidarlos" y sostuvo que la presentación de Fecovita “no menciona que las imputaciones por estafa fueron avaladas por la jueza de garantías Eleonora Arenas, lo cual refuerza la legalidad y solidez de la investigación penal en curso”.

Sin embargo, Ramón por su lado denunció que la imputación de los directivos se debió al "lobby empresario" y sentenció que "si estos fiscales están de la manera que fuera actuando como no corresponde, se abre la posibilidad de pedirle una investigación al Jury".

El fondo de la cuestión es una denuncia de Iberte, que acusa a los directivos de Fecovita de haberse apropiado ilegalmente de una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.

Renuncia de peritos que mete más ruido

El 25 de marzo pasado, los contadores del Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal que estaban realizando la pericia sobre los supuestos balances de Fecovita se excusaron de seguir en el proceso por una serie de situaciones vividas junto a los peritos de Iberte.

En el escrito, Oscar Alberto Martín, Natalia Alejandra Vargas y Adriana Gómez Pagnotta manifestaron haber sufrido "violencia moral y subestimación profesional" y dijeron que en el proceso se puso en duda su "imparcialidad".

"Resulta plenamente justificada la excusación que sostenemos y nuestro inevitable apartamiento como peritos contadores de la presente causa, entendiendo que es el mejor remedio que como personas de bien estos peritos pueden otorgar a las partes del proceso", rematan en el escrito

Esta decisión se basó en los sucesivos escritos que los peritos de Iberte venían presentando, en los cuales se dudaba del accionar de los peritos oficiales. En algunos de ellos descalificaron a los integrantes del Cuerpo Médico Forense con expresiones como “los peritos oficiales expresaron insólitamente”, entre otras.

En la carta de excusación, los peritos oficiales señalaron que la estrategia de la querella era que ellos se expidieran sobre "cláusulas contractuales en litigio y que a la fecha se encuentran sometidas a distintos procesos judiciales sin resolución". Afirmaron también que "no hay ninguna norma que obligue a un contador a expedirse sobre consecuencias contables y económicas devenidas de cláusulas contractuales en litigio".

"El letrado competente para interpretar cuestiones de derecho en este y en cualquier proceso judicial es el Fiscal o un Juez, y ningún otro debe hacerlo”, señalaron también en la carta de renuncia, en la que incluso denunciaron filtraciones a medios de la pericia en curso.

En este contexto, desde Fecovita acusan a Iberte de no querer resolver el conflicto y dicen que "siempre encuentra la forma de entorpecer los procesos".

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