Se espera la incorporación de tecnología más sofisticada en una zona donde Washington quiere alejar a China.
El contraalmirante Carlos Sardiello (de la Cuarta Flota de los Estados Unidos) y el Almirante Juan Carlos Romay (Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina)
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X / @EmbajadaEEUUarg El gobierno de Javier Milei quedó envuelto en una nueva polémica tras la firma de un acuerdo de cooperación militar entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos que permitirá, durante los próximos cinco años, realizar tareas de vigilancia y monitoreo conjunto en el Atlántico Sur.
La iniciativa fue oficializada bajo el nombre de “Programa de Protección de Bienes Comunes Globales” y quedó plasmada en una Carta de Intención firmada entre el contraalmirante estadounidense Carlos Sardiello y el almirante Juan Carlos Romay.
El convenio prevé la incorporación de tecnología estadounidense para patrullaje marítimo y vigilancia aérea en la Zona Económica Exclusiva argentina.
Según explicaron fuentes militares a Clarín, el primer paso será la instalación de una cámara FLIR (un sofisticado sistema de imágenes térmicas) en un avión Beechcraft B-200 de la Aviación Naval argentina destinado al control marítimo.
Desde la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, encabezada por Peter Lamelas, celebraron públicamente el entendimiento y remarcaron que el programa incluirá “equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo operativo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”.
El mensaje diplomático fue acompañado por una frase que rápidamente encendió críticas en sectores políticos y militares: “Más fuertes juntos, más seguros juntos”.
El acuerdo entre Argentina y EE.UU. generó cuestionamientos en sectores de la oposición y también dentro del ámbito académico y de defensa, desde donde advirtieron sobre el riesgo de ampliar la injerencia estadounidense en una región considerada estratégica por su cercanía con la Antártida, las rutas bioceánicas y los recursos naturales marítimos.
Uno de los dirigentes que salió al cruce fue Carlos Bianco, quien cuestionó duramente el convenio.
“El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos”, sostuvo el funcionario de Axel Kicillof en redes sociales.
Además, reclamó que el Gobierno debería concentrarse en impedir la explotación petrolera ilegal en la Cuenca Malvinas Norte y acusó a la administración libertaria de mantener una postura pasiva frente al conflicto por los recursos del Atlántico Sur.
Las críticas también se hicieron sentir en el Congreso de Defensa organizado por el Partido Justicialista y en un seminario realizado en el Senado con aval de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El entendimiento se enmarca en el denominado Programa 333 del Departamento de Defensa estadounidense, una herramienta utilizada por Washington para fortalecer capacidades militares de países aliados mediante asistencia técnica, entrenamiento y transferencia de equipamiento.
Para Estados Unidos, el Atlántico Sur se convirtió en un punto clave en la disputa geopolítica global, especialmente por la creciente presencia de China en América Latina y su interés estratégico en recursos naturales y corredores marítimos.
En ese contexto, la administración de Donald Trump busca reforzar alianzas regionales y, como ya es sabido, considera a la Argentina uno de sus principales socios en Sudamérica.
Según Infobae, el principal componente de la iniciativa ya desarrollada es la provisión de dos aeronaves Textron B-360ER MPA completamente nuevas, configuradas específicamente para misiones de vigilancia marítima, control oceánico y reconocimiento aeronaval.
Ambas llegarán equipadas a la Armada Argentina en el marco de la asistencia estipulada: la primera aeronave tiene previsto su arribo para diciembre de este año y la segunda, para mediados de 2027.