La iniciativa del diputado Lisandro Nieri toma como referencia la ley uruguaya y establece requisitos, controles y garantías para pacientes y profesionales.
El proyecto establece procedimientos, resguardos e instancias de revisión para quienes soliciten la práctica en el marco del sistema de salud.
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El diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Lisandro Nieri, presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en todo el país. La iniciativa toma como referencia la legislación recientemente sancionada en Uruguay, que a mediados de octubre se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar esta práctica.
El objetivo central es establecer un marco legal que permita a personas con enfermedades graves e incurables, o con padecimientos crónicos y limitantes, solicitar ayuda médica para morir bajo estrictos requisitos y controles.
A la vez, fija derechos, procedimientos y garantías tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud, e introduce modificaciones al Código Penal para dar respaldo legal a quienes acompañen estas decisiones.
La presentación de Nieri se suma al pedido que realizó el gobernador Alfredo Cornejo en noviembre del año pasado, cuando instó al Congreso a avanzar con esta temática durante un homenaje al abogado mendocino Daniel Ostropolsky, realizado en la Legislatura.
En esa ocasión, Cornejo recordó que durante su paso por la Cámara de Diputados presentó junto a la actual ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, un proyecto para despenalizar la eutanasia.
“Trabajar para que el Congreso de la Nación convierta esa iniciativa en ley es el mejor homenaje que podemos hacer”, expresó el Gobernador. Y añadió: “Esta ley es relevante, oportuna y necesaria. Es la ley que hace falta. El silencio que causa su ausencia solo amplifica los lamentos de quienes sufren por ella”.
Ostropolsky falleció en septiembre de 2022, a los 73 años, a raíz de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En sus últimos años impulsó activamente una ley para legalizar la eutanasia.
Según el texto presentado, toda persona adulta que padezca una enfermedad grave, crónica o incurable podrá solicitar la prestación de ayuda para morir. El pedido deberá realizarse dos veces, de manera voluntaria, por escrito y con una separación mínima de quince días entre cada solicitud.
El consentimiento informado, la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento y la intervención de una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada jurisdicción forman parte de los resguardos previstos. El sistema de salud, tanto público como privado, estará obligado a garantizar la práctica y cubrir todos los costos asociados.
El proyecto define la eutanasia como un procedimiento realizado por un médico, o bajo su supervisión, una vez verificado que se cumplen todos los requisitos legales y éticos, con el fin de provocar la muerte de quien lo solicita en forma reiterada y fehaciente.
También reconoce que los mayores de 16 años y las personas con capacidad restringida pueden ejercer este derecho, bajo condiciones y salvaguardas específicas. La iniciativa prevé una revisión obligatoria de cada caso por una comisión médica multidisciplinaria integrada por profesionales de la salud y un jurista especializado.
La comisión deberá evaluar la historia clínica, entrevistarse con el solicitante y emitir un dictamen en un plazo máximo de cinco días. Si el dictamen es negativo, el paciente podrá pedir la revisión ante el pleno de la comisión.
Una vez aprobado el pedido, la práctica deberá realizarse en un máximo de diez días, ya sea de forma directa por un profesional o mediante autoadministración supervisada.
El personal sanitario podrá ejercer la objeción de conciencia, siempre que lo informe por escrito, con antelación y sin interferir en el acceso del paciente a la práctica.
En caso de que todos los profesionales de un establecimiento se declaren objetores, la institución deberá derivar al paciente a otro centro de similares características y asumir los costos del traslado y la gestión.
El proyecto incorpora los artículos 83 bis y 83 ter al Código Penal, excluyendo la responsabilidad penal de los profesionales de la salud que actúen conforme a los procedimientos establecidos y sancionando a quienes dilaten, obstaculicen o nieguen injustificadamente el acceso a la prestación.
Además, establece que la muerte producida bajo estos procedimientos será considerada legalmente como muerte natural. Durante la presentación, Nieri afirmó: “La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”.
Señaló también que el texto retoma los principios de la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolongan artificialmente la vida.
El proyecto se inspira en las experiencias de países como Uruguay, España y Canadá, que han regulado la muerte médicamente asistida bajo marcos éticos y legales estrictos. Sostiene además que regular la eutanasia no implica promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y responder a una demanda social y profesional sostenida en el tiempo.
La propuesta fue acompañada por la diputada mendocina Pamela Verasay y por los radicales Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz.