El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) formalizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata presentó la demanda ante los tribunales de Comodoro Py.
Javier Milei
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El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) formalizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público.
La presentación judicial surge a raíz de una serie de expresiones públicas y entrevistas en las que el mandatario habría manifestado una postura que el organismo considera una "abdicación de la causa Malvinas".
El eje del conflicto se centra en una entrevista publicada el 29 de diciembre de 2025 por el diario británico The Telegraph, donde Milei afirmó que el territorio solo debería regresar a la Argentina "cuando los isleños así lo deseen".
Para los denunciantes, estas declaraciones, sumadas a su discurso del 2 de abril de 2025 —en el que sostuvo que el Gobierno aspira a que "los malvinenses prefieran ser argentinos"—, trasladan el reclamo soberano del derecho internacional a un plano meramente "económico y voluntarista".
La demanda, radicada en el juzgado federal 12 bajo la subrogancia del juez Julián Ercolini, sostiene que el Presidente actuó con "conocimiento pleno de sus actos" y vulneró la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Dicha norma establece que la recuperación de las islas es un "objetivo permanente e irrenunciable" y, si bien exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes, "nunca sus deseos en lo que respecta a la soberanía".
Asimismo, el CECIM señaló que Milei ha ignorado leyes nacionales y resoluciones clave de las Naciones Unidas, como la Resolución 2065, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sin contemplar la autodeterminación de los habitantes.
Los abogados de la entidad, Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, advirtieron que los actos de un Jefe de Estado en esta materia no son simples palabras, sino "hechos jurídicos internacionales" que podrían debilitar la posición histórica del país.
Antes de recurrir a la justicia, el CECIM, presidido por Rodolfo Carrizo, había enviado una carta documento al Ejecutivo exigiendo una retractación en un plazo de 24 horas. En dicha misiva, acusaron al mandatario de falta de respeto a los caídos y de incurrir en una situación de "traición a la Patria". Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de la presidencia y la Cancillería, la organización decidió avanzar por la vía penal.
Además de la cuestión de soberanía, los excombatientes cuestionaron que el libertario mencionara estar negociando con los británicos el levantamiento de restricciones de armas impuestas tras la guerra, mientras defiende la autodeterminación de los kelpers.
La denuncia solicita ahora que se investigue si estas conductas podrían configurar otros delitos de acción pública, reafirmando que la postura del actual Gobierno representa un "flagrante incumplimiento" de las responsabilidades constitucionales del Poder Ejecutivo.