El Ejecutivo advirtió que los proyectos de jubilaciones, discapacidad y fondos para provincias, ponen en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado, mientras que la oposición defiende su impacto social.
Diputados: la oposición avanza hacia un acuerdo para aumentar las jubilaciones y el bono.
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Juan Vargas / NA La Cámara de Diputados tratará este miércoles una serie de proyectos que, según el Gobierno de Javier Milei, podrían “poner en riesgo” el equilibrio fiscal alcanzado en los últimos meses. Entre las iniciativas a debatir figuran el aumento de las jubilaciones, la ley de emergencia en discapacidad y cambios en el reparto de los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si la oposición logra insistir en la ley vetada por el presidente que establece un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, junto con la actualización del bono para jubilados de la mínima a $110.000 mensuales, el costo fiscal sería de 0,32 puntos del PBI en lo que resta de 2025. Anualizado, ese impacto se elevaría a 0,78 puntos del PBI.
La norma también prevé un esquema de anticipos mensuales para compensar el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Según la OPC, este mecanismo no tiene impacto económico directo, pero sí financiero: entre agosto y diciembre de 2025 representaría 0,17% del PBI, con un costo anualizado de 0,38%.
En el texto de la ley, la oposición consignó fuentes de financiamiento, aunque la OPC advirtió que resultan insuficientes y solo cubrirían 0,39% del PBI. Los impulsores de la medida sostienen que el costo se vería parcialmente compensado por la recuperación del poder adquisitivo de jubilados y pensionados: los haberes mínimos mejorarían un 16% y el resto de la escala un 11%.
Otra de las normas que se pondrá en discusión es la ley que declara la emergencia por discapacidad hasta 2026, prorrogable por un año más, también vetada por Milei. El Presidente argumentó que la iniciativa generaría un fuerte impacto fiscal.
Según la OPC, el costo total de las medidas oscilaría entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). La variación responde a que la norma habilita nuevas altas en las pensiones por discapacidad, lo que elevaría la cantidad de beneficiarios entre 493.000 y 946.000.
Además, la ley contempla una compensación de emergencia a prestadores del servicio, estimada en $278.323 millones (0,03% del PBI). También dispone una actualización mensual de aranceles, cuyo impacto fiscal es “difícil de estimar”, según la OPC.
En la sesión también se debatirán dos proyectos impulsados por gobernadores, que ya cuentan con media sanción del Senado: la coparticipación automática del Fondo de ATN y la modificación en el esquema de distribución del impuesto a los combustibles. Ambas iniciativas suponen transferencias directas y de libre disponibilidad para las provincias.
En el caso de los ATN, el cambio implicaría que los fondos pasen a distribuirse casi en su totalidad de manera automática, en reemplazo del actual reparto discrecional. Respecto al impuesto a los combustibles, las provincias recibirían el 57% de la recaudación, frente al 25,5% actual.
Un informe de la Fundación Mediterránea indicó que, de haber regido en 2024, estas reformas habrían aumentado el gasto provincial hasta un 1,5%, mientras que para la Nación hubieran significado el 60% de su superávit financiero.
Finalmente, la oposición intentará insistir en la ley que otorgaba $200.000 millones en fondos de emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por un temporal en marzo. La iniciativa contemplaba recursos para la reconstrucción y subsidios a damnificados.
Milei vetó totalmente la norma en junio por falta de financiamiento específico. El Senado ya rechazó ese veto, y si Diputados hace lo mismo, será la primera vez que el Congreso deje sin efecto una decisión presidencial desde el inicio de la gestión libertaria.