La medida de Estados Unidos alcanzó a Pablo Ferrara Raisberg, quien integró el área pesquera durante la gestión de Diana Mondino. EE.UU. le revocó la visa.
Estados Unidos le revocó la visa a un exfuncionario argentino vinculado a la pesca ilegal china en el país.
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NA (redes) El gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa de un exfuncionario argentino que había ocupado un cargo vinculado al área pesquera durante la gestión de Diana Mondino en la Cancillería. La medida surge en medio de sospechas sobre presuntas conexiones con actividades relacionadas a la pesca ilegal china.
Se trata de Pablo Ferrara Raisberg, quien se desempeñó como representante ante el Consejo Federal Pesquero y dejó el cargo en marzo de 2024. Según trascendió, autoridades estadounidenses detectaron posibles vínculos entre el exfuncionario y sectores ligados a embarcaciones chinas acusadas de operar de manera irregular en aguas internacionales y en zonas estratégicas de la región.
La decisión de Washington generó incomodidad en distintos sectores diplomáticos y volvió a poner bajo la lupa las relaciones entre actores privados y el negocio pesquero internacional.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la administración encabezada por Donald Trump justificó la medida como parte de una estrategia para “proteger la industria pesquera estadounidense y los recursos pesqueros mundiales”.
El episodio también reactivó cuestionamientos políticos sobre la designación de Ferrara Raisberg en el área vinculada a pesca y recursos marítimos durante la gestión de Mondino al frente de la Cancillería argentina.
El caso tomó relevancia luego de que se conociera que la revocación migratoria estaría vinculada a temas de seguridad e intereses estratégicos relacionados con la actividad pesquera china en la región.
En distintos países existe preocupación por el crecimiento de flotas pesqueras extranjeras acusadas de realizar operaciones ilegales o de depredación de recursos marítimos, especialmente en áreas cercanas al Atlántico Sur. La medida adoptada por Estados Unidos se enmarca en una política más amplia de control sobre actividades consideradas sensibles para la seguridad económica y ambiental.
